El establecimiento para jóvenes en conflicto con la ley penal se construyó en una zona desértica ubicada en Cacheuta de Luján de Cuyo a 40 km de Mendoza capital, totalmente alejado de los departamentos judiciales, de los centros de salud y de los hogares y familiares de los jóvenes. La CPM pedirá a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que no se alojen jóvenes en el lugar.

ANDAR en Mendoza

(CPM/Agencia) Según denuncia la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Mendoza (CPPT) “…la decisión (…) se nos presenta como antojadiza, regresiva y directamente vulnerante de derechos de los jóvenes privados de libertad. La construcción de un establecimiento destinado a la privación de libertad de niños y niñas en la localidad de Cacheuta, reviste una propuesta contraria al enfoque de derechos humanos e implica un claro retroceso en materia de políticas públicas, exponiendo a la provincia a una nueva violación de derechos de personas privadas de libertad…”

Para la CPM la decisión de habilitar un instituto para alojar jóvenes en conflictos con la ley penal en estas condiciones constituye una conducta irresponsable, contraria a derecho y pasible de generar responsabilidad del estado federal ante el incumplimiento y violación de pactos y convenciones internacionales, además de provocar graves consecuencias para los jóvenes allí alojados.

La puesta en marcha de este lugar de encierro y aislamiento para jóvenes colisiona con los pactos internacionales de DDHH vigentes en Argentina, y se constituyen en ámbitos de padecimientos físicos y psicológicos, de vulneración de derechos, que se aplican por sobre políticas de resocialización e integración que deberían promoverse.

Los organismos internacionales de DDHH han cuestionado y observado a la Argentina por el encierro de jóvenes en ámbitos como el que se pretende inaugurar en Mendoza. Esta cárcel o instituto para jóvenes de Cacheuta es muy similar -en lo edilicio y por lo alejado de los centros urbanos- al habilitado en Virrey del Pino en La Matanza, provincia de Buenos Aires, lugar que provocó graves consecuencias y daños en los jovenes allí alojados. El mismo alojamiento en la provincia de Buenos Aires advierte sobre las consecuencias negativas de estos lugares de encierro para jóvenes: suicidios y torturas.

Como dijéramos, la provincia de Buenos Aires cuenta con un lamentable antecedente. En un instituto similar se produjeron suicidios y torturas sobre los pibes. El 16 de noviembre de 2008 se suicidaron dos jóvenes en el Centro Cerrado Virrey del Pino de La Matanza. Este macro instituto (con 120 cupos) se había habilitado tan solo 10 días antes, con 14 jóvenes alojados en un lugar sin ningún dispositivo de contención, tratamiento, actividades, educación, atención de la salud, recreación: sólo encierro por más de 20 horas en celdas individuales, con características similares a las de una celda de separación del área de convivencia de una cárcel de adultos (buzones). Ese mismo día se evitaron cinco intentos de suicidio en el mismo centro. El acceso al instituto era muy difícil ya que para llegar había que movilizarse por un camino de tierra varias cuadras desde la ruta nacional 3.

Luego de la muerte de estos jóvenes, el Centro fue clausurado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial y permaneció cerrado durante 2 años. Fue reabierto el 2 de diciembre de 2010 mediante un convenio (2460) entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia y Seguridad que establecía la co-gestión del instituto, delegando las tareas de tratamiento a la Subsecretaría y de custodia y seguridad al Servicio Penitenciario Bonaerense. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2011 se suicidó otro joven en el Centro Cerrado Virrey del Pino, lo que suma el tercer caso de suicidio.

En el caso de Virrey del Pino, la CPM también denunció el año pasado la construcción de un muro que divide lo en dos con el objetivo de crear una alcaldía de adultos en el predio. De esta manera, dejó al Centro Cerrado sin las áreas de talleres, Sanidad y del sector 3 que corresponde a la fase de tratamiento 3 en el proceso de dinámica y tratamiento institucional. Afecta también parte del sector escuela y de espacios verdes, por lo tanto incide claramente en la fase tratamental del Centro. De esta forma se ha materializado un profundo avance del SPB sobre la jurisdicción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

Este ejemplo debe alertarnos sobre la inconveniencia e improcedencia de tales decisiones. Por este motivo, la CPM exhorta a los poderes del estado provincial de Mendoza a que clausuren el centro cerrado de Cacheuta, y se dé estricto cumplimiento a las normas internacionales y locales sobre la debida protección de los derechos humanos de los jóvenes en conflicto con la ley. Pedimos también que se cumpla con las recomendaciones que los organismos internacionales han encomendado a la Argentina frente a la patente vulneración de derechos constatada en los centros de detención de jóvenes en nuestro país.