La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires (conf. ley nacional 26.827), presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón para que se investiguen las tareas de inteligencia ilegal -prohibidas por la ley nacional N. 25.520- realizadas el sábado 15 de marzo por un agente de la Policía Bonaerense. Los hechos ocurrieron en el marco de la Caravana por la memoria, la verdad y la justicia realizada días antes del Día nacional por la memoria, en las inmediaciones del polideportivo Gorki Grana de Morón y fueron comunicados al organismo por organizaciones de derechos humanos de zona oeste y el concejal de Morón Diego Spina. Estas prácticas ilegales persisten en el tiempo, como las consumadas en el juicio por el crimen de Lucas Verón o durante jornadas de derechos humanos en el Cementerio de General Lavalle, entre otras. El Intendente de Morón Lucas Ghi, realizó un pedido de informes a la jefatura policial.

ANDAR en la justicia

(Agencia) Mientras se realizaba en Morón la Caravana por la memoria, un grupo de asistentes identificó la presencia de un agente uniformado de la Policía bonaerense en el interior de un automóvil particular utilizando un teléfono celular para registrar a las personas allí congregadas.

Varios marchantes se acercaron al vehículo y exigieron al policía que se identificara, dando paso a un intercambio que quedó registrado en un video tomado con celular. “La filmación es para dar finalización al servicio que pusieron y que pidieron ustedes, creo”, respondió dubitativo el subcomisario de la seccional tercera de Castelar Sur.

Pero nadie había solicitado ningún servicio a la policía ni tampoco se acreditó quién o cuál superior del subcomisario Marcos de La Cruz habría dado la presunta orden. Frente a la incapacidad de dar una respuesta coherente, el agente exigió que dejaran de filmarlo porque, en caso contrario, no les daría más información sobre su presencia en el lugar.

“En la dependencia no tenemos movilidad y por eso estoy acá. Así que le estoy brindando seguridad, señora”, insistió el policía. Por otro lado, los participantes de la Caravana también identificaron a otra persona de civil que podría haber estado realizando tareas de reunión de información (de quien se adjuntan fotos en la denuncia penal).

En la denuncia penal, presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Morón a cargo del magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, la CPM sostiene que estas acciones desplegadas por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constituyen una flagrante violación a la ley nacional de inteligencia 25.520 que prohíbe la comisión de actividades de inteligencia sobre organizaciones políticas, sociales y organismos de derechos humanos, y podrían constituir otros delitos que deben ser definidos en el transcurso de la investigación.

En su artículo 4 la ley prohíbe a cualquier órgano de inteligencia la obtención de información, la producción de inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas, por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por actividades lícitas que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Más adelante la ley establece que será reprimido con penas de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo el funcionario estatal que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes pertinentes.

En su presentación, la CPM incorpora los antecedentes y lo prescrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remarca la necesidad de que las acciones de inteligencia persigan un fin legítimo y cumplan con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

“La actividad del personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de manifestaciones públicas. Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborar en la investigación”, enfatiza la denuncia.

“Si bien no contamos con certezas respecto de la pertenencia orgánica de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires identificados –si los mismos revistan en inteligencia criminal, investigaciones y/o seguridad- no caben dudas que la normativa que encuadra los hechos denunciados se encuentran contemplados en la normativa nacional en materia de inteligencia”, amplía.

Por estos motivos, la CPM solicitó que se libre oficio al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a los fines de requerir que se informe si desde allí emanaron directivas para reunir información respecto de los hechos referidos, así como toda otra información relacionada con la actividad desarrollada por los diversos organismos de derechos humanos convocados en la Caravana por memoria, verdad y justicia del sábado 15 de marzo.

Asimismo, requirió que se identifique la titularidad del automóvil utilizado por el subcomisario De la Cruz y que se libre oficio a la Municipalidad de Morón “a los fines que se informe si la nota dirigida por el Intendente municipal Lucas Ghi a la Jefatura Departamental de Morón (relativa a los dichos del policía imputado que afirmó haber recibido órdenes del gobierno local) fue contestada”.

Para la CPM, los hechos denunciados en Morón por los organismos de derechos humanos de zona oeste y el concejal son de extrema gravedad, no sólo por la fecha y circunstancias en las que se enmarcaron las tareas de inteligencia ilegal sino por la tajante prohibición normativa para dichas acciones que, no obstante, resulta sistemáticamente eludida.

En los últimos años se produjeron varias situaciones en las que las fuerzas de seguridad espiaron, registraron con celulares y siguieron los pasos de grupos o personas individualizadas. Así ocurrió en septiembre de 2024 durante una jornada por la memoria realizada en Cementerio de General Lavalle, donde fue visto un policía que circulaba en las inmediaciones filmando a los presentes; también se tomaron fotografías a familiares y amigos de Lucas Verón durante la realización del juicio a policías bonaerenses por el asesinato del joven.

En igual sentido, en junio de 2023 la CPM remitió una nota al entonces ministro de Seguridad de la Provincia con motivo de las graves acciones de inteligencia y espionaje ilegal detectadas en asambleas barriales, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de distintas localidades bonaerenses (Chivilcoy, Balcarce y Matanza, entre otras). Dicha presentación nunca fue respondida.

“La vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional se producen de manera permanente y recurrente, significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”, manifestó la CPM en aquella oportunidad.