(Trabajadores del programa de inspecciones Comité Contra la Tortura – CPM) Desde hace años organismos como la Comisión Provincial por la Memoria vienen argumentando acerca de las distintas desigualdades existentes en los presupuestos provinciales, sobre todo en lo pertinente al Sistema de Promoción y Protección de Niñez Adolescencia respecto de otros componentes como el de seguridad. Desde hace años se subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a la niñez, como así también los recursos financieros que hagan posible y materializable, no solo desde el discurso, los derechos contenidos en la Constitución Nacional y provincial y en la Ley 13298, de promoción y protección de la niñez.

Una de las consignas en la marcha de organizaciones de niñez. FOTO: Helen Zout

La separación y posibilidad de rango Ministerial que tiene hoy la Secretaria de Niñez y Adolescencia no se condice con un aumento significativo en el presupuesto anual, ni con un aumento de los órganos e instituciones destinados a la atención de la niñez vulnerada. Tampoco ha sucedido esto en relación a los presupuestos destinados a la atención de la niñez que tiene el Ministerio de Desarrollo Social; sino que a la irrisoria suma que este ministerio destina a las organizaciones que trabajan hace años con esa niñez en peligro, se suma la falta de pago de la mísera cifra destinada a tal fin.

Esto además se agrava con los nuevos números provinciales que lejos de fortalecer los presupuestos destinados a Niñez y Adolescencia y de mejorar progresivamente los números generales, continúan presentando cada vez más desigualdades. Basta observar que en los montos asignados a Asistencia o Seguridad Alimentaria, que está compuesto por 2 subprogramas, uno de ellos contiene dentro de 4 ítems al programa que abarca a las UDI.

[pullquote]los nuevos números provinciales lejos de fortalecer los presupuestos destinados a Niñez y Adolescencia y de mejorarlos progresivamente continúan presentando cada vez más desigualdades[/pullquote]

Este presupuesto se ve incrementado para el año 2014, en alrededor de un 21 por ciento respecto del presupuesto del año 2013. Pero respecto al presupuesto provincial sufre un grave retraso, ya que el aumento presupuestario es de alrededor del 30 por ciento, y está claramente depreciado respecto del presupuesto para el “Área seguridad”, no ya alimentaria, que aumenta alrededor del 40 por ciento en función del año anterior.

Esta gravísima situación demuestra un recrudecimiento claro de políticas represivas por sobre políticas de inclusión social, dejando a sectores de la población totalmente desprotegidos.Y así encontramos como aquellas organizaciones que hace años trabajan con la niñez desprotegida y vulnerada de la Provincia ven cada vez mas depreciada la asistencia estatal.

[pullquote]mientras la asistencia alimentaria incrementa un 21% en el presupuesto 2014 el monto asignado a seguridad lo hace en un 40%[/pullquote]

No solo desde el Ejecutivo Provincial a través de los funcionarios de Desarrollo Social, se contentan con el monto exiguo de fondos, sino que además no giran los fondos, ahogando literalmente a estas organizaciones, que suplen o intentan sostener a una niñez que comienza a vulnerarse cada día nuevamente.

Es imposible entender qué pasa por las voluntades políticas, cuando cada día asfixian, a estos espacios de trabajo, que en realidad, hacen mucho por nuestra niñez en la provincia pero que le ahorran funciones que el estado debería tener como indelegables.

[pullquote]Esta situación demuestra un recrudecimiento claro de políticas represivas por sobre políticas de inclusión social[/pullquote]

Obras como las del Padre Cajade, miembro Honorable de la CPM y luchador incansable por los derechos de los niños y niñas de la Provincia de Buenos Aires, no pueden dejarse destruir y acabar sin que pongamos todos nuestros esfuerzos en impedir semejante destrucción.

El Poder Ejecutivo Provincial, debe en forma urgente efectivizar los pagos a las instituciones que trabajan con la niñez, además de fortalecer todos los recursos financieros para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable y vulnerada de la provincia, que son los niños y niñas que asisten o deben recibir este tipo de asistencia.