Por el 1 de diciembre, Día Mundial del VIH y el SIDA, desde Fundación GEP difundieron un informe del Observatorio de acceso a medicamentos donde sistematizan información importante y apuntan avances retrocesos y preocupaciones.  “Nuestros derechos no pueden esperar” dicen las personas con VIH.

ANDAR en el país

(Agencia Andar) Todos los años mueren alrededor de 1500 personas por  enfermedades relacionadas con el VIH, un número que se mantiene desde 2008, Argentina está en una meseta epidemiológica con alrededor de 5500 nuevas notificaciones anuales de personas con VIH. “Es imposible revertir la meseta de transmisiones y muertes anuales sin campañas desde el Estado que posibiliten el acceso a la información y a la prevención, como así también garantizar el acceso a los tratamientos”, dijo José María Di Bello, Presidente de Fundación GEP. Según relevaron en los últimos ocho años más del 80% del presupuesto ha sido destinado a la compra de tratamientos y este año el porcentaje fue de 89. Esto impide que puedan llevarse adelante políticas complementarias relacionadas con la prevención, la atención integral, el seguimiento de tratamientos y la contención social, entre otras necesidades de esta población.

Es muy importante recuperar espacios de involucramiento de la sociedad civil en estos procesos para pensar políticas públicas. El macrismo dejo un abandono y desmantelamiento total, reponerse de esa situación ha sido una odisea sin lugar a dudas pero todavía cuesta y falta”, dijo Di Bello.

Ayer fue la presentación anual del boletín epidemiológico y desde el Frente nacional por la Salud de las personas con VIH se encontraron con que fueron “silenciados” en el acto virtual donde ni siquiera pudieron elevar preguntas por chat.  “Fuimos meros expectantes de lo que presentaban, entendemos el contexto de pandemia pero eso no puede ser la excusa de todo”, señaló el responsable de GEP.

Y seguro tenían cosas para decir, preguntar, cuestionar. El acceso a medicamentos durante la pandemia fue muy complicado. “Los dos primeros meses estuvimos trabajando permisos especiales para ir a los hospitales a buscar medicamentos, y de todas formas muchas personas no se animaron a ir. El 70% se atiende en sistema público porque no tienen trabajo formal y por lo tanto no tienen prepaga, y como esta un montón de situaciones no han sido contempladas”, dijo Di Bello. Durante la presentación, por ejemplo, se habló de la entrega multi- mensual de medicamentos y el acceso a servicios de prevención, instancias que se planificaron desde la cartera de Salud pero que no pudieron implementarse en muchos casos, sobre todo en las provincias fuera de Buenos Aires.

Este año, además, el precio de los medicamentos aumentó más que la inflación: un 84% en promedio, y hay algunos que llegaron a aumentar un 1300%, como la combinación tenofovir-emtricitabina, del laboratorio Elea. Desde GEP recomiendan la apertura de licitaciones y la producción pública de medicamentos que permita bajar el precio y la optimización del uso de los recursos destinados al VIH.

También hacen especial hincapié en el proyecto revisado para una nueva ley de VIH, Tuberculosis, Hepatitis virales e ITS, que hace más de dos meses ingresó al Congreso pero no han advertido ningún movimiento a pesar de que hace años que presentan proyectos que terminan perdiendo ele stado parlamentario. Este proyecto busca generar y consolidar políticas públicas que garanticen los derechos de las personas afectadas por esas enfermedades y a la población general, y así superar las deficiencias de la actual ley de VIH/SIDA que ya ha cumplido 30 años de vigencia. “No hay más tiempo” insisten.