ANDAR en los juicios

(Agencia) La fiscalía y los abogados de la familia de Fabián Gorosito presentaron los alegatos ante el Tribunal Oral número 5 de Morón. La audiencia, como todo el juicio, fue en un clima tenso y hostil y los alegatos de la fiscalía y los abogados querellantes duraron más de 7 horas. La jornada, que comenzó antes del mediodía, terminó pasadas las 21hs.

El 10 y 11 de julio será el turno de los abogados defensores de los 11 policías, y la sentencia se espera para después de la feria judicial.

En esta etapa y luego de varios reclamos de los particulares damnificados y la Comisión por la Memoria que actúa como veedora, el Tribunal permitió el acceso a la totalidad de la prensa, pero los imputados se opusieron a que los fotografiaran o filmaran.

En el juicio que comenzó en mayo se juzgan dos hechos que la fiscalía comprende como parte de lo mismo. En primer lugar la detención ilegal de 3 jóvenes, que fueron torturados y amenazados por los policías imputados que buscaban y preguntaban por Gorosito, y en segundo lugar, la tortura seguida de muerte a Fabián.

“Hay una unidad de intención y temporal que habla en realidad de dos secuencias de un mismo hecho”, afirmaron los doctores Ferreras y Moyano al inciar su alegato. En esta exposición la fiscalía fue detallando pormenorizadamente las pruebas que en ambos hechos responsabilizan a los imputados. Así, a partir del especial énfasis que pusieron los fiscales en los elementos probatorios de todas y cada una de las situaciones denunciadas y en la unidad que constituyen los dos hechos,  quedó en evidencia que forman parte de la misma práctica sistemática y que intervinieron los agentes de la Comisaría de Mariano Acosta casi en su totalidad.

“En la comisaría existieron dos grupos: los que participaron en la venganza activamente y los que se encargaron de encubrirla”, consideraron desde la fiscalía y agregaron que “lo que rompió ese cerco de encubrimiento fue nada más que una circunstancia: Fabián tiene un tío que es policía y toda la departamental de Merlo hablaba sobre el tema”.

Por esto se pidió prisión perpetua para los policías Giménez, Fortunato, Nievas y Ortiz; y condenas de prisión que van de los 3 a  los13 años según las diferentes responsabilidades del resto de los imputados. Además solicitaron 8 años para Aixa Sosa, pareja de Giménez y la única imputada civil.

La solicitud de la fiscalía:

Giménez, Fortunato y Nievas por el hecho 1 y 2: prisión perpetua

Ortiz: prisión perpetua por el hecho 2

Fernández: 11 años por el hecho 2

Oviedo: 13 años por el hecho 1 y 2

Dipierro: 12 años por el hecho 1

Aixa Sosa: 8 años por el hecho 1

Ose y Sánchez: 4 años por el hecho 2

Cuelli: 11 años por el hecho 1

Villalba: 3 años por el hecho 2

Por su parte, el abogado del particular damnificado, Silvio Alfonso planteó que los hechos que finalizaron con la muerte de Gorosito tomaron la forma de funcionamiento de una banda parapolicial: el supuesto operativo o procedimiento policial no fue registrado en ningún lado, se usaron autos particulares, con personal de civil que participó fuera del horario laboral y sin identificación pero amparados por la institución policial.

Por tratarse de una multiplicidad de delitos y de una grave vulneración a los derechos humanos por parte de agentes estatales los abogados de la familia Gorosito pidieron prisión perpetua para los 11 agentes involucrados y 10 años de prisión para la mujer imputada.

 Una venganza policial, un juicio lleno de irregularidades

 Fabián Gorosito apareció sin vida el 15 de agosto 2010, flotando boca abajo en una zanja de un descampado en la localidad de Mariano Acosta. Fueron acusados por el asesinato 11 policías. Desde el 6 de mayo se lleva adelante el juicio en el Tribunal de Morón por tortura seguida de muerte. Su asesinato habría sido producto de una venganza por parte de los policías de la Comisaría de Mariano Acosta, porque el joven mantenía una relación sentimental con la pareja de uno de los policías.

La lectura de la causa permite vislumbrar las continuas ilegalidades con que se desempeñaban los oficiales de la Comisaría 6° de Merlo. El primer punto a destacar en este caso fue que el retiro del cuerpo del lugar y la autopsia fueron realizados por funcionarios policiales, lo cual viola la resolución 1390 de la Procuración.

Ya durante el juicio los testigos reconocieron a los policías y se presentaron pruebas contundentes contra los agentes, pero en el desarrollo del debate la defensa de los imputados desplegó diversas maniobras logrando postergar las audiencias varios meses. Además algunos de los testigos denunciaron haber sido amenazados antes de testimoniar, y los padres de la víctima fueron amenazados con gestos intimidatorios.

A la vez, se probaron las ilegalidades continuas con que se desempeñan los oficiales de la Comisaría 6° : consta el uso de autos particulares, no sólo para realizar tareas de investigación no autorizadas por fiscales sino también para detener personas por averiguación de identidad y para amedrentar testigos; el uso de automóviles robados con orden de secuestro por los mismos oficiales; y surge también la instrucción por parte de la misma comisaría denunciada y las amenazas posteriores a los testigos fundamentales.

Involucrada en el seguimiento del caso, la Comisión Provincial por la Memoria asistió durante todo el juicio como veedora. En 2011 la CPM ya había denunciado el caso de violencia institucional en su informe anual. El asesinato de Gorosito constituye así un caso testigo de violencia policial en los  que se visibiliza el accionar sistemático de las fuerzas de seguridad y la impunidad garantizada por la justicia cuando se prioriza el relato policial sobre el de los testigos presenciales de los hechos.

La Comisión por la Memoria manifestó: “No queremos resultados como los del caso de Gastón Duffau, donde prevaleció la impunidad. Esperamos una fuerte condena que visibilice la responsabilidad estatal y las prácticas de violencia policial que en la mayoría de las veces se ejerce contra los sectores más empobrecidos”.

Llegando al final del juicio de los 11 policías implicados, 6 permanecían el actividad a pesar de las denuncias que pesaban sobre ellos, inlcuso cuando habían sido reconocidos por los testigos  y presentadas pruebas concretas en su contra. Aun así, los agentes Rubén Daniel Villalba, Hernán Horacio Oviedo, Leonardo Natalio Ose, Gabriel Alejandro Sánchez, Víctor Gonzalo Cuelli y Marcos Emanuel Dipierro seguían cumpliendo funciones. Los policías habían sido reasignados a dependencias privilegiadas en la localidad de Mercedes. Recién en las últimas semanas de junio se conoció su pase a disponibilidad, cuando la CPM  requirió que se tomen medidas ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia.

Según informó a la CPM la Auditoría de Asuntos internos del Ministerio de Justicia y Seguridad, Villalba y Oviedo prestaban servicios en la Dirección Departamental de Investigaciones de Mercedes; Ose, en la Estación Policial Comunal de Marcos Paz; Sánchez, en la Patrulla Rural de Marcos Paz, Dipierro, en la Comisaría de Merlo seccional 1; Cuelli, en la División Delegación Servicios y custodias de La Matanza. El abogado de la familia Silvio Alfonzo advirtió que “si a esta gente no se la condena allí donde vayan van a formar sus bandas en las distintas dependencias”.

El Tribunal también terminó dando lugar al pedido de la CPM y los particulares damnificados para permitir el ingreso de la prensa al recinto en las audiencias. Los jueces habilitaron primero el acceso  parcial sólo a radios y diarios y más tarde levantaron la restricción para el registro audiovisual. Sin embargo, en la audiencia de alegatos los imputados protestaron al ver las cámaras de ANDAR en el recinto y la secretaria del juzgado prohibió el registro audiovisual de los mismos, sólo se pudo registrar a la fiscalía y la querella.

Como si esto fuera poco Teresa Viera y Carlos Gorosito, los padres del joven asesinado, no pudieron ingresar a muchas de las audiencias  por decisión de Tribunal y a pedido de la defensa. Para la familia, esta prohibición limitó su derecho a la verdad y les generó más inseguridades. María Teresa Viera, consideró: “parece que el tribunal está de un lado, en vez de ser imparcial: me parece que cierra los ojos y no ve las cosas como son. Porque siempre pedimos que se haga justicia para que él pueda estar tranquilo”. Carlos Gorosito por su parte, manifestó que “nosotros estamos asustados: nos hacen burla, se ríen, nos amenazan, nos escupen, nos putean; y el Tribunal no ve todas esas cosas, pero sí ve que nosotros no podemos entrar, y nosotros lo que queremos es saber la verdad”.