La medida la tomó la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 luego de corroborar malos tratos, violencia y torturas contra ocho jóvenes detenidos. La titular fiscal María Cecilia Corfield acusó por vejaciones, apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público a 7 funcionarios del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires: el ex subdirector del Aráoz Alfaro, Oscar Luis Tacchi, dos asistentes de minoridad, dos jefes de guardia y otros empleados. Estos hechos fueron conocidos en 2023 a partir del trabajo de monitoreo en los espacios de encierro que realiza la Comisión por la Memoria en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.

ANDAR en la justicia

(Agencia) De acuerdo al requerimiento fiscal de elevación a juicio, el 11 de junio de 2023 en el sector polideportivo del centro cerrado Gregorio Araoz Alfaro (Av. 520 entre 226 y 231, La Plata), Oscar Luis Tacchi, en ese momento subdirector, dio una feroz golpiza con golpes de puño, cachetadas y patadas a ocho jóvenes alojados. Luego de esa noche, algunos jóvenes fueron trasladados inmediatamente a otras dependencias y otros fueron encerrados en los buzones o calabozos, aislados durante varios días y sin atención médica.

La selección de los internos realizada por Tacchi no fue al azar. Fue un claro castigo contra los responsables de iniciar un reclamo dentro del Centro y, al no ser atendidos, iniciar un incendio prendiendo unos colchones en otro sector del edificio. Según los testimonios de las víctimas, Tacchi hizo que ocho internos fueran al sector donde habitualmente se realizan actividades físicas y allí los golpeó en presencia del asistente de minoridad, Mariano Ferrari (alias Fatiga) y de los jefes de guardia Florencio Chamorro y Sebastián Maldonado.

Luego de golpearlos, Ferrari y Chamorro los llevaron al sector de celdas; en el pasillo provocaron que otros internos los patearan y les pegaran. Ya en las celdas, los dejaron sin sus pertenencias y sin ropa, salvo lo puesto: un short, ojotas y remera. Los arrastraron al sector de recreación, los mojaron con baldes de agua y les descargaron en el cuerpo toda la carga de un extintor de fuego. Luego los dejaron en ese salón sin una manta para pasar la noche.

Estos hechos fueron detectados por las entrevistas con los jóvenes realizadas por la Comisión por la Memoria en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura. El organismo realizó las denuncias y presentaciones judiciales pertinentes y solicitó la inmediata intervención de la justicia.

Para el Ministerio Público las heridas en el rostro y en el cuerpo de las víctimas eran evidentes a simple vista: chichones en la cabeza, labios rotos, la cara cubierta de sangre. Es por esto que la imputación también implica a dos funcionarios: Marta Casali, directora de supervisión y monitoreo del Organismo de Niñez de la provincia de Buenos Aires, y el coordinador regional Dante Martínez. Ambos, con conocimientos previos de los hechos, omitieron denunciar pese a tener la obligación de hacerlo.

Ahora el juez de Garantías resolverá si eleva la causa a juicio y los delitos que se imputan a los funcionarios. Para la CPM se trata de torturas y por ese delito deben juzgarse las conductas que se reprochan al subdirector y los restantes funcionarios.