Mañana, en los tribunales federales de Rosario, comienza el cuarto tramo de la causa Saint Amant que juzga los delitos de lesa humanidad ocurridos en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. A pesar de que las partes habían acordado que las audiencias se realicen en distintas ciudades comenzando por San Nicolás, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario decidió trasladar la audiencia a la sede judicial por razones técnicas. Ahora, la Comisión Provincial por la Memoria, querellante en la causa porque se juzga la responsabilidad de la inteligencia de la Policía Bonaerense, y organismos de derechos humanos de la región solicitaron al Tribunal que se garanticen las condiciones para realizar el juicio en las ciudades donde ocurrieron los hechos, algo que está mandato por la Constitución nacional y que recoge la experiencia de los anteriores tramos de esta causa.

ANDAR en Rosario

(Agencia Andar) En el juicio Saint Amant IV que comenzará mañana se investigan los delitos cometidos contra 59 víctimas durante el terrorismo de Estado, en su gran mayoría en la zona noroeste de Buenos Aires que incluye las ciudades de Pergamino, San Nicolás y Baradero.

Por ese motivo el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, el Ministerio Público Fiscal y las querellas habían acordado realizar las audiencias del juicio en esas localidades. Sin embargo, a poco de comenzar el juicio, alegando cuestiones técnicas de la transmisión, el Tribunal –integrado por  los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario– decidió trasladar el comienzo de las audiencias en la sede judicial de Rosario.

La decisión desconoce la manda constitucional que ordena que los hechos sean juzgados en los lugares en que fueron cometidos y quiebra con una larga tradición de los tribunales federales de Rosario de trasladar las sedes de audiencia a las localidades interesadas, una cuestión que se respetó en juicios anteriores, incluidos, los tramos anteriores de la causa Saint Amant.

Frente a esa decisión, esta tarde organismos de derechos humanos presentaron una nota ante el Tribunal para solicitar que se garantice la celebración de las audiencias del debate en las distintas localidades a la que pertenecen las víctimas conforme fuera acordado con el Tribunal en la audiencia preliminar.

“La decisión así adoptada dificulta enormemente la posibilidad de que las víctimas y la ciudadanía en general, que desde hace más de cuarenta años esperan el inicio del presente debate, puedan participar en forma presencial de estas”, señalan los organismos en la nota que destacaron se trata de un hecho histórico para las localidades.

En la presentación ante el TOF 2 de Rosario, los organismos también señalan que hay muchas víctimas, familiares y testigos de muy avanzada edad y que no se encuentran, por lo tanto, en condiciones óptimas de salud para trasladarse hacia Rosario.

Respecto a las ciudades donde estaban estipulados que iban a realizarse las audiencias, Rosario se encuentra a 70 km de San Nicolás, 141 de Pergamino y 160 de Baradero. Y en muchos casos ni siquiera hay frecuencia regular de medios de transportes públicos para trasladarse hasta Rosario.

“La distancia existente entre la sede de este Tribunal y las ciudades en la que residen las víctimas de los hechos que llegan juicio entorpece la participación de testigos y víctimas, pero, además, del público en general que tiene interés en participar del enjuiciamiento público de los hechos de enorme relevancia histórica que aquí se ventilan. Además, el espacio físico con que cuenta la Sala de audiencia del Tribunal resulta muy reducido”, agregan los organismos en la presentación realizada.

La nota lleva la firma de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las mesas de la memoria de San Nicolás, Baradero y San Pedro, la Asociación por los derechos humanos de Pergamino, la Casa por la memoria por la verdad y la justicia de Ramallo, el Frente por la memoria colectiva de Junín y el Encuentro regional Cholo Budassi.

Cabe recordar que la CPM es, además, querellante en esta causa ya que se investiga la participación en crímenes de lesa humanidad de ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), cuyo archivo gestiona y preserva desde el 2001.

En ese sentido, obran en la causa documentación del archivo de la DIPPBA que pone en evidencia el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que las secuestraron.

La primera audiencia del juicio se realiza mañana a partir de las 9:30 horas y será transmitida por el canal de la Corte Suprema de Justicia de Nación.