En diálogo con ANDAR, Natalia Glasinovich se pregunta “¿Quién se hubiera hecho responsable si mi padre moría por los golpes o de un infarto? Los policías, antes de retirarse, reconocieron que se trató de un ‘error’ por la información que manejaban, pero irrumpieron en la casa de mi familia sin orden judicial y sin respetar ningún derecho”. El 12 de marzo casi 30 efectivos policiales –de la DDI departamental, del GAD y de las jurisdicciones de Colón y Arrecifes, además de Pergamino- llegaron en seis móviles a la quinta de Daniel Glasinovich, de 69 años, que estaba en un galpón con su hijo, su nieto y un amigo de la familia. Todos fueron golpeados, especialmente Daniel que tuvo que ser operado a las pocas horas, además de terminar con dos costillas fracturadas. Antes de reconocer el “error” plantaron dos testigos. La CPM denunció el hecho ante Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y tomó contacto con la fiscalía.

ANDAR en Pergamino     

(Agencia) El brutal e ilegal operativo policial en la casa de Daniel Glasinovich del que participaron alrededor de 30 efectivos de distintas jurisdicciones tuvo como punto de partida una supuesta comunicación verbal –no formal ni por orden de autoridad judicial competente- para la colaboración en la búsqueda de un hombre que se habría fugado de una comisaría de la ciudad de Moreno y ocultado en un galpón de una quinta en el ingreso a Pergamino.

El 12 de marzo irrumpieron casi 30 efectivos policiales pertenecientes a las jurisdicciones de Pergamino, Arrecifes, Colón, además de la DDI departamental y el GAD –Grupo de Apoyo Departamental- en la vivienda de Daniel Glasinovich, de 69 años, quien estaba en un galpón con su hijo, su nieto y un amigo de la familia.

Sin mediar palabras ni requisar el predio ni exhibir orden judicial, la policía comenzó a golpearlos brutalmente, resultando con graves lesiones especialmente el dueño de la casa que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a las pocas horas por un estrangulamiento en una hernia de la zona abdominal. También sufrió dos fracturas de costillas y golpes en la cara producidos con la culata de un arma y un fierro. Su nieto, que fue esposado al comienzo del operativo, permaneció maniatado y tirado en el piso del galpón. Más tarde, efectivos de la DDI terminarían llamando a los del GAD para que regresaran con la llave de las esposas con las que habían inmovilizado al joven.

Cuando los responsables del operativo decidieron detener la agresión, el comisario inspector Marcelo Fabián Garrido, jefe de turno de la DDI, hizo retirar al GAD y al resto de los efectivos y se dirigió al dueño de la vivienda: “Daniel, nos conocemos desde hace décadas y sos un amigo. Fue un error”.

Garrido no sólo asistió pasivo a la golpiza sino que tampoco quiso llamar al SAME cuando advirtieron que Daniel Glasinovich tenía dificultades para respirar.

En diálogo con ANDAR, Natalia, la hija de Daniel, afirma que desde hace casi un mes que viven con miedo, con impotencia y bronca ante la impunidad y la violencia policial, y el silencio de los medios gráficos de Pergamino que no publicaron nunca la historia.

“¿Quién se hubiera hecho responsable si mi padre moría por los golpes o de un infarto? Los policías, antes de retirarse, reconocieron que se trató de un ‘error’ por la información que manejaban, pero irrumpieron en la casa de mi familia sin orden judicial y sin respetar ningún derecho”, agrega.

Con el paso de las semanas el fiscal a cargo de la causa que investiga el operativo y las golpizas, Francisco Furnari, realizó avances en la recolección de pruebas, entre las que destacan los registros fílmicos de las cámaras de seguridad aledañas a la casa de Glasinovich. En las imágenes se distinguen la cantidad de efectivos y móviles policiales que resultarán fundamentales para la individualización de los autores materiales.

Cabe destacar que tanto Marcelo Garrido como otros efectivos presentaron, poco después del brutal operativo, sus testimonios por escrito con su versión de los hechos ante la fiscalía de Furnari quien, no obstante, evitó recibirlos a que esas mismas personas podrían resultar imputadas y procesadas teniendo que, eventualmente, declarar pero bajo la figura de una declaración indagatoria por los delitos que se investigan.

En una entrevista radial en Pergamino, el fiscal señaló que “un ‘error’ lo puede cometer un ciudadano común, pero en el caso de un funcionario público ya estamos en otro ámbito: no se trata de errores sino de delitos”.

Según Natalia, su padre “está muy mal, dolorido y triste por todo lo que pasó. Estamos todos con miedo porque lo que hicieron no fue por inoperancia, sino por un sistema que les permite golpear y pisar a cualquiera. Esta historia tiene que servir para algo. Hay que cambiar y trabajar sobre el sentido moral y ético de la función policial y rever la capacitación de los agentes. Hoy nos sentimos solos en Pergamino porque creíamos que esta violencia policial y este silencio social habían quedado en los 70”.

La CPM, al tomar conocimiento del caso, presentó un informe ante la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense describiendo el ilegal operativo y exigiendo la adjudicación de responsabilidad a los funcionarios involucrados en la golpiza. También tomó contacto con la fiscalía para interiorizarse sobre el curso de la investigación penal y avanzar en la obtención de pruebas.