A pesar de las graves denuncias sobre el avance del Servicio Penitenciario Bonaerense sobre la gestión de un Centro Cerrado para jóvenes de la Secretaría de Niñez, los chicos allí alojados continúan en un total estado de abandono por parte del estado provincial. La escuela es el único espacio que resiste al encierro y no cuenta ni siquiera con un mobiliario adecuado.

ANDAR en La Matanza

(Agencia- M.S.V) Alguna vez se presentó el proyecto del Centro Cerrado para jóvenes adultos en Virrey del Pino como una experiencia modelo. Diez días después de su inauguración en 2008 tuvo el peor de los comienzos: durante un fin de semana aparecieron muertos dos de los 20 chicos que habían alojado allí. Se suicidaron.  Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social bonaerense en aquel momento, reconoció que el sistema de contención y atención en materia de minoridad estaba “en situación de crisis por falta de recursos” y prometió nuevos nombramientos y partidas presupuestarias. El centro debió cerrar y lo reabrieron en 2010 a pesar de las objeciones de organismos como el Comité Contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria.

Ahora la historia se repite. “No queremos que este espacio se cierre por alguna muerte evitable. No queremos que los jóvenes se maten”, dice Marcos, que es docente en la extensión de la EES Nº 60 que funciona dentro del Centro Cerrado. Hace un año que el equipo educativo denuncia distintas situaciones que tienen que ver con un claro avance del encierro y las políticas punitivas por sobre el sistema de promoción y protección de la niñez.

El muro que divide el centro para jóvenes y la alacaidía. FOTO: Andar

Ése fue uno de los problemas centrales que identificaron desde el CCT desde que inició el proyecto. El Centro Cerrado de Virrey del Pino es administrado en forma conjunta entre la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SNyA) y Ministerio de Justicia a través del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Si bien el espíritu de este plan sería que los jóvenes condenados como menores de edad no terminen cumpliendo su pena en el sistema de adultos, esta combinación donde la Secretaría de Niñez y Adolescencia queda a cargo de lo que denominan el “tratamiento” de los jóvenes, y el SPB administra lo que comprenden como “seguridad” también termina en los hechos privilegiando lo punitivo.

Esa advertencia se fue encarnando en distintos hechos de violencia y en un muro que dividió la institución en dos, destinando todos los sectores para talleres, capacitaciones y actividades de los jóvenes a una alcaidía que hoy aloja alrededor de 70 detenidos adultos. “Ahora los chicos no tienen talleres, no tienen actividad más allá de la escuela, no hay personal de minoridad suficiente para asistirlos.  Solo hay engome“, denuncia Marcos dando un claro panorama de cómo esos recursos prometidos hace años siguen sin llegar a los jóvenes.

En la escuela les falta mobiliario adecuado y tienen pérdidas de agua

Las condiciones en que asisten a la escuela tampoco llegan a cuestiones básicas de dignidad, “en el espacio no tenemos mobiliario, el baño está siempre inundado, hay deshechos de pájaros por todos lados. Los docentes hacemos lo que podemos. Ya el gremio está enterado. Pero entendemos que la cuestión de esto está más arriba. Queremos que esto salga a la luz. Que las autoridades de la cara”, describe el docente.

El encierro por largas horas y el cambio en el régimen de vida también fue denunciado por los mismos jóvenes con los pocos recursos que tienen para hacerse oír detrás de tantas rejas y muros. En noviembre del año pasado realizaron una huelga de hambre reclamando la falta de acceso a talleres, a la escuela y a espacios verdes. Según el testimonio del equipo educativo hoy ni siquiera necesitan hacer huelga para dejar de comer: “tienen que patear las puertas todo el día para que les lleven agua y hay días en que ni siquiera reciben la merienda”, aseguraron.

El temor de los docentes es que cierren el espacio y los casi 40 chicos que ahora se alojan en este régimen terminen en penales para adultos. Aunque con la gestión actual del lugar ya se encuentran seriamente afectados su derecho a la educación, al esparcimiento y a la salud, al igual que el derecho, que supuestamente impulsó la creación de este centro, a tener un tratamiento especializado como lo consagra la normativa provincial, nacional e internacional en lo que respecta a jóvenes.