A un año de la primera convocatoria #NiUnaMenos, y frente a la renovada consigna de movilización en todo el país, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires acompaña el reclamo que impulsan las organizaciones feministas, políticas y sociales denunciando las deficiencias estructurales de las políticas de género que no han garantizado respuestas efectivas e integrales por parte del Estado frente a una problemática que se agrava cada vez más.

ANDAR en las calles

(CPM/Agencia) Entre junio de 2015 y mayo de 2016 se contabilizaron 275 femicidios, una mujer asesinada cada 30 horas en promedio. Los datos surgen, ante la falta de registros gubernamentales oficiales, del análisis de la información publicada en los medios de comunicación y sistematizada en el informe anual de la ONG La Casa del Encuentro. En nuestro país, una de las principales causas de muerte materna son los abortos clandestinos, que superan los 500.000 por año. Como sociedad debemos tomar nota de esta alarmante situación y dar el debate urgente que conduzca a la elaboración de una Ley que provea garantías para las mujeres y un sistema de salud pública que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, y ponga fin a estas muertes de la que es responsable el Estado. De otra manera, se continuará ejerciendo una violencia de orden institucional y jurídico que revictimiza a las mujeres, como lo vemos en el caso de Belén, la joven presa en Tucumán condenada a ocho años de prisión por homicidio por un aborto espontáneo.

Frente a esta deuda del Estado,  preocupa que hoy, en lugar de poner en marcha un plan de acción consistente de lucha contra la violencia de género, se estén desarticulando muchos de los programas nacionales, provinciales o municipales de asistencia a víctimas que venían funcionando, aunque con profundas deficiencias, falta de personal y presupuesto. A su vez, los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral, ley fundamental para prevenir la violencia machista, siguen sin ser aplicados en los distintos niveles educativos. Tampoco existen los mecanismos ni se otorgan las garantías para un acceso igualitario de las víctimas de violencia de género a la Justicia y la legislación provincial sobre violencia de género necesita una adecuación  a la legislación nacional —Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres— y a los estándares internacionales que reconocen, además, de la violencia familiar, otras modalidades de violencias contra las mujeres: institucional, obstétrica, laboral, mediática, contra la salud sexual y reproductiva.

En la CPM hace años que trabajamos en contextos donde estas realidades emergen cotidianamente. En el sistema de encierro, en el ámbito judicial, en los espacios educativos y de salud, las prácticas violentas se conjugan con una producción discursiva que, desde lo simbólico, contribuye a profundizar y legitimar esa desigualdad. Es preciso entonces promover políticas públicas integrales, transversales y articuladas que tiendan a la asistencia integral de las víctimas.

Este 3 de junio convocamos a movilizar porque entendemos el patriarcado como un sistema de exclusiones que, aunque hayamos conseguido muchos derechos y aunque esté en vilo, goza de extraordinaria salud. Para contrarrestar esto hay que comenzar a prevenir la violencia y un camino para hacerlo puede ser desde el sistema educativo  en todos sus niveles.

Hablamos de las niñas que ya no podrán tener un futuro como Micaela, Milagros y Guadalupe cuyas voces fueron silenciadas y sus sueños truncados. También hablamos de Reina Maraz y de las miles de mujeres que llenan las cárceles de nuestro país, como consecuencia de la penalización de la pobreza.