Después de más de dos años de juicio, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dio a conocer la sentencia por los delitos de lesa humanidad que se juzgaban en el segundo tramo de la causa Monte Peloni: cinco perpetuas, ocho condenas de entre 9 y 22 años y diez absoluciones. “Sentimos que se garantizó la impunidad pero, más allá de las absoluciones, el pueblo sabe lo que hicieron y tendrán que arrastrar la condena social”, señaló Araceli Gutiérrez, ex detenida y única mujer que estuvo en cautiverio en el centro clandestino de detención ubicado en las afueras de Olavarría.

FOTO: Marcelo Nuñez

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) “Hubo un silencio que contenía la angustia, nos miramos entre nosotros y fue desazón”, describe Araceli Gutiérrez el momento inmediato a la lectura de la sentencia en el juicio Monte Peloni II, que juzgaba a 23 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul durante la última dictadura cívico-militar.

Araceli estuvo detenida y es una de los más de 100 testigos que declararon en el juicio que tenía 45 víctimas, entre ellas su hermana Amelia y su cuñado Juan Carlos Ledesma que continúan desaparecidos. “Los responsables directos de su secuestro y desaparición fueron condenados a perpetua en este juicio. En lo personal es un alivio porque desde hace más de 40 años arrastramos ese dolor, pero no puedo dejar de pensar que hay una justicia que no llegó para muchas otras víctimas”.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata —integrado por los jueces  Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas— condenó a perpetua a Oscar Bardelli, Eduardo Bernadou, Osvaldo Guarnaccia, Roberto Casares y Argentino Balquinta, que se desempeñó en la comisaría de Olavarría. Pocas semanas atrás, a Balquinta le habían otorgado la prisión domiciliaria y había sido separado del juicio por problemas de salud, pero un fallo de la Cámara de Casación lo reintegró de inmediato al proceso judicial luego ser fotografiado caminando sin custodia por las calles de Olavarría.

Además de las cinco perpetuas, el TOF dictó condenas de entre 9 y 22 años para ocho imputados y la absolución de otros diez. El Ministerio Público Fiscal, representado por Ángeles Ramos y Juan Manuel Portella, había pedido nueve condenas a perpetuas y para el resto de los condenas penas que iban entre los 10 y 25 años.

“Todos los condenados a perpetua ya tenían condenas que cumplen con prisión domiciliaria, muchos otros de los condenados con penas menores quedarán libres por haber cumplido la pena detenidos durante el proceso judicial. Sentimos que se garantizó la impunidad”, resumió Araceli Gutiérrez.

El segundo tramo del juicio Monte Peloni juzgó los delitos cometidos en el circuito represivo de la subzona militar XII que abarcó las ciudades de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul. La causa tenía inicialmente 31 imputados, pero ocho fallecieron o fueron apartados por “incapacidad sobreviniente” antes de la sentencia. Todos ellos estaban acusados de robos, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, violación, tormentos y homicidios cometidos contra 45 víctimas.

“Esperamos que, con la apelación, podamos revertir esta sentencia. Hasta nuestros últimos días nosotros seguiremos bregando por la justicia y para que cumplan condena en cárcel común, porque ellos tuvieron la posibilidad de llegar a esta edad en sus casas, con sus familias, una posibilidad que nosotros no tuvimos por los delitos aberrantes que ellos cometieron”, recordó Araceli Gutiérrez.

Para la ex detenida en el CCD Monte Peloni, esta sentencia constituyó un retroceso con respecto al primer juicio; en ese momento, los cuatro represores imputados —que volvieron a ser juzgados en el segundo tramo de la causa— fueron condenados: tres a perpetua, otro a ocho años de prisión.

“El primer juicio fue muy movilizante para la sociedad de Olavarría; en ese momento muchos ciudadanos se encontraron con vecinos que estaban implicados en delitos de lesa humanidad; ese proceso también coincidió con la restitución de la identidad del nieto de Estela de Carlotto. Ese proceso de justicia permitió que el pueblo sepa lo que pasó en la ciudad, que Olavarría estuvo atravesado por el terrorismo de Estado y hoy, más allá de esta condena y las absoluciones, el pueblo sabe que lo que hicieron los represores y ellos tendrán que cargar con la condena social”, concluyó Gutiérrez.