La causa que lleva adelante Arias se inició el 5 de abril, tres días después de la tragedia, por una presentación del defensor penal juvenil Julian Axat. “Con mucho olfato y conocimiento de las prácticas habituales de la policía él tenía la sospecha de que el número de víctimas no era real, que se estaban ocultando víctimas”, consideró Arias. El trámite que allí se inició se ocupa del número de fallecidos y las irregularidades cometidas desde el estado en el tratamiento y cómputo de las víctimas(1) .

Inicialmente se comenzó con medidas preparatorias para un Habeas Data, la figura legal que se ocupa de obtener información y eventualmente modificar los registros públicos. En este marco se dirigieron con Axat a la morgue policial, allí les informaron que había 51 víctimas reconocidas y una persona desaparecida, pero también alguien dejó entrever lo que fue una primer alerta: se sospechaba que se habían gestionado certificados médicos de forma privada, de modo que su deceso no había sido judicializado.

Familiares de victimas de la inundacion. Foto: MSV

Por eso realizaron el primer recorrido de esta investigación por las zonas afectadas y los hospitales pidiendo documentación. Nada coincidía en los papeles, había versiones encontradas y contradictorias en el cruce de registros tales como historias clínicas, certificados de defunción, libros de guardia policial, en general desprolijos, incompletos y poco claros. En ese camino se encontraron con policías que buscaban gente desaparecida y les mostraron un listado de búsqueda extenso donde muchos casilleros contaban con una anotación que indicaba “deceso” o “hallado”, pero donde aparecían también unos 23 nombres con sus casilleros en blanco, personas que hasta ese momento estaban siendo ubicadas.

Por eso el paso siguiente fue llamar al fiscal interviniente, el Dr. Condomí Alcorta, y reunidos con él Arias y Axat intentaron resolver sus dudas, pero nada quedaba del todo claro. Acordaron entonces no divulgar ni revelar estos datos “hasta que no tuviéramos una visión clara de lo que estaba sucediendo con los decesos” ya que se trataba de una investigación en curso y una situación muy sensible.

Al día siguiente, el 6 de abril, el juez y el defensor se desayunaron por TV con una conferencia de prensa del Ministro de Seguridad acusándolos de “irresponsables” por divulgar datos de la investigación y una lista de personas fallecidas que ellos aseguran no haber brindado (2). “No dimos datos a nadie, habíamos acordado eso ¿de dónde salieron esos datos?, no lo sabemos. Alguno de los tres, y no creo que Julián Axat haya dado esa información, le dio esa información al ministro de que estábamos investigando estos casos y el ministro armó una operación de prensa a sólo efecto de desacreditarnos” (3).

[pullquote]El caso de Juan Carlos García fue paradigmático, sacudió a la opinión pública[/pullquote]

“La cuestión es que empiezo a sospechar que acá había un problema serio”, indicó Arias. En esos días se sumó más gente a colaborar con la causa y a aportar datos “y el lunes 8 ya teníamos constatada la primera víctima no reconocida oficialmente que fue Juan Carlos García. Fue un caso paradigmático que sacudió no sólo a la opinión pública sino al propio ministro de seguridad”. A partir de allí cada día se iban sumando nuevos nombres a la lista “hasta que nos plantean un tema de competencia en la justicia penal impulsado por el propio fiscal Condomí Alcorta. Esto nos frenó realmente y fue decisivo este freno porque en ese momento nosotros creemos que se pueden haber fraguado un montón de pruebas”. Cuando la causa volvió a manos de Arias por fallo de la corte 20 días después, el juez ya no pudo avanzar con la misma celeridad en la comprobación de víctimas, “o sea que en el medio de estos 20 días pudo haber pasado cualquier cosa”.

Las hipótesis de trabajo

“El plazo sigue abierto, seguimos considerando situaciones en la medida que son denunciadas en el expediente y tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Porque nosotros no actuamos de oficio sino a pedido de parte y necesitamos que se hagan relevamientos. Por eso pedimos ayuda a las víctimas y vecinos, esto requiere de una organización más extensa que desde el juzgado no tenemos capacidad de llevar a cabo”, subrayó el juez Arias.

Desde el juzgado se encuentran trabajando sobre 3 hipótesis de prueba centrales respecto de las víctimas fatales y la gestión administrativa de esas muertes, “Nosotros no podemos descartar nada”, aseguró. La primera es sobre la posibilidad de que hayan sido falseadas muchas de las causas de fallecimiento en esos días. El juzgado trabaja en esta línea con un universo de 300 decesos pensando tanto en muertes asociadas directamente a la inundación (por sumersión o electrocución, por ejemplo) como indirectas (consecuencias de la hipotermia, problemas cardíacos, infecciones por ingesta de agua, o suicidios, entre otros casos). La segunda hipótesis es la de personas fallecidas que pueden haber sido no declaradas “en la morgue hay bastantes cuerpos todavía y de las declaraciones podría desprenderse esta situación” a partir de esta sospecha se han ordenado pericias e inspecciones de las morgues, son pruebas que están en curso aclaró el juez. La tercera hipótesis es la búsqueda de cuerpos que pueden haber sido arrastrados con la corriente de los arroyos. Hay muchos testimonios que dicen haber visto esto, “incluso los bomberos voluntarios de Bernal declararon que por el Maldonado vieron pasar cuerpos pero que no los pudieron rescatar porque privilegiaron el rescate de los vivos ¿qué pasó con esos cuerpos?, ¿dónde están?… y la gente declara bajo juramento de decir verdad, no creo que la gente declare esto bajo la posibilidad de quedar con una causa penal por falso testimonio”.

Pero al no haber quien reclame esos cuerpos tampoco se ha podido comprobar nada, qué pasó con esos cuerpos aún es la incógnita central.

[1] La demanda es contra la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, y en caso de obtener un fallo favorable se obligará a la provincia a reconocer a las víctimas y rectificar los casos mal inscriptos.  Se presentaron como partes en el proceso Julián Axat, el CIAJ, la defensora ciudadana de La Plata y el Defensor del Pueblo.

[2] La primer noticia a respecto en uno de os principales diarios de la ciudad habla de “fuentes judiciales” o “calificadas” sin ninguna precisión y difunde los primeros datos sobre la iniciativa de Axat: http://www.eldia.com.ar/edis/20130406/Investigan-si-hubo-mas-muertes-temporal-no-registradas-laciudad1.htm

[3] Estas fueron las declaraciones a la prensa: http://diagonales.infonews.com/Content.aspx?Id=196092