Organizaciones e instituciones de todo el país manifestaron su profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miembros e instituciones del pueblo mapuche tras conocer un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que entiende sus reinvindicaciones territoriales como amenazas a la seguridad social.

ANDAR en las comunidades

Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miembros e instituciones del pueblo mapuche.

Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social.

A esto se suma la denuncia por la actuación de un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilando datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indígenas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, cabe destacar los intentos de aplicar la ley antiterrorista.

También se suman los dichos del gobernador de Chubut Mario Das Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renuncia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. Das Neves exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proceso contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que enfrentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno.  La medida judicial fue fundamentada en las graves violaciones a garantías constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de derechos humanos por parte de la Policía Provincial.

En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Lo hizo en alusión al pueblo mapuche, explicitando expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente.  Para agravar la situación, desde su investidura instó “a la gente que reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones adelante”.

La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Consideramos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapuche y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encubrir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses.

Organizaciones e instituciones firmantes:

Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)

Amnistía Internacional

Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI)

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)

Confederación Mapuche de Neuquén

Cuenca Salinas Grandes Guayatayoc

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta

Parlamento Indígena de la zona Centro

Parlamento Mapuche de Río Negro

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Tucumán