ANDAR en Azul

(Agencia Andar) A partir de una presentación realizada por la CPM en su trabajo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura la Jueza Silvia Araceli Torres ordenó al Director de salud penitenciaria, Martín Pedersoli,  implementar de inmediato medidas necesarias para garantizar la salud integral de las personas alojadas en las unidades 7 y 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicadas en la ciudad de Azul.

A partir de un monitoreo el organismo detectó graves falencias en esos penales que ponían en riesgo la vida e integridad de las personas alojadas. Durante la inspección comprobaron que en ninguna de esas unidades contaban con un/a psiquiatra para la atención de la salud mental de los y las detenidas y que quienes toman medicación carecen de cualquier seguimiento de su tratamiento. En el caso de la Unidad 52, que aloja mujeres, tampoco cuentan con ginecólogo/a hace al menos tres años lo que deriva en la carencia de controles periódicos y la falta total de abordaje de salud sexual y reproductiva.

Frente a la denuncia de esta y otras situaciones que impedían el acceso a la salud integral de la población detenida, la titular del juzgado de Ejecución N° 1 de Azul hizo lugar al Habeas Corpus que presentó la CPM y ordenó:  designar personal de ginecología en el caso de la UP 52, realizar un relevamiento de recursos en el área para asegurar la atención permanente de la salud en ambas unidades, incrementar el contacto de los y las detenidos con médicos psiquiatras que realicen el seguimiento de sus tratamientos y disponer de mecanismos de acceso diario y permanente a medicamentos e insumos de farmacia.

Según lo relevado por el organismo son 19 los trabajadores del área sanitaria para los dos establecimientos inspeccionados donde se alojan unas 300 personas. Esta carencia fue reconocida en el fallo judicial que indica que la Dirección de Salud Penitenciaria debe efectuar el relevamiento del personal  y adecuar la planta para asegurar el servicio sanitario.