En el último año, PepsiCo facturó en Argentina 3.800 millones de pesos, un 126% más que en el anterior balance de la empresa. Sin embargo, la firma decidió iniciar un “Procedimiento Preventivo de Crisis y cerrar la planta que tiene en Florida. Hoy el Juzgado de Garantías N 3 de San Isidro, desestimando los reclamos de los 600 trabajadores, ordenó desalojar y reprimir. “Vamos a cumplir con la ley, no vamos a dar ningún tipo de explicación”, le dijeron desde el juzgado a Adolfo Pérez Esquivel. La jueza Andrea Rodriguez Mentasty se negó a atenderlos a él y a Nora Cortiñas.

ANDAR en Vicente López

(Agencia) “Quedan 600 familias en la calle, es doloroso. Y es preocupante la falta de sensibilidad social de la justicia, del gobierno y de la empresa”, expresó el co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, tras la represión contra los trabajadores de de la planta industrial de PepsiCo en Florida. El desalojo y represión, ordenado por el Juzgado de Garantías N 3 de San Isidro, es el último guiño cómplice de los poderes del Estado que siguen actuando a la espalda de los intereses de los trabajadores.

Ante la inminencia de una decisión judicial, el martes Pérez Esquivel le envió una carta de puño y letra a la Dra. Andrea Rodriguez Mentasty, titular del juzgado, para pedirle por las 600 personas que se encuentran bajo amenaza de despido. Y advertía en esa misma nota: “Como usted bien sabe, no toda ley es justa y si vemos la realidad que vive el país, afectado por el aumento de la pobreza y la exclusión social y la creciente ola de despidos provocan mucha angustia y dolor en los trabajadores”. Mentasty nunca le respondió.

Hoy, cuando todos los canales mostraban la violenta represión en la planta de PepsiCo, Pérez Esquivel llamó al Juzgado para hablar con la jueza quien se negó a atenderlo. La respuesta de la mesa de entrada, sin embargo, es prueba irrefutable del desdén con el que actuó la Justicia: “Vamos a cumplir con la ley y no vamos a dar ningún tipo de explicación”. “Así sin más, sin ningún tipo de humanidad; como si los seres humanos fueran objetos y no sujetos de derechos”, agrega el presidente de la CPM.

El 20 de junio, los trabajadores se enteraron por un papel colgado en la entrada de la fábrica que la empresa cerraba la planta, sin preaviso sin nada más. Desde entonces, permanecieron en el lugar para preservar sus puestos de trabajo. La firma justificó esta decisión en una “estructura de costos” e inició un procedimiento preventivo de crisis; sin embargo, no existe un solo indicador en el balance económico de la empresa que cerciore esa supuesta crisis.

“No está atravesando ningún proceso de crisis, sólo quieren reducir personal pero no lo pueden decir. Fue una decisión empresarial sin ningún preaviso, sin negociación, sin respetar las leyes laborales”, afirma Pérez Esquivel. Al momento de dar la orden de desalojo, la jueza Andrea Rodriguez Mentasty no podía desestimar todo esto. El resultado fue la represión de esta mañana con un despliegue desmedido de la Policía Bonaerense y Gendarmería, y el uso desproporcionado de la fuerza.

Ante la gravedad del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro a favor de todas las personas demoradas, detenidas o aprehendidas en la represión y desalojo. También solicitó adecuada asistencia jurídica y legal, atención medica y que se tomen las medidas adecuadas a fin de garantizar la integridad física y psíquica de los detenidos. Por otra parte, en un comunicado, la CPM se solidarizó con los trabajadores y sostuvo que “a 35 años del retorno de la democracia resulta inadmisible que el Estado haga uso de la violencia física como metodología de gestión del conflicto social”.

“Si comienzan reprimiendo, uno le tiene que preguntar al Estado cuales son las políticas para garantizar la dignidad de estas familias y que no pasen a ocupar la larga lista de desocupados”, resumió Pérez Esquivel. De las 600 personas que se quedan sin trabajo, una gran parte son mujeres que llevan años en la fábrica y que han sufrido lesiones que fueron dañando su integridad física.

“No podemos cansarnos de decir que son 600 familias que se quedan en la calle. Y, sin embargo, parece que ni a la justicia ni al gobierno les preocupa. Es alarmante esa falta de sensibilidad social de los funcionarios. Ya no quedan dudas que existe una complicidad del Estado con los empresarios y que hay jueces, vinculados a ese poder político, que obedecen las órdenes”, cerró Pérez Esquivel.