Desde un primer momento, el fiscal sostuvo que había indicios para sostener que la muerte del cura Juan Viroche fue un suicidio. Sin embargo, los familiares, amigos y miembros de la comunidad parroquial denuncian irregularidades en la investigación y en la escena del crimen, y aseguran que fue asesinado por sus persistentes denuncias contra el narcotráfico y la trata de personas. Ante esta grave situación, la Comisión Provincial por la Memoria exige al gobierno de Juan Manzur una rápida y eficaz investigación para llegar a la verdad y condenar a los responsables de la muerte del sacerdote.

ANDAR en Tucumán

(CPM/Agencia) Juan Viroche era el sacerdote de La Florida, una localidad próxima a la capital provincial. Desde hace años, venía denunciando el avance de los mercados ilegales de la droga y la trata de persona en el interior de Tucumán, y advirtiendo que estas organizaciones tenían vínculos con las policías y también con funcionarios políticos. La semana pasada, el cura Viroche apareció ahorcado en una sala de la parroquia.

Si bien el hecho está caratulado como “muerte dudosa”, según comunicaron los operadores judiciales, los primeros indicios de la investigación avalarían la hipótesis del suicidio. Pero los familiares y vecinos de La Florida aseguran que se trató de un asesinato vinculado a las mafias que controlan el crimen organizado. De ser así, estaríamos frente a un asesinato que no sólo buscaba la muerte de Viroche sino amedrentar y aleccionar a toda la sociedad.

Desde su actividad parroquial en los barrios, el cura Viroche advirtió el avance del narcotráfico en la región y, según indica su familia, presentó varias denuncias ante la Policía sin obtener ninguna respuesta. Además de la desidia policial, el sacerdote también acusó al ex delegado de La Florida y su familia de tener relaciones con las organizaciones que controlan los mercados ilegales.

Entre las graves denuncias públicas realizadas, el párroco había advertido en el último tiempo el incremento del accionar de una banda parapolicial vinculada al Malevo Ferreyra que sólo podía actuar en connivencia con las fuerzas legales. Esa complicidad se traduce en zonas liberadas donde las bandas actúan con total impunidad; en ese escenario, el padre Juan afirmaba que, además de la venta de drogas, se mantenía de rehenes a mujeres sometidas a la prostitución y ofrecidas a flotas de camioneros de la zona.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, es necesario seguir esta línea investigativa que ubica en el centro de los hechos las denuncias realizadas contra el narcotráfico y la prostitución en la provincia. En ese sentido, el organismo comparte la preocupación por irregularidades en la investigación y en la escena del crimen. Los familiares y compañeros de Viroche que pudieron entrar en la sala de la parroquia afirman que existen claros indicios para sostener la hipótesis del homicidio: la puerta estaba sin llave, había un gran desorden en la habitación y muebles rotos. También sostienen que los lentes del cura se encontraban lejos de su cuerpo y quienes lo conocían saben que, sin sus anteojos, él no podía moverse.

A su vez, estos indicios que parecen ser desestimados en la investigación judicial se suman a una serie de llamativas irregularidades denunciadas por familiares y amigos: la escena del crimen no se preservó correctamente y tampoco se filmó mientras se realizaban las primeras pericias, hubo demoras inexplicables en el traslado del cuerpo que fue lavado antes de la autopsia. Autopsia que tampoco fue filmada ni se permitió la participación de los familiares. A todo esto debe agregarse, también, una maniobra con supuestas amantes de Viroche para “desprestigiar” su figura y revalidar la idea del suicidio inducido por estas relaciones.

Por otra parte, la situación de su muerte no puede omitir el contexto en que se produjo. En los meses previos, el padre Juan había señalado que era víctima de amenazas constantes y que temía por su vida; incluso, llegó a solicitarle al Arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, su traslado. Además de los mensajes intimidatorios que recibía por teléfono y redes sociales, el cura sostuvo, en su momento, que el robo de la corona de la virgen de la capilla Nuestra Señora del Valle no se había tratado de un simple robo sino de un mensaje mafioso, una amenaza disfrazada de robo.

Las denuncias realizadas, las amenazas previas y las irregularidades en la investigación ponen en seria duda la hipótesis del suicidio. Por la relevancia pública del hecho y la posible vinculación con estamentos del crimen organizado, la Comisión Provincial por la Memoria exige que el Estado de Tucumán, a cargo de Juan Manzur, arbitre de manera urgente las medidas necesarias para garantizar una eficiente investigación que pueda dar con los responsables de la muerte del cura Viroche y evite la consolidación de la impunidad que, de manera reiterada, se evidencia en este tipo de casos.

En ese sentido, la CPM vuelve a remarcar con gran preocupación la falta de conducción estratégica por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial hacia la persecución del crimen organizado y los mercados ilegales que convalida y garantiza la perpetuación de este estado de cosas.