La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) entregó a autoridades brasileras documentos de espionaje policial sobre ciudadanos contenidos en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), con el objetivo de aportar al trabajo que viene realizando la Comisión Nacional de la Verdad de ese país para esclarecer crímenes de lesa humanidad.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Estos documentos que estamos entregando desde la CPM forman parte de un archivo que tenemos digitalizado desde el año 2000, que era de la policía de la provincia de Buenos Aires y que cuenta con 4 millones de fojas”, explicó el presidente de la CPM Hugo Cañón durante la entrega de los documentos. La información da cuenta de la persecución policial, en el marco del Plan Cóndor, a militantes y políticos brasileros exiliados en argentina y tiene un apartado especial  con información que la DIPPBA recogía sobre el ex presidente de Brasil, João Goulart, exiliado luego del golpe de Estado de 1964 y fallecido en el noreste argentino en 1976.

El acto de entrega de la documentación se realizó en la sede del Ministerio Público Fiscal y contó con la presencia de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el embajador de Brasil en Argentina, Everton Vieira Vargas, el vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, y el presidente de la CPM, Hugo Cañón. Por la Comisión participaron también el vicepresidente Aldo Etchegoyen, el prosecretario  Roberto Cipriano García, la directora general Sandra Raggio, y la directora del programa de Justicia por delitos de lesa humanidad y perito judicial Claudia Bellingeri, a cargo además de la investigación que recopiló los documentos entregados.

[pullquote]La información da cuenta de la persecución policial, en el marco del Plan Cóndor, a militantes y políticos brasileros exiliados en argentina[/pullquote]

Hugo Cañón también mencionó que “los juicios que se realizan en la actualidad nos han permitido recorrer un camino de memoria, verdad y justicia tan intenso que ha puesto a la Argentina a la vanguardia de los países el mundo; este camino es reparador para las víctimas y para conocer lo que significó el terrorismo de estado” y celebró que en Sudamérica “las democracias han madurado para darle visibilidad a esto que estaba oculto”.

El embajador de Brasil, Vieira Vargas, agradeció el aporte de la CPM y remarcó la importancia que estos documentos tienen para el esclarecimiento de los casos de delitos de lesa humanidad ya que “cada documento es una pieza única y de valor”, y señaló que “no estamos buscando documentos específicos sino pedazos de información que juntos nos ayuden a resolver el rompecabezas”.

[pullquote]cada documento es una pieza única y de valor[/pullquote]

Por su parte, Gils Carbó expresó que “en esta entrega ratificamos nuestro compromiso de compartir información que pueda servir para colaborar con estos procesos que se dan en otros lugares de la región que buscan dar esclarecimiento a crímenes de graves violaciones a los derechos humanos”.

La Comisión Nacional de la Verdad –creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011- está investigando las violaciones a los derechos humanos, torturas y asesinatos ocurridos durante la dictadura militar (1964-1985), y puede exigir documentos públicos, así como indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos. En abril de 2013, André Saboya, asesor de dicha Comisión, se reunió con integrantes de la CPM a fin de iniciar un trabajo de colaboración conjunta entre las comisiones de ambos países.

El Archivo DIPBA

El Archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político–ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo. La DIPPBA fue creada en agosto de 1956 y funcionó hasta que, en el contexto de una reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el año 1998, fue disuelta y cerrado su archivo.

En diciembre del año 2000, el gobierno provincial transfirió el Archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera de éste un “centro de información con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión” (Ley 12.642). Por la misma ley el Archivo fue desclasificado y está bajo custodia y gestión de la Comisión por la Memoria. En octubre de 2003 se abrió al público, y desde entonces los documentos del archivo sirven de aporte para las causas judiciales contra los responsables de delitos de lesa humanidad, la averiguación de datos referentes a las personas y la investigación histórica y periodística.