Los vecinos de la localidad bonaerense de Pergamino marcaron un antes y un después para los pueblos fumigados de Argentina; finalmente, tras la feria judicial, la causa que constituye ese hito llegó a juicio. Seis productores agropecuarios, junto a un ingeniero agrónomo y dos ex funcionarios, están sentados en el banquillo, acusados por el uso de agrotóxicos y el perjuicio en el ambiente, en un debate oral y público que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Está previsto que declaren más de 280 testigos, una cifra que habla por sí sola de la magnitud del juicio y de la perseverancia de quienes lo impulsaron contra viento y marea. La acusación no discute un exceso aislado sino una violencia química sostenida sobre barrios, escuelas, agua y cuerpos. La querella y el Ministerio Público llegan a esta instancia con la intención de quebrar la naturalización y exigir justicia ambiental sin atajos de probation ni cheques reparadores, tal como expresaron a Andar algunos de los protagonistas de este histórico proceso.

ANDAR en Pergamino

(Agencia) “Considero fundamental que se haya logrado llevar a la justicia federal una causa vinculada al uso y abuso de agrotóxicos y los terribles efectos que producen en la salud de la población y del ambiente, ya corroborados por la ‘ciencia digna’, con la fuerza, compromiso y todo el cuerpo que le ha puesto Sabrina Ortiz (primera denunciante)”, manifestó Ana Luchessi, del Encuentro Pueblos Fumigados (EPF). “Que esté teniendo hoy gran visibilización esta problemática es muy importante ya que apenas la conocemos quienes vivimos en las ciudades (aunque seamos afectados y lo ignoremos) y es una realidad cruel para quienes viven en los campos cercanos a las producciones típicas del modelo agro extractivista basado en el uso sistemático de OGMS (organismos genéticamente modificados), agrotóxicos y fertilizantes sintéticos preponderantes en Argentina, donde los mosquitos y avionetas fumigan sus vidas y eso no trasciende, está naturalizado como comer la verdura con venenos, ya que no producen alimentos sanos”, apuntó. Para Luchessi también es fundamental que entre los acusados se encuentren funcionarios públicos, porque eso “da cuenta de la connivencia entre el modelo antes mencionado y el poder político que por conveniencia o temor de enfrentarlo mira para otro lado o, lo que es peor, viabiliza las fumigaciones en los territorios”. Ella confía en que habrá un fallo condenatorio al final de este proceso por el impulso de Ortiz y de sus abogados, Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana.

“Este juicio es un logro en el camino de una profunda lucha, que es la eliminación de los agrotóxicos del territorio provincial y nacional; la compañera Sabrina es una gran luchadora en el marco de cambiar el modelo agro industrial, con una justicia perversa copada por sectores reaccionarios, pero hay jueces o fiscales que se solidarizan y ejercen justicia verdadera, son una aguja en un pajar”, dijo a Andar Rodolfo Giardino, de la Asamblea por el Agua y el EPF. “Se han conseguido logros como ordenanzas y fallos judiciales, pero hay que ver cómo se hace para que los cumplan, no podemos relajarnos porque se trata del modelo de una clase dominante muy poderosa, extranjera con aliados nacionales y políticos, por lo tanto se necesita mucha fuerza, entonces creo que esto es un logro pero sin bajar los brazos”, agregó.

Juicio histórico

La causa penal comenzó en 2018 por la contaminación con agrotóxicos en las aguas subterráneas y en los suelos de varias viviendas, lindantes a campos fumigados en barrios periféricos de Pergamino. “Durante la instrucción se logró acreditar la contaminación y ahora afrontan el juicio oral 9 imputados. El proceso debió comenzar el año pasado, pero las defensas hicieron sus planteos, como uno de los acusados que invocó padecer demencia, pero demostramos que no es cierto”, dijo a Andar el abogado Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos. “Es un juicio histórico porque por primera vez la justicia federal aborda a fondo la cuestión de la contaminación que sufren todos los pueblos fumigados; están sentados en el banquillo de los acusados todos los eslabones de la cadena de responsabilidades: los productores agroindustriales que usan estos venenos, los propietarios que lo permiten pensando en su beneficio económico y no en el daño que provocan a vecinos y vecinas; el ingeniero agrónomo que omite sus obligaciones profesionales deliberadamente y los funcionarios públicos que debieran controlar pero no lo hacen. En el debate vamos a demostrar que hay complicidades”, describió.

Cabaleiro tiene la expectativa de un fallo condenatorio, y explicó que el caso “tiene una dimensión ambiental porque en este proceso penal se dictó una novedosa medida cautelar, lo cual le da relevancia porque constituye un antecedente jurisprudencial, a pesar del embate del agronegocio con el municipio que pretenden que no se cumpla la cautelar que establece que no se fumigue a menos de 1095 metros de los barrios de todo Pergamino, y entregar agua a los vecinos”. Su aspiración al finalizar el juicio es poder ampliar esa cautelar para todos los pueblos del interior del partido de Pergamino y a todas las escuelas rurales. Entre los casi 300 testigos aportados por la querella están los profesionales de “ciencia digna”: biólogos, bioquímicos, médicos e ingenieros agrónomos para demostrar el impacto de los agrotóxicos en la salud de la gente.

Primeras audiencias

El jueves 12 de febrero, durante la segunda jornada, declaró la querellante y vecina de Pergamino Sabrina Ortiz, patrocinada por la ONG Naturaleza de Derechos. La acusación principal, desplegada en su alegato de apertura por el fiscal federal Federico Reynares Solari, se apoya en el artículo 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con penas previstas de 3 a 10 años, y en el artículo 248 del Código Penal para quienes debían controlar y no controlaron. Algunos de estos componentes fueron prohibidos por el entonces Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y otros, como el glifosato, fueron categorizados como “probablemente carcinógeno humano” por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En uno de los tramos, además, aparece una imputación por amenazas coactivas. El juicio empezó el miércoles 4 de febrero con alegatos de apertura, luego de que el lunes previo las defensas intentaran una probation que fue rechazada por los jueces del TOF 2 de Rosario, Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez de Cruz. El cronograma de audiencias continúa el jueves 12 de febrero y los días 25 y 26 de febrero de 2026. El fiscal Reynares Solari está a cargo de la Oficina de litigio oral estratégico del Área de investigación y litigio de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario. El titular de la acusación recordó que la dirección de la investigación había sido delegada a la sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, y que contó con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González.

Los imputados son los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada. Junto a ellos, aparecen los integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, en su carácter de funcionarios públicos: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini. En el inicio, las defensas negaron las imputaciones con formulaciones dogmáticas sin mayores especificaciones técnicas pero sin desconocer los hechos de fumigación en sus campos –con la invocación como el caso de Tiribó del apego a las buenas prácticas agrícolas– por los cuales son imputados.

La defensa de los funcionarios públicos decidió que prestaran declaración en la audiencia comenzando por Tocalini que, tras presentar su curriculum y argumentar que nunca fue funcionario público sino un empleado municipal, su abogado solicitó al Tribunal el retiro de la sala de Sabrina Ortiz por considerar que su presencia implicaba que tomara conocimiento del contenido del testimonio de Tocalini, y con ello “contaminar” su posterior declaración en el mismo debate. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella se opusieron a dicha petición. El fiscal Reynares Solarí sostuvo que era llamativo el pedido ya que desde la perspectiva del nuevo Código Procesal Penal Federal hay una nueva mirada sobre las antiguas restricciones rituales.

Por su lado la querella argumentó que la declaración de Sabrina Ortiz en el debate lo será como parte del proceso al ser querellante y no como testigo, por lo tanto esa calidad le reconoce su derecho a estar presente durante todo el proceso. El presidente del Tribunal, Román Lanzón, hizo lugar al planteo por lo cual el abogado de Tocalini decidió que su declaración continúe luego de Ortiz. A su vez las defensas de Cortese y Grattone, plantearon la incompetencia de la justicia federal. Lo cual fue refutado con argumentos por la Fiscalía y la querella, decidiendo el presidente del tribunal diferir esa discusión para el momento de la sentencia.