En el marco de la causa I Cuerpo del Ejército, el juez federal Daniel Rafecas confirmó que se identificó un nuevo centro clandestino de detención. Se trata de una casona de la calle Bacacay, en el barrio de Floresta, que comparte manzana con Automotores Orletti y que durante la última dictadura funcionó como una casa orgánica de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. La vivienda fue identificada mediante documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos.

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(Agencia) El juez federal Daniel Rafecas confirmó que se identificó un inmueble de la calle Bacacay en el barrio de Floresta que, entre 1976 y 1977, habría funcionado como centro clandestino de detención. El descubrimiento se produjo en el marco de la causa I Cuerpo del Ejército, en el tramo de la investigación referido al CCD Automotores Orletti.

La casona de Bacacay 3570, hoy vivienda familiar, está ubicada en la misma manzana donde funcionó Automotores Orletti; en los primeros años de la dictadura, funcionó como una casa orgánica de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La instrucción judicial tiene ya 15 años y el juez reconoció que desde el primer momento había “información y testimonios sobre la existencia de un centro clandestino que dependía de la SIDE, muy cerca de automotores Orletti”. Sin embargo el lugar no se había identificado hasta el momento.

La referencia precisa del domicilio surgió de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura militar. Según informaron desde el juzgado de Rafecas, en esos informes de inteligencia se consigna  que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex SIDE junto a los represores ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz.

“Gracias al trabajo conjunto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y víctimas del terrorismo de Estado, logramos identificar el lugar. Una vivienda con sótano que indubitablemente funcionaba como casa orgánica de la SIDE en la época de la dictadura donde fueron cautivos, torturados y luego desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado”, agregó Rafecas.

Según la investigación judicial, el CCD de la calle Bacalay habría funcionado al menos desde comienzo del año 1976 hasta 1977 cuando el inmueble fue vendido. “Las víctimas eran introducidas encapuchadas, alojadas en habitaciones precarias o en el pequeño sótano de la propiedad y sometidas a torturas con picana en una habitación acondicionada para ello”, detalla el comunicado. Y agrega: “No se descarta que este sitio haya servido también para las operaciones del llamado “Plan Cóndor”, no sólo por su vinculación con Automotores Orletti sino porque el relato de una de las víctimas da cuenta de que allí se alojaban detenidos uruguayos”.

Desde el juzgado federal destacaron como “esenciales” para la identificación del inmueble las declaraciones de dos sobrevivientes: “La descripción de las víctimas fue coincidente con la brindada por la mujer que en el año 1977 adquirió el inmueble de Bacacay y los planos del lugar realizados por cada una de ellas fueron llamativamente coincidentes”. Al momento de declarar, la mujer también recordó que cuando ingresaron a la vivienda en el sótano encontraron “unos zapatos de mujer sucios y de color rosa viejo y también zapatos de hombre”.

Tras la identificación, el juez federal Daniel Rafecas dictó la prohibición de innovar sobre el inmueble y encomendó la realización de un registro fílmico y fotográfico del sótano y de los otros sitios que puedan ser eventualmente reconocidos por las víctimas. En ese sentido remarcó que se seguirán tomando una “serie de citas testimoniales y de reconocimiento de muchas víctimas que posiblemente pasaron por el lugar”.

“El descubrimiento del nuevo centro clandestino da inicio a una nueva investigación en la cual habría estado comprometido el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dirigida por aquellos años por el fallecido General Otto Carlos Paladino”, señala el comunicado.

“Es un descubrimiento importante porque suma un centro clandestino de detención a la larga lista de este tipo de recintos existentes durante la dictadura”, concluyó Rafecas.