El decreto 229/17, que ordenó poner en manos de la AFI y la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia los archivos desclasificados pero aún secretos de la ex SIDE, pretende desplazar a la Fiscalía del manejo de esa prueba judicial. La Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA (Apemia) ya había reclamado que se declare inconstitucional este decreto y, ante la nueva ratificación por parte del Poder Ejecutivo, vuelve a exigir su derogación y la apertura de los archivos secretos. La Comisión Provincial por la Memoria acompaña este pedido. Publicamos a continuación el comunicado de Apemia.

ANDAR en la Justicia

(Apemia) En los últimos días, el gobierno nacional ratificó los términos del Decreto 229/17 que ordenó poner en manos de la AFI y la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia (a cargo de Cimadevilla) los archivos desclasificados pero aún secretos de la ex SIDE. El Decreto pretende desplazar a la Fiscalía del manejo de esa prueba judicial, y Cimadevilla llegó al extremo de cuestionar la eficiencia y el trabajo del GERAD, grupo que tiene a su cargo poner en condiciones, organizar, analizar y digitalizar el material contenido en kilómetros de cajas desorganizadas. Por efecto del Decreto, desde su publicación en abril está suspendido el acceso de los querellantes de la causa AMIA a nueva documentación. El ministro Garavano incumplió el compromiso asumido con los familiares y amigos de las víctimas de gestionar la modificación de los términos del decreto para evitar esa situación.

En tanto, el juez Canicoba Corral aceptó el nuevo orden “legal” impuesto por el Poder Ejecutivo. Sin expresar motivo alguno el juez rechazó el pedido que le hicimos desde APEMIA (09/05/17) de “no innovar” y declarar “inconstitucional” el Decreto que permite al Poder Ejecutivo intervenir en una causa judicial en trámite. El pedido fue acompañado por las querellas de 18J, Memoria Activa y por la Comisión Provincial de la Memoria, co-presidida por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, en carácter de “amigos del tribunal”. A ellos se sumaron los Fiscales que, después de meses de intentar conciliar posiciones con la AFI y el Ministerio de Justicia, reconocieron con sus propios argumentos la justeza de nuestro reclamo y la evidencia del daño que el Decreto provoca desde su publicación.

Por nuestra parte apelamos ante la Cámara lo resuelto por el juez, conscientes que por primera vez en tantos años enfrentamos judicialmente y de manera conjunta la decisión estratégica del Poder Ejecutivo en la que se juega hasta la posibilidad misma de investigar.

Entendemos que la avanzada del gobierno y el prolongado silencio de los funcionarios judiciales o de la Fiscalía, implican un vaciamiento de la Unidad Fiscal sobre un tema que le compete de manera directa.

Pese a haber realizado un trabajo de relevamiento y digitalización del material secreto durante más de un año, la Fiscalía no inició investigación alguna de la responsabilidad criminal del Estado argentino en el atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento, manteniendo el propósito general de imputar a Irán expresado por distintos gobiernos y la ex SIDE en los últimos 15 años y orientadas por el ex fiscal Nisman para llevar al cierre de la causa AMIA, sin Verdad y sin Justicia.

Mientras busca retomar el control de los archivos desclasificados, el Poder Ejecutivo también llegó a un acuerdo político con los principales partidos del Senado para modificar el Código Penal y simular un juicio en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas contra los iraníes. Se trata de un acuerdo de impunidad, gestado en pleno año electoral para mostrar la buena voluntad del oficialismo y la oposición ante las demandas del lobby de Estados Unidos, Israel y los grupos de presión locales del Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y AMIA. A su turno, los jueces del Tribunal Oral que dirigen el debate del juicio por el “encubrimiento” y las “irregularidades” cometidas durante la gestión del ex juez Galeano, ratificaron el secreto de todas las declaraciones de los agentes de la SIDE. Protegiendo tanto secreto, ¿cómo pretenden llegar a la verdad?

Exigimos la derogación inmediata del Decreto 229/17, la renuncia del Secretario Cimadevilla y la apertura de los archivos secretos.

Después de 23 años, resulta indispensable la creación de una comisión investigadora independiente para conocer la verdad, impulsar justicia y terminar con la impunidad.