La semana pasada, el Gobierno bonaerense anunció el cierre de los cuatro hospitales monovalentes de la provincia, tal como establecía la Ley de Salud Mental. Los planes de adecuación están proyectados a tres años, prorrogable por otros dos. A pesar que los plazos de la ley están incumplidos, ya que este año deberían haber cerrado todos los neuropsiquiátricos, el anuncio demorado abre la posibilidad de saldar una deuda histórica con los usuarios y usuarias de los dispositivos de salud mental, víctimas de sistemáticas vulneraciones de derechos durante años de internación. Los reclamos más urgentes: la elaboración de un plan provincial de salud mental, recursos para fortalecer las externaciones y reforzar los dispositivos alternativos de atención.

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(Agencia Andar) “Es un periodo histórico y tenemos la responsabilidad de continuar y garantizar ese proceso, de reconocer los procesos de lucha y organización que fueron parte de la reconversión de las prácticas y el cambio de paradigma. Hubo en este tiempo actores sociales y sanitarios que aportaron al desarrollo de dispositivos comunitarios para la atención de salud mental”, destaca Juan Pablo Banfi, integrante del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR).

Con el plazo de la Ley Nacional de Salud Mental incumplido, que disponía el cierre de todos los neuropsiquiátricos para este año, el gobierno de Buenos Aires anunció la adecuación de los cuatro hospitales monovalentes de la provincia; los planes están proyectados a 3 años y pueden ser prorrogables a dos años más.

“Dejarán de ser lugares de encierro y comenzarán a convertirse en espacios abiertos a la comunidad. Junto con ello se cierra definitivamente el ingreso de nuevos pacientes a los pabellones de larga estadía y solo serán admitidas las internaciones breves, tal como prevé la legislación argentina”, señaló la Provincia en un comunicado.

El último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) detalla que durante el 2019 en los cuatro hospitales monovalentes (Cabred, Esteves, Taraborelli y Korn) se alojaban 1.185 personas. Y el dato más preocupante: el 68% de las personas que ingresaron ese año a los neuropsiquiátricos fueron reinternaciones.

“Venimos hace años diciendo que la principal respuesta al padecimiento mental era la institucionalización, que no se fortalecían dispositivos comunitarios y alternativos de atención que hicieran sustentables las externaciones. Esto es un avance, el inicio de un proceso de transformación del modelo de atención en salud mental”, remarcaron desde la CPM tras el anuncio.

Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, que integra el Órgano de revisión local de la ley de salud mental, la CPM también señala la importancia de que las políticas públicas de salud mental incluyan al subsector privado integrado por hogares, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas, donde se reciben varias denuncias por graves vulneraciones de derechos y que, a pesar de haber sido habilitadas por el Ministerio de Salud, no son fiscalizadas ni controladas. En este sentido se destaca la ausencia de estándares de habilitación y fiscalización provinciales que se adecúen a la ley.

Por otro lado, es urgente la elaboración de planes de abordaje de las personas con padecimiento mental privadas de su libertad en el marco de procesos penales y alojadas en las unidades penales psiquiátricas N 45 y 34 de Melchor Romero.

“Este cambio de paradigma implica tener una lectura focalizada de la problemática en salud mental, que requiere la construcción de los dispositivos de atención y contención, de una política sanitaria para garantizar derechos. Y también tiene una dimensión reparadora: reconocer que son personas en instituciones del Estado y que fueron víctimas del manicomio luego de tantos años internados con sus derechos vulnerados”, señala Banfi.

En el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero los planes de adecuación se discutieron en el marco de la mesa judicial -de la que participó la CPM- por las medidas cautelares: “Se conformaron distintas comisiones en el proceso de cierre y diseño de dispositivos de abordaje, la apertura a la comunidad, la articulación para generar redes de sostenimiento, la perspectiva de derechos y la reparación”, agrega el integrante del MDR.

En el comunicado oficial, la Provincia remarcó que, durante el transcurso de este año, los cuatro monovalentes desarrollaron sus planes de transformación y se lograron algunos avances en pos de cumplimentar los preceptos de la Ley de Salud Mental. Y destaca que durante el 2020 se realizaron 70 externaciones asistidas. “En total, a la fecha existen 18 casas, entre PREA y Residenciales, en donde viven esos usuarios y usuarias, a las cuales se sumarán otras 10 unidades habitacionales que están terminando de construirse en el predio del hospital Alejandro Korn”.

Estas unidades habitacionales son indispensables para poder garantizar la externación y acompañar el proceso vital de los usuarios y usuarias de salud mental. En el último informe anual, la CPM había alertado que, hasta junio de 2019, sólo el 29% de las personas internadas estaban incluidas en un dispositivo de externación.

La garantía del acceso a la vivienda es fundamental. A lo largo de estos años de monitoreo, la CPM relevó muchos casos en los que las personas permanecían alojadas en los hospitales sin criterio de internación, sólo por no disponer de redes, recursos o vivienda, muchas veces consecuencia de tantos años de institucionalizacion y de la ausencia del Estado para garantizar su vida en la comunidad. Estas personas deben poder vivir en su comunidad y recibir una atención digna de su salud.

“Se trata de recursos humanos y dispositivos que corresponde al Estado garantizarlo, pero también hace falta una reconversión del sistema sanitario de salud, todo el sistema sanitario debe adecuarse a problemas de abordajes psicosocial y adiciones, para atender por fuera de las instituciones de encierro para que, como establece la ley 26.657, las personas con padecimiento mental sean tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas”, concluye Juan Pablo Banfi.

Es indispensable que se efectivice el cierre de los manicomios, lugares donde se registran graves violaciones de derechos humanos y garantizar dispositivos de salud que den respuestas adecuadas a la ley de salud mental y los principios internacionales de derechos humanos con rango constitucional en nuestro país.