En diálogo con ANDAR, el abogado Lucas Marisi, que representa al movimiento Stop Flybondi –integrado por asociaciones ambientalistas, organismos de DDHH y vecinos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero- afirmó que, con la reciente intervención del fiscal Federal Jorge Di Lello respecto al pedido de clausura del aeropuerto instalado en la Base Aérea de El Palomar, se abre una gran posibilidad “para el cierre definitivo de este experimento criminal. Resta determinar si la clausura será antes o después de la tragedia”.

ANDAR en Morón

(Agencia) Las irregularidades administrativas, los graves incidentes durante los vuelos y las denuncias penales que tramitan en distintos juzgados federales se acumulan con el paso de los meses, y mientras tanto Flybondi –la primera low cost en operar en Argentina desde un aeropuerto improvisado en el predio de la Base Aérea de El Palomar- continúa anunciando nuevos destinos, precios por debajo de la regulación tarifaria argentina y mayor cantidad de frecuencias.

El episodio más grave ocurrido en lo que va del año fue a comienzos de julio, en el aeropuerto de Iguazú, cuando un avión en pleno despegue golpeó la pista de aterrizaje con la cola y parte del fuselaje. Fue allí cuando intervino de oficio el fiscal Federal Jorge Di Lello en el marco de una causa penal que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 12 a cargo del magistrado Sergio Torres.

Pero esa causa no es la única ni la más importante en materia probatoria: desde noviembre de 2017 –cuatro meses antes del primer vuelo de Flybondi desde el Palomar- tramita ante el juzgado Federal 2 de San Martín a cargo de la jueza Martina Isabel Forns un expediente que se inició con una acción de amparo para frenar la construcción del aeropuerto y que, a la fecha, sigue acumulando pruebas y actores colectivos pero que nunca derivó en un freno a la compañía y su accionar clandestino.

En este sentido, cabe recordar que nunca se realizaron ni se presentaron en la causa los estudios de impacto ambiental que exigen las leyes nacional y provincial de Ambiente; las obras fueron realizadas sobre un predio con edificios militares que están protegidos legalmente, no sólo por ser un Sitio de la Memoria, sino también porque existen causas en curso en las que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en El Palomar; la empresa Flybondi no cumple con las condiciones ni estándares mínimos de seguridad para sus pasajeros, además de incumplir con la normativa obligatoria que establece una banda tarifaria para todas las compañías que operan en el país.

Según Lucas Marisi, la intervención del fiscal Di Lello genera una cierta esperanza en los organismos de derechos humanos, ONGs de la zona, vecinos y representantes políticos que reclaman desde comienzos de año el cese de las operaciones y la clausura del aeropuerto de El Palomar: “Además de ser una gran noticia, hay que considerar que Di Lello hizo lo que debía haber hecho cualquier otro fiscal federal: intervenir de oficio”.

“Ahora creemos que se va abrir un nuevo eslabón en la investigación en torno a este experimento criminal de Flybondi. Es muy probable que en algún momento la justicia comience a investigar a la propia jueza Forns porque no sólo dejó avanzar este proyecto sino que encubrió todas las ilegalidades cometidas por Flybondi. Como dijo Nora Cortiñas, a la jueza deberían realizarle un juicio político por lo que ha hecho”, agregó el abogado.

Otro de los puntos que cuestionan desde el colectivo Stop Flybondi es el incumplimiento sistemático que la compañía aérea viene realizando en torno a las bandas de precios: muchos de sus pasajes se venden a menor precio que el permitido por la normativa argentina gracias a la baja estructura de costos que permite la utilización de un aeropuerto no convencional y el no pago de la tasa aeroportuaria que debería realizar por cada aterrizaje y despegue. “Estamos también analizando realizar una denuncia por las tarifas de la empresa y por el aval que han dado sistemáticamente las autoridades públicas correspondientes”, señaló Marisi.