En un violento y desmedido operativo sin orden judicial, agentes de la Policía Bonaerense y la Policía Local reprimieron a agricultores de la Unión de Trabajadores de la Tierra que estaban reclamando el acceso a la tierra frente a un predio abandonado, ubicado en 52 y 203 de Olmos. Dos mujeres y un hombre fueron golpeados, amenazados y detenidos; pasaron más de 24 horas encerrados en una comisaría, la 15ª de Olmos, que está clausurada por resolución ministerial para alojar personas. Después de la represión, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había presentado ante el Juzgado de Garantías 3 un habeas corpus a favor de los detenidos, solicitando que reciban atención médica y que se les garantice el derecho a la defensa y el debido proceso.

ANDAR en La Plata

(Agencia) “Había salido de mi casa a comprar milanesas para cocinarle a mis hijos, cuando estaba volviendo veo a la policía golpeando a mis compañeros. Me puse a filmar con el celular y comenzaron a amenazarme a mí, a decirme que no podía grabarlos y que era una ´boliviana de mierda´”, cuenta Emery Segovia, poco tiempo después de haber recuperado su libertad. Emery es una de las tres personas que fueron detenidos ilegalmente tras la violenta represión a los agricultores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Olmos.

Emery los conoce y acompaña el reclamo de tierra por parte de los productores de la agricultura familiar, pero ni siquiera estaba en la manifestación; sólo pasaba por ahí y decidió registrar lo que era, evidente, un despliegue desmedido y violento de las fuerzas de seguridad para reprimir la protesta social. “Me golpearon, me tiraron del pelo, tengo moretones en distintas partes del cuerpo. Después nos esposaron y nos llevaron detenidos”, agrega Emery.

Emery, Elizabeth Aldapi y Javier Benitez fueron trasladados a la comisaría 15ª de Olmos y permanecieron detenidos más de 24 horas, aun cuando todo el operativo fue ilegal. “No nos dieron agua ni comida ni frazadas. Dormimos en el suelo”, precisa Emery. Un operativo policial sin orden judicial, tres detenidos ilegalmente y una comisaría inhabilitada para alojar personas. Desde el 2012, por resolución ministerial, la comisaría 15ª de Olmos está clausurada.

La represión del martes no puede entenderse sin el contexto de desigualdad que los productores de la agricultora familiar vienen denunciando. Como expresaron desde la UTT durante un “verdurazo” realizado en Plaza Congreso la semana pasada, la agricultura familiar, con el 13% del territorio cultivable, produce más del 60% de los alimentos que se consumen en Argentina. Sin embargo, más del 70% de las familias no tiene tierra propia.

“Por la falta de acceso a la tierra de los agricultores, muchas familias quinteras se organizaron en Etcheverry para reclamar un predio, lindero a las vías del ferrocarril, que está abandonado. No fue un desalojo porque no hubo ninguna toma; los agricultores estaban movilizados afuera del predio cuando la policía decidió actuar de oficio y con un despliegue de fuerzas que no tenía ninguna correlación con la situación”, explicar Rosalía, una de las referentes de la UTT en La Plata.

La desmedida y violenta actuación de las fuerzas de seguridad —con participación de agentes de la Policía Bonaerense y la Policía Local— se realizó, a su vez, en un contexto de intimidación y amenazas de contenido racista y xenófobo. Una vez que la represión había acabado y cuando no se sabía la situación de las tres personas detenidas, los referentes de la UTT se pusieron en contacto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que rápidamente presentó un habeas corpus ante el juzgado de Garantías en turno para preservar la seguridad de Emery, Elizabeth y Javier.

En esa presentación, la CPM alertó que se trataban de detenciones arbitrarias y denunció una serie de situaciones que significaban un agravamiento de las condiciones de detención: además de estar alojados en una comisaría clausurada, fueron sometidos a agresiones físicas y verbales durante la represión y luego quedaron bajo custodia de los mismos funcionarios que ejercieron esos hechos de violencia. También señaló que, al momento de presentar el habeas corpus, no habían recibido atención médica y tampoco habían accedido a su defensa técnica.

La liberación de los tres detenidos trae un poco de justicia, pero eso sólo no alcanza. Es necesario investigar la responsabilidad de los funcionarios policiales durante la represión y, fundamentalmente, es imperioso que las autoridades políticas encaucen por la vía del diálogo un el reclamo legítimo de acceso a la tierra para los productores de la agricultura familiar, un problema que es social y no judicial.

“Genera impotencia no sólo el maltrato de la policía sino también la injusticia de que no puedan reclamar un pedazo de tierra y una casa digna”, cierra Emery.