A 40 años del fin de la última dictadura cívico-militar, y en el marco de las reflexiones que como sociedad argentina debemos realizar en torno a este aniversario, queremos señalar nuestra preocupación y rechazo ante diversas iniciativas y decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de derechos humanos.

Quisiéramos resaltar que en los primeros años de esta democracia, renacida sobre el horror de la dictadura, el consenso mayoritario de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía, sostenía que la democracia es el sistema político que permite alcanzar la plena vigencia de los derechos humanos.

Lo es en la medida que los pueblos tengan garantizado el derecho a tener derechos, es decir, a demandarlos mediante la expresión pública y la protesta, para conquistarlos o para obligar su cumplimiento si ya están en el plexo normativo.

La propuesta de reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy cercenando el derecho a la protesta es un paso más que pretende modelar la carta magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos, quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía.

En Salta, el 1° de junio se sancionó la denominada ley “antipiquete”, en el marco de protestas por salarios de trabajadores de la educación y la salud.

En la provincia de Chubut, el poder judicial, como instrumento del poder ejecutivo, procesó a más de 50 manifestantes que se expresaban en manifestaciones públicas por distintos reclamos. Dieciséis de ellos por reclamar que se apruebe un proyecto de ley para abrir una consulta popular por los proyectos de mega minería propuestos para la provincia. Es decir, reclamaban por un instituto de participación popular y democrática de la constitución provincial que sin tratamiento fue rechazado por el Ejecutivo. Dos docentes fueron condenados por reclamar por su salario. El Ministerio Público Fiscal se aboca a procesar a los manifestantes y no ha abierto causa ni investiga la violencia represiva de las fuerzas de seguridad. El estado de derecho en Chubut está claramente vulnerado.

La democracia argentina ha registrado muchos avances en materia de derechos tanto incorporando convenciones, pactos y tratados internacionales a su carta magna, como legislando para avanzar en la garantía de ellos. Pero, al mismo tiempo, por las políticas implementadas por distintos gobiernos en diversas materias, la vulneración de derechos es una constante. La democracia se asienta sobre una enorme brecha social, que ha ensanchado la desigualdad y condenado a la precariedad a millones de ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, la democracia cobra sentido como forma de gestión de los conflictos. La represión, la criminalización de la protesta y su prohibición son el peor camino. Hacemos un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores a cambiar de rumbo y retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos.