Las protestas y una huelga de hambre iniciadas el lunes pasado en reclamo por la falta de medidas para enfrentar al coronavirus fueron respondidos por las autoridades del penal con una brutal represión que terminó con la vida de un joven de 22 años. Tal como viene sucediendo en varias cárceles de la Argentina, en la Unidad Penal 1 de Corrientes las personas privadas de la libertad iniciaron protestas y una huelga de hambre luego de que un oficial penitenciario diera positivo de Covid-19.

Andar en las cárceles

(Agencia)  El reclamo de las personas privadas de su libertad en este contexto de pandemia es para que se otorgue prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad anticipada para quienes estén próximos a salir. Tal pedido fue elevado al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, pero la justicia aún no respondió a tales exigencias por lo que los presos iniciaron protestas que fueron reprimidas fuertemente como puede constatarse en un video en redes sociales y filmado desde el penal.

El resultado de la represión fue la muerte de José María Candia de 22 años, y alrededor de 8 heridos, algunos de ellos de gravedad, según indicaron a la prensa fuentes del Hospital Escuela donde fueron trasladados los heridos y se constató la muerte del joven. Según lo publicado, había varios con heridas de balas de goma en el cuero cabelludo y uno fue trasladado por un ataque epiléptico.

La red Corrientes por los Derechos Humanos emitió un comunicado denunciando la versión oficial de las fuerzas de seguridad sobre un posible motín o enfrentamiento entre presos: “La muerte de José Candia, condenado de la UP 1, no se debió a un motín, ni a una refriega entre presos. Es el resultante de una secuencia de  inacciones, incumplimiento de garantías constitucionales, morosidad judicial, hacinamiento, sobrepoblación y abandono, que hoy salen a la luz con la pandemia de Covid-19. Más de 400 presos se hallaban en huelga de hambre pacifica, en reclamo de respuestas a  pedidos de libertades anticipadas y arrestos domiciliarios, medidas estas recomendada por todos los expertos de organismos internacionales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugieren que el despoblamiento gradual y pautado de  presos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, desaceleran la posibilidad de un foco de alta transmisibilidad de coronavirus en lugares de encierro.  La medida de protesta se precipitó con la presencia de un penitenciario que dió positivo al test. Esto generó – y con razón –  alarma en la población, que venía reclamando medidas desde antes del inicio de la cuarentena y que por la feria judicial  quedaron sin respuesta. Recordemos que esta unidad tiene una sobrepoblación del 40% con 670 presos viviendo hacinados y en pésimas condiciones higiénico sanitarias  en un lugar que tiene 440 plazas”.

Las protestas legítimas de las personas privadas de su libertad del penal de Corrientes fueron reprimidas en un operativo conjunto entre las fuerzas especiales de la Policía de Corrientes y personal del Servicio Penitenciario. Desde los organismos de derechos humanos de la provincia se exige una investigación objetiva y a fondo, donde se respeten las garantías de los testigos, la preservación de cámaras de seguridad, videos y otros elementos probatorios. A su vez, exigen el apartamiento de los funcionarios que estuvieron a cargo del operativo.

A su vez, la identificación del primer infectado con coronavirus en la UP 42 de Florencio Varela encendió una nueva alarma en el sistema de encierro bonaerense y produjo temor y angustia en las personas detenidas y sus familias.

La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, emitió esta mañana una nueva declaración en la que demanda la urgente intervención del sistema judicial en estas horas tan críticas para la población carcelaria.

“Las huelgas de hambre y otras protestas iniciadas en las cárceles son una reacción desesperada frente al avance de la pandemia para lograr atención y cuidado por parte del poder judicial, porque descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación es una estrategia clave en la lucha contra el coronavirus en contextos de encierro. Por eso, la acción de la justicia no puede esperar, en sus resoluciones está la posibilidad concreta de salvar vidas. (…) La justicia debe actuar con la ejemplaridad que el estado de derecho demanda ante una crisis de tal magnitud, adoptando medidas excepcionales y  urgentes que terminen con la sobrepoblación y hacinamiento extremo del SPB”, expresan.

Además de acompañar cada una de estas instancias, la CPM desplegó un sistema de emergencia frente a la crisis para recibir denuncias y atender a personas detenidas y familiares en la provincia de Buenos Aires.