Este viernes 26 de abril la jueza Ana Belén Piccone, titular del Juzgado en lo Correccional 3 de La Plata, dará inicio al juicio oral y público por las lesiones padecidas por un joven de Saladillo la noche del 14 de junio de 2020, luego de una brutal e injustificada persecución policial. Sebastián conducía su moto en la que se trasladaba con un amigo y fue derribado por el patrullero; ya caídos en la calle y en estado de indefensión recibieron disparos a quemarropa con balas de goma. La causa llega elevada a juicio por lesiones leves agravadas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, que interviene como particular damnificado institucional (PDI), considera que los hechos ameritan una calificación legal más grave.

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En el suelo e indefenso, Sebastián recibió múltiples disparos con balas de goma –en el hospital constatarían heridas de impacto en abdomen, cabeza y pierna- y quedó inconsciente. A pesar de ese estado, los funcionarios policiales Franco De Paula y Agustín Urquijo no lo auxiliaron sino todo lo contrario: secuestraron la moto, detuvieron a su amigo y se fueron. Con heridas importantes, recién sería trasladado al hospital local gracias al llamado telefónico de un vecino que pidió una ambulancia.

Ese mismo domingo por la noche, cuando Sebastián salió del hospital, un patrullero policial fue a buscarlo a su casa sin orden judicial y sin explicarle los motivos. Él y su madre se negaron a ir. Sin embargo el hostigamiento no terminó allí: otros oficiales fueron al domicilio de la abuela de Sebastián y la trasladaron a la comisaría desde donde la obligaron a llamar por teléfono a su nieto para exigirle que se presentara en la dependencia policial.

Estos actos ilegales del domingo por la noche perseguían el único objetivo de amedrentar y hostigar a las víctimas. La abuela de Sebastián recién pudo irse de la comisaría de Saladillo cuando intervino una abogada en representación del joven.

Cabe destacar que, mientras el requerimiento fiscal de elevación a juicio plantea la imputación por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por funcionarios públicos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –como particular damnificado institucional en carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura- pedirá en el juicio que se revea la calificación legal de los hechos. Esto teniendo en cuenta la profundidad  de las lesiones físicas y psíquicas padecidas por las víctimas –especialmente por Lagraña- así como el posterior hostigamiento a la familia.

El debate oral y público se lleva a cabo ante el Juzgado Correccional 3 de La Plata a cargo de la jueza Ana Belén Piccone, y se prevé que dure dos jornadas: el viernes 26 desde las 10 hs y el lunes 29. No es seguro que en esa segunda jornada la magistrada dicte veredicto o lo posponga para más adelante junto con la lectura de la sentencia.

El rol de la fiscalía de instrucción

El comienzo de la investigación por la actuación de los policías tuvo demoras, obstáculos y desidia por parte de la fiscalía descentralizada de Saladillo a cargo de Patricia Hortel.

En efecto, al día siguiente de los hechos Sebastián y su abogada se presentaron ante la fiscalía para hacer la denuncia penal pero Hortel se negó a recibirla excusándose en las medidas de prevención por el Covid 19. Le pidió que realizara la denuncia por mail al mismo tiempo que le informó sobre el inicio de otra causa en el ámbito federal por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y resistencia a la autoridad.

Ante la falta de respuesta por parte de Hortel, la denuncia de la víctima por los delitos de abuso autoridad, abuso de arma, lesiones y abandono de persona fue presentada ante la fiscalía general de La Plata y de allí que pasó a tramitar ante la Fiscalía 8 de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial La Plata a cargo de Hugo Tesón y Victoria Huergo.

Aquella misma tarde la CPM se presentó ante la Fiscalía General de La Plata para acompañar la denuncia penal y realizó, además, la presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense para que se investigue administrativamente a los funcionarios implicados y sean desafectados preventivamente durante el curso del sumario.

Sobre este último punto, la CPM también reclamó al inicio de la investigación que se aplicara la resolución 1390 de la Procuración bonaerense, tendiente a evitar que en la investigación penal participen agentes de la misma fuerza a la que pertenecen los imputados.