Brian estuvo detenido en una cárcel del Servicio Penitenciaria Bonaerense desde abril de 2022 acusado de un delito que no cometió. El juicio se realizó esta semana y, tras la declaración del policía bonaerense que realizó las principales tareas de investigación, el fiscal de juicio desistió de la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata dictó el sobreseimiento y ordenó la inmediata libertad del joven. La declaración del agente policial dejó en evidencia las enormes irregularidades en la investigación y la falta de pruebas para sostener la acusación. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, fue veedora del juicio, presentó un informe donde se analizaban los déficits de la investigación, acompañó a la defensa en la causa y había advertido sobre las graves deficiencias en la instrucción.

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(Agencia) Las irregularidades en la instrucción eran tan evidentes que sólo hizo falta una audiencia de juicio para constatar lo evidente: no había ninguna prueba en la causa que permitiera sostener la acusación. Todo esto había sido advertido por la defensa de Brian y por la Comisión Provincial por la Memoria en distintas instancias de la instrucción, sin embargo nada de eso impidió que el joven haya permanecido injustamente detenido durante más de dos años.

Brian estaba acusado por un robo ocurrido en marzo del 2022; el único argumento en la investigación para imputarlo del hecho y justificar su detención fue la identificación realizada por un policía de la comisaría de Villa Elisa a partir de videograbaciones de comercios de las zonas.

Por deficiencias de la imagen, estas videograbaciones no resultaron aptas para cotejo. Es decir, ni siquiera podía ser sometida a comparación con imágenes del imputado. Sin embargo, el policía sin formación pericial ni metodología alguna afirmó que lo podía identificar porque lo reconocía de haber ingresado varias veces en la comisaría donde presta servicio.

Las deficiencias en la prueba de cargo estaban claras desde el inicio de la causa, pero el fiscal a cargo de la investigación, Juan Ignacio Menucci, se limitó a aceptar sin miramientos la línea de investigación policial y los elementos de nulo valor probatorio otorgados por los policías. Luego, el juez de garantías Eduardo Luis Silva Pelossi convalidó todo lo actuado, concedió la prisión preventiva y elevó la causa a juicio.

Ambos funcionarios judiciales aceptaron la versión policial y desestimaron los planteos de la defensa de Brian, que fueron acompañados por la CPM. En un informe elaborado al Juzgado de Garantías, la CPM expuso las irregularidades cometidas por los agentes policiales en la investigación y puso de resalto las falencias probatorias que presentaba la causa. También acompañó los planteos de la defensa de Brian solicitando su inmediata libertad.

“El allanamiento dio negativo, no había huellas dactilares ni se secuestró ropa que pudieran vincular a Brian con el hecho, el cotejo comparativo de las imágenes no podía hacerse, no se pidieron los informes de las antenas celulares y, además, varios testigos declararon que no era Brian quien aparecía en el video. Pero todo esto que nosotros planteamos fue desestimado una y otra vez durante la instrucción”, detalla el abogado defensor Adrián Rodríguez Antinao.

Después de más de dos años de encierro, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata, integrado por Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Javier Decastelli y Cecilia Inés Sanucci, dictaron la absolución de Brian luego de que el fiscal de juicio Jorge Paolini desistiera de la acusación.

El fiscal tomó esa decisión tras interrogar y escuchar la declaración de la víctima del delito y, especialmente, la del agente policial que realizó las principales tareas de investigación en la causa.

La víctima del hecho no pudo recordar las características fisonómicas de los atacantes, que ingresaron a su domicilio y se llevaron varios objetos de valor: sólo pudo ver que eran delgados y tenían los rostros cubiertos con gorra y capucha.

El agente policial, al ser preguntado por cómo identificó a Brian en las videograbaciones, respondió “porque lo conozco”. Ante la vaguedad de su respuesta, y ya que las imágenes no podían ser cotejadas, los jueces y el fiscal le preguntaron qué elementos observó en los videos que le permitieron identificar al joven y el agente respondió que fue por “la manera de caminar”.

En otro tramo de su declaración, cuando le preguntaron por la vinculación de Brian con otro acusado del hecho -que falleció antes de ser juzgado-, señaló que lo averiguó “de boca en boca”, “por relatos de personas de la zona”, develando que le mostró las videograbaciones a vecinos de la zona quienes supuestamente dijeron “es él, es él”. Sin embargo, ninguna de estas personas se presentó en la causa; según el policía, no quisieron identificarse por temor a represalias, pese a la obligación de tener que identificar a los testigos e informar al fiscal de instrucción.

A pesar de la falta de pruebas y de las innumerables evidencias de que se trataba de una causa armada, Brian estuvo detenido más de dos años por un delito que no cometió y tuvo que esperar al juicio para demostrar su inocencia. El testimonio policial expone, además, la realidad de cómo se llevan a cabo innumerables investigaciones por este tipo de delitos y que, como en este caso, terminan en causas armadas contra personas inocentes.

“Los fiscales y jueces de garantías han ido cediendo derechos constitucionales, bajando el estándar de control institucional cuando abordan personas de escasos recursos: una persona pobre frente a la justicia penal, tiene muchas chances de quedar privado de libertad sin importar los elementos de cargo que haya en su contra”, concluye el abogado Adrián Rodríguez Antinao.