El Tribunal Oral Criminal N° 5 de San Isidro hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria reclamando el cese del agravamiento de las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro. En ese lugar, 20 mujeres se hacinaban en una celda con capacidad para 6 personas, sin recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas frecuentes o acceder a la atención médica adecuada pese a necesitarlo. Pese a las reiteradas prohibiciones de alojamiento de personas enfermas en comisarias, una mujer con VIH y otra con epilepsia y cuadros de convulsiones permanecían detenidas allí. El Tribunal reconoció gran parte de lo denunciado por el organismo, ordenó la reubicación de las mujeres en dependencias del SPB y prohibió nuevos ingresos a la dependencia policial.

(Agencia) En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro por las inhumanas condiciones de detención que padecían. El hacinamiento extremo se percibía claramente: 20 mujeres alojadas en la dependencia policial llegaron a compartir una misma celda que sólo tenía entre 6 y 8 camastros para todas, debiendo turnarse para dormir o bien hacerlo en el piso.

Dos de esas mujeres padecen enfermedades que requieren asistencia y tratamiento constantes: una de ellas padece VIH y la otra epilepsia con cuadros de convulsiones. Aun así no recibían atención ni medicación adecuadas, lo que las ponía en constante riesgo.

Las reiteradas prohibiciones de alojamiento de personas enfermas en comisarías, incluso emitidas por resoluciones de la Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte provincial, son desobedecidas constantemente por el gobierno provincial y no controladas por los organismos judiciales.

De acuerdo a los testimonios recolectados por la CPM, varias de las mujeres debían dormir en el piso por falta de camastros y colchones; no sólo eran forzadas a descansar en condiciones inhumanas sino que también estaban expuestas a enfermedades vinculadas al frío por falta de calefacción y de elementos de abrigo.

Desde las tres semanas anteriores a la presentación del habeas corpus las detenidas no recibían la visita presencial de sus familiares, a quienes sólo se les permitía acercarse a la dependencia policial para dejar alimentos y productos de higiene.

En general, la comida provista por la policía –viandas adquiridas a un tercero- llegaba fría y en cantidad insuficiente, por lo que las personas que no tenían familiares en la zona o con posibilidad de acercarles alimentos quedaban obligadas a pedir a sus compañeras de detención.

Cabe destacar que la Comisaría no cuenta con artefactos de cocción para las personas detenidas, así que no podían calentar las viandas. Ni siquiera pudieron hacerlo después de que la empresa proveedora les dejara un microondas, ya que el personal policial no permitió que quedara en la celda común.

En cuanto a la posibilidad de comunicarse con familiares, cada persona sólo podía usar el teléfono una vez por semana durante pocos minutos, ocasionando casi el absoluto aislamiento respecto a su entorno fuera de la comisaría. El cuadro de vulneraciones se completa con la inexistencia de plan o protocolo de seguridad y evacuación para casos de siniestros, lo que podría haber resultado en hechos fatales como las masacres de Pergamino y Esteban Echeverría.

Por todo esto, la CPM consignó que “la situación descripta representa un enorme riesgo para la integridad personal y la vida de las mujeres alojadas en la dependencia, y debe ser subsanada con carácter urgente”.

“Conforme lo expuesto y las condiciones inhumanas de detención de las mujeres alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro, se requiere la inmediata clausura, prohibiendo el ingreso de nuevas personas al recinto, ordenando el traslado inmediato a ámbitos habilitados y dignos cercanos a los domicilios familiares así como la comunicación familiar efectiva -y constatando su cumplimiento”, agregó el organismo.

La acción judicial fue admitida por el Tribunal Oral Criminal 5 de San Isidro –integrado por los jueces Pablo Adrián Rolón, María Angélica Sayago del Castillo y Marcela López Ramos- y resuelta favorablemente en la mayor parte del petitorio: reconoce la vulneración de derechos y la necesidad de garantizar el correcto cupo para el alojamiento de personas, así como la obligación del Estado provincial de asegurar el goce de los derechos de las personas detenidas en la comisaría.