Con orden de desalojo dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Avellaneda, la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a trabajadoras de la cooperativa textil Nueva Generación que defendían sus puestos de trabajo y a referentes sindicales y políticos que acompañaban esa lucha. El predio había sido abandonado por sus dueños en la crisis de 2001 y ocupado en 2005 por trabajadoras de la economía popular para montar un polo textil, que tuvo el apoyo de los distintos gobiernos de turno. El operativo policial dejó decenas de heridos y 124 personas fueron aprehendidas y trasladadas al Comando de Patrulla de Avellaneda por resistencia a la autoridad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció los hechos ante la fiscalía especializada en violencia institucional.

ANDAR en Wilde

(Agencia Andar) El predio había sido abandonado por sus dueños en la crisis de 2001 y ocupado en 2005 por la organización de desocupados y desocupadas Unidad y Lucha que conformaron la cooperativa de trabajo Nueva Generación y construyeron allí un polo textil. Actualmente, trabajan en la cooperativa 84 costureras. En estos años, con el impulso de  las mismas trabajadoras, comenzó a funcionar en el predio un jardín maternal que alberga a más de 150 niños y niñas.

Esta mañana, para cumplir la orden de desalojo judicial, un centenar de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió a las trabajadoras que defendían su puesto de trabajo, a educadores del jardín, a referentes sindicales y políticos que acompañaban la lucha de la cooperativa, e incluso a periodistas que cubrían lo que estaba ocurriendo.

“Fue un hecho muy grave para la democracia, se vivió como un asalto policial a una fábrica de trabajadoras populares. Después de una andana de gases y balas de goma, ingresaron por la fuerza al interior de la fábrica y nos hicieron tirar a todos al suelo, cuando ya había algunas compañeras descompuestas por los gases”, describe Joaquín Escobar, militante territorial y Director general de la economía social y solidaria del Municipio de Avellaneda.

La represión dejó decenas de heridos, algunos de ellos con lesiones de posta de goma en la cara y cuello. Tras el operativo policial, 124 personas, entre ellas 23 mujeres, fueron aprehendidas y trasladadas a la comisaría 5ª de Avellaneda primero y luego al Comando de Patrullas. Las 124 personas fueron liberadas varias horas después, tras notificarles la imputación por resistencia a la autoridad.

Desde su creación en 2005, la cooperativa textil Nueva Generación recibió el apoyo de los gobiernos nacionales y provinciales de distinto signo que pasaron durante estos 16 años. Hace casi un mes, el 11 de noviembre, las trabajadoras de la cooperativa se presentaron en La Plata para pedir que el gobierno provincial deje sin efecto el desalojo que había sido ordenado por el Juzgado en lo civil y comercial N°1 de Avellaneda–Lanús.

“Hay otras 150 fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires que pueden atravesar este tipo de situación”, alertó Joaquín Escobar. “Hay leyes de expropiación por periodos de 2 a 5 años, cuando se vencía el tiempo esas leyes se iban renovando. Sin embargo, con la inactividad del poder legislativo durante la pandemia, en muchos casos no se realizó la renovación lo que permitió a los dueños de los terrenos pedir la restitución del bien. Tampoco llegó a tratarse un proyecto de ley que declara la emergencia provincial sobre las empresas recuperadas, lo que terminó por agudizar el vacío jurídico, legal y político”, explicó.

Desde el momento en que se desató la represión en el predio de Wilde, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, estuvo en contacto con referentes territoriales que estaban acompañando la lucha de las trabajadoras textiles y se comunicó con la fiscalía y defensoría de turno.

Tras los hechos, la CPM presentó ante la fiscalía especializada en violencia institucional una denuncia por el accionar represivo de la Policía bonaerense. El organismo también mandó copia de la denuncia a la Fiscalía General del partido judicial de Avellaneda–Lanús e hizo otra presentación ante la Procuración General bonaerense.