Desde el año pasado, educadores de Villa Gesell que participan del programa Jóvenes y Memoria de la CPM vienen sufriendo episodios de hostigamiento e intimidación impulsados por otros docentes e, incluso, con intervención de un consejero escolar del Municipio. Uno de los docentes fue sancionado y a otras dos profesoras también se le iniciaron acciones administrativas. María Eva Ibañez es una de ellas, dice que por ahora decidieron suspender la participación en el programa por temor a represalias; en respuesta a estos ataques, estudiantes de escuelas secundarias organizaron una marcha en la ciudad para reclamar por su derecho a participar de Jóvenes y Memoria.

ANDAR en Villa Gesell

(Agencia Andar) Las escuelas de Villa Gesell vienen participando de Jóvenes y Memoria desde hace 12 años; en 2018, por primera vez, participaron del encuentro de cierre en Chapadmalal estudiantes de los seis establecimientos educativos de gestión pública de esa ciudad. El 28 de noviembre pasado, luego de esa participación, se realizó un acto en la Casa de la Cultura de Villa Gesell. Con la presencia de las autoridades educativas, se presentaron en la propia comunidad todos los trabajos realizados y se entregaron diplomas con el sello y la rúbrica de la jefatura distrital de educación.

En ese momento, otra docente que no participa del programa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y que estuvo presente en la muestra, difundió grabaciones realizadas sin autorización ni consulta e hizo circular un audio de WhatsApp identificando a docentes con nombre, apellido y simpatías política; incluso agrega despectivamente: “Son lo peor de lo peor de Villa Gesell”. Sobre la base de esas grabaciones, se iniciaron en la jefatura distrital acciones administrativas contra uno de los docentes, Luciano Grippo.

Las seis investigaciones que se presentaron fueron sobre el cierre de un bachillerato de adultos, derecho a un ambiente digno, pobreza, género, explotación laboral de jóvenes y un trabajo sobre los cuerpos arrojados en los vuelos de la muerte y aparecidos en la costa. Tanto los directores como el inspector distrital tenían el cabal conocimiento de los proyectos presentados.

Sin embargo, Luciano fue acusado por transgredir, supuestamente, las indicaciones de órganos de supervisión en su tarea de enseñanza y fue sancionado con una observación por escrito en el cuaderno de actuación profesional. Esa sanción está siendo recusada. En su descargo, el docente dijo que, durante la entrevista con las autoridades distritales, se sintió maltratado, objeto de ironías y cuestionamientos morales y que, fundamentalmente, se desestimó su estado de sujeto pedagógico, limitando el derecho a la libre expresión.

“La investigación tiene varias irregularidades; por un lado nunca se incluyó en el expediente la carta enviada por la Comisión Provincial por la Memoria. Por otro lado, es un cuestionamiento a las expresiones de Luciano durante la muestra anual de trabajos. Lo paradójico es que esa investigación la realizan las mismas autoridades educativas que estuvieron presentes en el acto”, dice la docente María Eva Ibañez.

Cuando se supo del inicio de la investigación administrativa -como explica Ibañez-, la CPM envió una nota al inspector regional expresando su preocupación por este accionar intimidatorio, sosteniendo que se estaba vulnerando la libertad de aprender y enseñar. “El Programa es una propuesta educativa cuyo principal objetivo es integrar de manera activa a las nuevas generaciones a los procesos de memoria y de esa manera pensarse como sujetos responsables implicados en la realidad que viven”, se señalaba.

Y agregaba: “La ley 26.060 de educación nacional promueve a los trabajadores de la educación a a tratar en las
aulas temáticas ligadas a la vulneración de derechos y la formación. En esa dirección debemos apuntar que la formación ciudadana tiene un profundo sentido político. Entender la política en la escuela como un acto sancionable son resabios de tiempos violentos y autoritarios, donde la democracia era un peligro y el disenso motivo de persecución”.

A pesar de las acusaciones públicas y del sumario a Grippo, y de una falsa denuncia contra otro docente vinculado históricamente al programa, este año docentes y unos 50 estudiantes volvieron a juntarse para inscribirse y diagramar la participación en la nueva convocatoria de Jóvenes y Memoria. Esa reunión se realizó el viernes pasado pero quedó trunca por un nuevo episodio de hostigamiento, esta vez, por parte de una autoridad municipal: el consejero escolar César de los Santos se presentó en el lugar a cuestionar el proyecto e increpar a docentes.

“Al verse expuesto por nuestras intervenciones, intenta grabarnos, nos trata de manera particularmente violenta a mí y Sandra Tamaro, otra docente, y nos amenaza con tomar represalias. No sólo eso, efectivamente lo hace, el lunes fue a hablar con los directivos de la EES N 1 para pedir una sanción contra mí; cuando voy a la tarde a la escuela, el director y la vicedirectora me cuentan y me dicen que ‘van a sancionarme para cuidarme’”, cuenta Ibañez. Sandra Tamaro también fue sancionada.

Las sanciones a docentes se dejan asentados en los cuadernos de actuación, y pueden ir desde una notificación hasta la baja de la calificación docentes, la suspensión y el inicio de investigaciones que pueden terminar con la pérdida del cargo. “Sentimos que por cualquier cosa que digamos vamos a sufrir sumarios. Hoy no creemos que esté garantizada nuestra libertad de enseñar”, se lamenta Ibañez.

Luego de estos hechos, docentes de Villa Gesell que participan de Jóvenes y Memoria emitieron un comunicado para informar que suspendían, momentáneamente, las actividades de inscripción, presentación de proyectos y convocatoria. “Esto se debe al clima actual de persecución político ideológica sobre los programas de derechos humanos y ante la falta de garantías de las autoridades educativas, que no resguardan el trabajo pedagógico que llevamos adelante desde el 2004”. “En público las autoridades dicen que apoyan el programa y que quieren, incluso, aumentar la participación de jóvenes pero son sólo palabras: necesitamos hechos porque nosotras seguimos sancionadas”, agrega Ibañez.

Ante este anuncio, les estudiantes se autoconvocaron y realizaron la “Marcha por el inicio de Jóvenes y Memoria”; en el evento que publicaron en facebook destacaron que “si nuestros profesores nos enseñaron algo es que nada es más importante que luchar por nuestros derechos”. No los recibieron en la jefatura distrital, pero sí en el Consejo Escolar, donde el mismo César de los Santos tuvo que pedirles disculpas por su actuación en los hechos.

La semana próxima, integrantes de la CPM van a tener una audiencia con el intendente Gustavo Barrera y con el presidente del Consejo Escolar y luego realizarán un acto público para la inscripción de los equipos de investigación interesados en participar de esta nueva convocatoria del programa.

“Me gusta pensar el proceso educativo no sólo como teoría, sino como práctica, y Jóvenes y Memoria siempre fue para mí una gran estrategia pedagógica, una investigación que sale de la motivación de jóvenes y que les permite trabajar de forma diferente, de pensar no sólo el contenido sino también la pedagogía como acción, como conquista de derechos. La conquista de nuestros derechos sólo puede realizarse con acción y el programa de la Comisión es una posibilidad para aprehender esa praxis”, concluye Ibañez.