La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a la Procuvin y la Fiscalía Federal 3 de La Plata realizaron una inspección en la Unidad Penitenciaria 9 y constataron las graves condiciones de detención denunciadas por los detenidos: deterioro edilicio, régimen de aislamiento indeterminado en condiciones insalubres (suciedad, suministro de agua deficiente, falta de ventilación, cloacas tapadas y presencia de roedores), falta de acceso a la salud y requisas vejatorias. Los organismos realizaron habeas corpus individuales, denuncias penales, una presentación colectiva y gestionaron cambios de alojamiento y de modificación al régimen de vida durante el transcurso de la inspección.

ANDAR en cárceles

(CPM – Agencia) En las últimas semanas, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) había recibido denuncias por parte de los detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 9 (UP 9) de La Plata. Alertada por las declaraciones, la PROCUVIN decidió convocar a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Fiscalía Federal nº 3 para realizar conjuntamente una inspección al penal.

Durante la inspección, los organismos recorrieron los pabellones SAC, Nº 2 “depósito”, Nº 10 y 11 de “trabajadores” y el sector de sanidad, y constataron graves condiciones de detención. La situación no es nueva ni constituye una excepcionalidad, las denuncias por la sistemática vulneración de derechos en los lugares de encierro se suceden en el tiempo sin que las autoridades judiciales ni políticas realicen acciones para transformar esta realidad.

En particular, se observó con especial preocupación la situación de los 76 detenidos en el Pabellón Nº 10, que se encuentran bajo una “medida penitenciaria preventiva” de aislamiento permanente desde hace 21 días. En celdas de aproximadamente 2,5 mts por 1,5 metros (total 3,5 metros cuadrados) se alojaban dos personas, en una clara situación de hacinamiento. Los responsables de la inspección solicitaron la inmediata modificación de la medida, lo que fue efectivizado por las autoridades. Sin embargo, la imposición de estas medidas informales es una práctica habitual del Servicio Penitenciario Bonaerense y constituyen de hecho sanciones colectivas aunque estén expresamente prohibidas por ley.

La medida fue adoptada luego de incidentes acaecidos entre detenidos de diferentes pabellones, que culminó con una violenta represión y torturas a 20 detenidos que fueron golpeados con palos, patadas y golpes de puño, luego de ser tirados al piso boca abajo y esposados.

A su vez, estas medidas dejan en evidencia que, frente a una situación de eventual conflicto entre uno o más detenidos, la única respuesta es someter a todos las personas alojadas en el pabellón al aislamiento prolongado sin buscar medidas alternativas que resulten menos lesivas y que no afecten el trabajo, los estudios y las actividades de recreación y/o esparcimiento de los detenidos.

Además de la situación del pabellón Nº 10 por sanción colectiva y régimen de aislamiento indeterminado, los déficits en la infraestructura e insalubridad, la falta de acceso a la salud y las requisas vejatorias son algunas de las demandas expuestas en las entrevistas realizadas durante esta nueva inspección. Cada unos de estos padecimientos constituyen en sí mismo prácticas de torturas que se emplean sistemáticamente en los lugares de encierro y degradan la integridad humana de las personas.

Los detenidos en la UP 9 viven hacinados en celdas con escasa o nula luz artificial, la ausencia de vidrios en ventanas, canillas rotas, pisos mojados, suciedad en paredes, techos y pisos, malos olores por letrinas tapadas, ventilación insuficiente, instalaciones eléctricas precarias e inseguras y gran cantidad de insectos y roedores. Además, se constató que faltan colchones o estos se encuentran muy deteriorados.

El suministro de agua discontinuo y la ausencia de agua caliente extreman aun más las condiciones higiénicas. Muchos detenidos presentaban ronchas, sarpullidos y forúnculos. A todo esto, los detenidos denunciaron la falta de acceso a la salud: los penitenciarios se rehúsan a trasladarlos al Área de Sanidad o proveerles medicación esencial.

Actualmente, la capacidad de alojamiento determinada por la Justicia es de 1450 detenidos; sin embargo, el informe de un perito en el marco de una causa judicial en 2014 determinó que esa “cantidad duplica la capacidad de alojamiento con la que el establecimiento fue concebido originalmente, situación que compromete las condiciones generales de funcionamiento de las infraestructuras así como también las de higiene y seguridad”.

Desde entonces, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria ha inspeccionado la UP 9 en otras oportunidades y ha denunciado reiteradamente estas condiciones de encierro violatorias de los derechos humanos. Los detenidos sufren la crueldad de un sistema penal que, lejos de garantizar los derechos elementales expresados por la ley nacional y los tratados internacionales, los violenta y constituye al Estado en victimario.

Los testimonios recogidos corroboran el extremo régimen de vida de las personas allí alojadas y obliga a las autoridades penitenciarias y judiciales a tomar las medidas administrativas necesarias para revertir esta situación.