El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, brindó una conferencia de prensa el martes 7 de abril en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, en el marco de la jornada “Ciudad marcada, comunidad organizada”, a dos años de las trágicas inundaciones del 2 de abril de 2013. El juez realizó una evaluación sobre el estado actual de la causa que lleva adelante respecto a la responsabilidad del Estado.

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(Sec. de Prensa de Fac. de Periodismo de la UNLP –Agencia) “A veces, por cuestiones de tiempo o de reduccionismo, el debate se centra en el número de víctimas de la inundación, y eso me pesa porque hay cosas muy importantes que se dejan de lado”, señaló el magistrado Luis Arias durante la conferencia del martes 7. La actividad, que se desarrolló en el aula Miguel Bru de la Facultad de Periodismo, contó con la presencia de la decana Florencia Saintout y numerosos periodistas locales y nacionales que asistieron al encuentro.

Arias: “Han pasado dos años de la inundación y la justicia penal no ha dado respuestas”. FOTO: Sec. de Prensa, FPyCS

“Aquí hubo muchas situaciones no esclarecidas, porque estas causas que llevamos adelante consagraron un número de 89 personas fallecidas probadas. Eso no quiere decir que sean las únicas, porque hubo otras doce personas con muerte dudosa sobre las que no se pudo reunir prueba para decir que murieron a causa de la inundación”, afirmó el magistrado.

En ese sentido, 89 personas murieron en La Plata según su sentencia y otras doce no se pudieron comprobar, como es el caso de cuatro pacientes del Hospital Español que fallecieron por la falta de suministro eléctrico. La causa fue apelada y luego ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con un particular señalamiento: según Cámara no existió el ocultamiento.

Arias recordó que en su sentencia se describe el caso de un ciudadano peruano llamado Josué Suárez Salazar, que murió electrocutado en su casa la noche del temporal. La cifra era entonces de 51 víctimas fatales hasta que apareció el cuerpo de Nélida Reyes, convirtiéndose en 52.

“Cuando aparece esta víctima, que no se podía ocultar porque tomó estado público, el Poder Ejecutivo emite otro comunicado de prensa donde saca a Suárez Salazar e incorpora a Nélida Reyes para no elevar el número a 52. Este dato es importante porque marca la responsabilidad penal de los funcionarios”, señaló el juez.

El caso de los niños Molina

“Por cuestiones de prudencia nunca revelé identidades, pero creo que hoy es un buen momento para hacerlo”, dijo el juez Luis Federico Arias luego de mencionar a Jonathan y Valentina Molina, dos niños que se habían identificado como desaparecidos. Luego de la denuncia de estas desapariciones, el Ministerio de Justicia y Seguridad elaboró un informe en el que sostenía que los chicos estaban con su padre en su casa y que se encontraban a salvo.

“Estos chicos estaban en el listado de averiguación de paradero de personas que fuera entregado a nosotros por los policías de la DDI aquella noche en el Hospital San Roque de Gonnet”, reveló Arias, y añadió: “Este informe del Ministerio de Seguridad de la provincia señalaba que estaban con su progenitor, Fermín Molina, de Tolosa. Nosotros no confiábamos en esta información hasta que finalmente una persona lo fue a visitar a su domicilio y resultó que no eran sus hijos”.

“Aquí hubo una falsedad en la información que brindó el Ministerio de Seguridad. No tenemos noticias sobre estos pibes, y es una cuestión que nos inquieta desde lo judicial pero, fundamentalmente, desde lo humano”, expresó.

Durante la ronda de preguntas, Arias fue consultado por la posibilidad de que exista una investigación integral para desenmarañar el conjunto de prácticas ilegales en organismos del Estado que están contenidas en su investigación. En ese sentido, el juez explicó que en ese caso debería avanzar la justicia penal cuyo fuero le permite actuar de oficio, ya que desde el juzgado Contencioso Administrativo en el que él se desempeña no se señalan responsabilidades penales ni tiene facultad de actuar de oficio.

“Lo tendría que hacer la justicia penal pero ya sabemos cómo termina esto: no dan respuestas”, dijo el magistrado, y enfatizó: “Nosotros le hemos dado los elementos para avanzar porque en cada sentencia que dictamos le remitimos las pruebas a la justicia penal y le ahorramos todo el trabajo, sin embargo han pasado dos años de la inundación y la justicia penal no ha dado respuesta”.

Además, destacó la necesidad de reformar la justicia bonaerense, pero manifestó que esa reforma debe ser no solamente de las leyes sino también de la cultura. “Antes de la reforma del 98’ teníamos un sistema inquisitivo, donde era el juez el que investigaba y era el juez el que también fallaba. Cumplía dos roles: uno lo delegaba a la policía, con consecuencias nefastas; todos sabemos lo que pasó con Miguel Bru y la complicidad del juez Vara con la policía de la comisaría 9, o lo que ocurrió en el caso Cabezas”, analizó Arias, y agregó: “Con la reforma del año 98’ que se pasó de un sistema inquisitivo a acusatorio o mixto, para que investiguen los fiscales exclusivamente. Pero a veces las leyes por sí solas no modifican las prácticas, porque los fiscales hoy hacen lo mismo que los jueces antes: delegan la investigación a la policía”.

“Hemos debatido la creación de la policía judicial pero, si se implementa igual que estas reformas, va a ser esa policía judicial la que delegue la investigación a la policía de seguridad”, consideró el juez, y concluyó: “Cuando el gobierno nacional propuso la reforma del Poder Judicial, todo el mundo decía ‘esto es una intervención indebida para poner de rodillas a jueces y fiscales’. Señores, hoy están de rodillas, y si no miren lo que les cuento de Atencio o de los fiscales que no cumplen con su rol”.