El juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Mar del Plata, a cargo de la doctora Patricia Ginsberg, dio curso al amparo colectivo presentado por el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y convocó al intendente, Carlos Arroyo, y las secretarias de Cultura, Silvina Rojas, y Educación, Ana María Crovetto, a una audiencia conciliatoria. La presentación judicial reclamaba que se garantice la continuidad de los programas sociales que se venían desarrollando en unos 200 espacios comunitarios e institucionales de Mar del Plata y Batán, y beneficiaba a más de 13 mil jóvenes de la ciudad.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia) Almacenes culturales, usinas artísticas, LiberArte, las actividades extensionistas que se garantizaban desde el Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA) alcanzaban a 13.200 jóvenes y tenían despliegue territorial en 80 barrios marplatenses. Estos programas marcaban la presencia del Estado en los barrios más vulnerados para garantizar el derecho a la cultura y la educación de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, a partir de diciembre —con el cambio de gestión municipal—,  estos proyectos dejaron de implementarse.

Desde ese momento, el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes reclamó la reanudación de los programas y, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, decidió presentar —junto al defensor del Pueblo— el amparo colectivo contra el intendente Carlos Arroyo, la secretaria de Cultura Silvana Rojas y la de Educación Ana María Crovetto, por la grave amenaza al ejercicio del derecho de la cultura y a la educación.

Luego de la conferencia de prensa realizada el pasado lunes, en diálogo con ANDAR, la integrante del Consejo de la niñez Mariana Cuesta explicó que, entre los fundamentos del amparo, se sostenía que estas medidas afectaban el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales y culturales. Y agregó: “al retirarse el Estado de los barrios, se vulnera aún más los derechos de los pibes más desprotegidos. Con estas decisiones no quedan políticas culturales en los barrios humildes y se pone en riesgo el sistema de protección de los derechos de los niños”.

La decisión de la jueza Patricia Ginsberg de dar traslado a la demanda del Consejo de la Niñez retoma estos fundamentos, fija una audiencia conciliatoria entre las partes para el próximo 23 de junio a las 9 horas en el Juzgado Civl y Comercial Nº 9, y obliga a Arroyo, Rojas y Crovetto a responder sobre la suspensión de los programas culturales y educativos, en un plazo de 5 días.

Mediante un reciente comunicado, tras conocerse el fallo, el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes celebró la definición de la Justicia y señaló que “se abre una instancia de diálogo con el ejecutivo municipal que, hasta este momento, se nos había negado. Esperamos en la audiencia conciliatoria conocer el plan de acción relativo a las políticas socioculturales y educativas”.

En ese sentido, en el mismo comunicado, remarcaron que “la decisión política de retirar el Estado de los barrios más vulnerables, incumple con el principio de progresividad y no retroactividad de los derechos económicos, sociales y culturales en base al interés superior del niño, especialmente protegido por la Constitución Nacional a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las leyes 26.061 y 13.298” para la promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

A la espera de la respuesta oficial, que cumpla con lo exigido por el Juzgado Civil y Comercial, el Consejo de la Niñez volvió a sostener la importancia de reponer los programas culturales y educativos que se desarrollaban en más de 200 espacios comunitarios e institucionales, y alcanzaban en diciembre de 2015 a aproximadamente 13.200 niños, niñas y adolescentes de todos los barrios de Mar del Plata y Batán.

Como lo expresan las leyes nacionales y los tratados internacionales, el Estado debe garantizar, en un plano de igualdad, el pleno acceso a la educación y la cultura. Para esto se necesitan políticas públicas activas dirigidas, especialmente, a los sectores más vulnerables de la sociedad. El ejercicio efectivo de estos derechos no sólo es fundamental para el desarrollo sociocultural de los niños, niñas y adolescentes, sino que también fortalece la construcción de un Estado verdaderamente democrático.