La CPM rechaza la represión a los trabajadores de la Línea 60 que protestaban en la Panamericana debido al prologando conflicto con la empresa D.O.T.A S.A que despidió 53 choferes, entre ellos delegados sindicales. El resultado son dos trabajadores gravemente heridos que permanecen internados.

ANDAR en movilizaciones

(CPM) La represión se desplegó con fuerza sin que se iniciara ninguna instancia de mediación, se utilizaron balas de goma, pistolas lanza gases y otros químicos para desalojar la arteria de circulación, los cuales están estrictamente prohibidos en los protocolos de actuación establecidos para las manifestaciones públicas por el propio Ministerio de Seguridad.

El Gobierno estaba al tanto de la gravedad del conflicto laboral que se viene desarrollando desde hace semanas, sin ninguna intervención que garantice los derechos laborales y sindicales, ni tampoco el acceso al servicio público de transporte. Cabe destacar que la empresa D.O.T.A recibe cuantiosos subsidios del estado y -por lo denunciado por los trabajadores- no están garantizando el servicio.

[pullquote]El Gobierno, al tanto del conflicto, no tuvo ninguna intervención que garantice los derechos laborales y sindicales, ni el acceso al servicio público de transporte[/pullquote]
Esta situación hace aún más inadmisible, que el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llame a los trabajadores que protestan “inadaptados”, “incivilizados”, “violentos” denostando su reclamos y justificando la violencia contra ellos ejercida.
El Estado debe ser garante de derechos, tiene los instrumentos legales para hacerlo. Lamentablemente esta vez la decisión política fue en la dirección contraria: la represión y la violencia, física y discursiva.

La ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, pues dieron directivas que no respetaron ni siquiera las normativas establecidas por los protocolos del propio Ministerio.
[pullquote]se está configurando como una práctica reiterada y legitimada por los discursos que los funcionarios construyen sobre los hechos, estigmatizando a los manifestantes[/pullquote]
No se trata este de un hecho aislado, como la CPM denunció en su Informe Anual 2015 en los últimos años la represión a la protesta social se está configurando como una práctica reiterada y legitimada por los discursos que los funcionarios construyen sobre los hechos, estigmatizando a los manifestantes como los “peligrosos”, “violentos”, “inadaptados”, “provocadores” .

La memoria de los asesinatos en el Puente Avellanada (de Kosteki y Santillán) y el Puente Gral. Belgrano de Corrientes (de Ojeda y Escobar) no son sólo actos retóricos, sino sentidos que marcan las dolorosas e irreparables consecuencias de la denostación de la protesta y uso de la represión.