ANDAR en CABA (agencia) El jueves 19 de septiembre se realizó una Audiencia Pública en el Congreso Nacional para debatir sobre la baja de edad de imputabilidad penal de los jóvenes. Participaron diversos profesionales, especialistas y organizaciones sociales y gremiales que trabajan por los derechos de los niños.

Alicia Romero, directora del Programa de inspecciones del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires  manifestó:

Es importante debatir qué significa la baja de la edad de punibilidad, sobre todo para los jóvenes más pobres, que es a quienes se dirige esta medida. Desde nuestro trabajo de monitoreo de las cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia, podemos dar muchas razones por las cuales es absolutamente desaconsejable bajar la edad, sobre todo por lo que significa el encierro para ellos. No hay datos oficiales acerca de la cantidad de jóvenes menores de 16 que están detenidos en la provincia y tampoco de la cantidad de jóvenes que fueron trasladados al sistema de adultos. Denunciamos las malas condiciones de encierro y las torturas sistemáticas. Allí los chicos no estudian, pasan largas horas aislados, no tienen ningún tipo de actividad, son maltratados. Las condiciones de inhabilitabilidad en los centros de encierro son impensables sin el aval y la complicidad del poder judicial. No es sólo el Poder Ejecutivo el responsable de esto. También son responsables el Poder Judicial y el Poder Legislativo, de la provincia y de Nación, que no dan ninguna señal de asegurar la implementación y la optimización de los recursos necesarios para la aplicación para la promoción y protección de los derechos de los niños. El sistema está creado hace muchos años, pero no está la decisión política de llevarlo a la práctica.

En la Provincia de Buenos Aires hay niños detenidos, que por su edad son no punibles. Hicimos un relevamiento esta semana y encontramos que: en 3 institutos de menores hay 9 chicos menores de 16 años que están presos, 5 de ellos es por “tentativa de robo”. Están bajo la órbita del Juzgado de Garantías Nro. 2 del Departamento Judicial de San Martín a cargo del Dr. Gallardo. Esta actitud aberrante del Poder Judicial es la que le da letra a los progresistas que afirman que es necesario dar garantías a ese grupo de jóvenes que está encerrado.

Según las normas locales, nacionales, internacionales y la convención de los derechos de los niños, estos chicos no deberían estar encerrados. Basta de hipocresías.  Esta no es una discusión electoralista, como muchos la quieren marcar. El problema es viejo y lleva años. No puede desconocerse lo que pasa en las instituciones de encierro. No es de ahora. Seguimos peleando por un Régimen Penal adecuado para los jóvenes de 16 a 18 años, que termine con el de la dictadura.

También quiero agregar que muchos hablan de “apremios”, pero hay que mencionar la palabra tortura. El 60 % de los jóvenes que detiene la policía bonaerense sufre tortura por parte de los agentes cuando los detienen en las comisarías. También 40 % de los jóvenes es alojado en celdas con adultos, lo cual está expresamente prohibido. Nosotros recibimos denuncias contra los bonaerenses, pero también contra gendarmes y miembros de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Esas denuncias, son caratuladas por los fiscales como “apremios ilegales”, una figura jurídica que tiene una pena menor. Pero hay que hablar de tortura, porque las marcas que dejan en el cuerpo y en la psiquis son imborrables para nuestros jóvenes. La hipocresía está en todos lados. Los chicos no saben por qué están detenidos, los defensores no se lo dicen. El 73% de las condenas son por juicio abreviado. Y este es el sistema que se quiere implementar para los niños de 14 años.

Durante la audiencia pública expusieron, entre otros, la diputada Liliana Parada, los legisladores porteños Fabio Basteiro y Laura García Muñón, Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, Adolfo Aguirre,  fundador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la provincia de Buenos Aires; representantes de la fundación Che Pibe, Hugo Godoy (ATE/CTA) y Gustavo Gallo, de la Defensoría General de la Nación- Relatorías de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.