Medio centenar de vecinos y vecinas de la localidad de Dique Luján volvieron a realizar el domingo pasado  cortes parciales frente a las obras del barrio privado Santa Ana, en la entrada a Villa La Ñata. Exigieron frenar los trabajos ya que incumplen una medida cautelar ordenada por la magistrada Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal en lo Penal de San Isidro N°1, ratificada en diciembre de 2018. La manifestación se repetirá el domingo 31 de marzo en el mismo horario: de 11 a 13 horas.

ANDAR en Tigre

(Asamblea en defensa de los humedales de Dique y La Ñata) Fue la cuarta manifestación en defensa de los humedales continentales y en repudio a los emprendimientos de barrios privados que entre otros daños agravan las inundaciones en la región. Uno de los objetivos de los y las asambleístas fue informar el incumplimiento de una medida cautelar del Juzgado Federal en lo Penal de San Isidro N°1, que prohíbe las obras hasta tanto concluya una pericia sobre su impacto en las últimas inundaciones en la Cuenca del Río Luján. También divulgaron la propuesta de una normativa de protección para los últimos humedales continentales de la localidad de Dique Luján.

“Denunciamos los atropellos de la empresa EIDICO que rellenó el Canal Benavidez, tapó la zanja de desagüe e invadió el espacio público, dejando casi sin banquina a la ruta. Y repudiamos la falta de respeto a los tres sitios arqueológicos de los Pueblos Originarios que quedaron adentro de Santa Ana. Durante los cortes parciales de 5 minutos, aprovechamos para conversar con todas las personas que están en los autos. El respaldo expresado es de casi un 100%, lo cual reafirma nuestra voluntad de continuar con estos reclamos”, contaron quienes manifestaban.

En los próximos días, el Municipio de Tigre y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires recibirán un pedido formal para que “en ejercicio de su poder de policía detengan con carácter de urgente las obras de dicho emprendimiento (Santa Ana), por no haber respetado el debido proceso de evaluación de impacto ambiental en los términos de la ley N° 25.675 previo a la ejecución de las obras, que involucra y exige la realización de audiencia pública como instancia de participación ciudadana. Y asimismo porque la Sra. Juez Federal Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal de San Isidro, resolvió el día 1 de julio de 2016 ordenar al municipio de Tigre (y al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) que se abstenga de otorgar autorizaciones a nuevos emprendimientos o ampliación de los existentes hasta tanto se cuente con los resultados del estudio pericial interdisciplinario de impactos individuales y acumulativos y se disponga lo contrario, en la superficie territorial de la cuenca del río Luján y el Delta del Paraná”.