ANDAR en La Plata

(Agencia) Los vecinos del Barrio Los Robles (calle 609 y 16) solicitaron a la Suprema Corte que se pronuncie de forma urgente sobre el amparo promovido en defensa del derecho a la vivienda digna en un entorno ambiental y urbanístico adecuado. Los vecinos, que reclaman un acceso justo al hábitat, intentan que la justicia se pronuncie favorablemente frente a un amparo que obliga al estado a realizar las obras de infraestructura que la zona requiere para que ellos puedan adquirir las tierras a precio social.

El conflicto es de larga data. Comenzó hace 8 años les iniciaron juicio de desalojo a los habitantes de las 8 manzanas tomadas en la zona cercana al Aeropuerto local. Ante esa situación los vecinos recorrieron y recurrieron a todas las oficinas estatales que debían encargarse de garantizar una vivienda digna, hasta que en 2010 lograron el primer convenio urbanístico en la ciudad de La Plata. Además de los vecinos las otras partes allí involucradas son el titular, quien vende las tierras a un precio social, y el estado, tanto municipal como provincial que debe garantizar las condiciones que hicieran posible esa transacción.

[pullquote]en 2010 los vecinos lograron firmar el primer convenio urbanístico en la ciudad de La Plata. El estado no lo cumple[/pullquote]

Esas obras son, centralmente, la realización de las calles y caminos, la relocalización de familias que viven a la orilla de un arroyo que es un brazo de la cuenca del Maldonado y las obras hidráulicas pertinentes para que el agua desagote correctamente en esa cuenca.

“Obvio que esas obras no se hicieron, y por eso presentamos el recurso de amparo”, dice Inés Tanarelli, vecina del barrio “Los Robles” e integrante de la organización Resistencia Cultural Barrial (RCB). Un recurso que los vecinos interpusieron frente al incumplimiento de ese convenio urbanístico firmado con la Provincia de Bs As y la Municipalidad de La Plata que tanto celebraron hace ya más de 3 años.

“A un año de las inundaciones del 2 de abril en La Plata, es importante remarcar que de haberse realizado las obras hidráulicas y de infraestructura el impacto de la inundación del 2 abril en el barrio hubiese sido mucho menor y también se evitarían las constantes inundaciones cada vez que llueve”, difundieron en un comunicado desde RCB.

Tampoco fueron relocalizadas las 15 familias que hace 8 años viven en casillas que no pueden mejorar “porque no viven en un lote sino en la calle o al costado del arroyo”, explica Inés, quien subraya que para el barrio lo más preocupante es la obra del arroyo. “Con esa obra hecha acá no habría familias que perdieron todo y que cada vez que llueve les vuelve a entrar el agua porque el arroyo sube”, detalla.

Además el efectivo cumplimiento del Convenio les permitiría poder escriturar los terrenos donde viven y abriría para muchos la posibilidad de inscribirse en programas de vivienda como PROCREAR y mejorar sus hogares.

“Por eso lo que pedimos ante la justicia es que se de cumplimiento al convenio y que el barrio sea urbanizado”, reitera Inés. Pero ese pedido los está llevando nuevamente por un largo recorrido de oficinas y gestiones, “hace un año y medio que presentamos el recurso de amparo y nos tocó el juez Melazo, que lo rechazó. Lo mismo pasó con la cámara contencioso administrativa, por eso llegamos a la corte de la provincia que hace 8 meses más o menos aceptó el caos”, detalla la vecina.

“>Video que desarrolla el conflicto