El 18 de julio pasado, Alan fue brutalmente golpeado con una linga de moto por el policía local de Zárate, Jorge Carlos Rodríguez; por las graves heridas, el joven de 17 años estuvo internado en estado crítico durante una semana. Durante esos días y en los posteriores, él y su familia fueron víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de los compañeros de fuerza de Rodríguez. Por estos hechos se inició una causa penal y se asignó custodia de Prefectura Naval. Ahora, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate también hizo lugar a un habeas corpus presentado por la CPM para que cese la intimidación contra la familia de Alan. El recurso había sido desestimado en primera instancia por la jueza de garantías sin convocar a las víctimas a audiencia y desconociendo la situación de riesgo inminente que significaban estos hechos.

ANDAR en Zárate

(Agencia) Alan fue atacado brutalmente por el policía local de Zárate Jorge Carlos Rodríguez, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones recibidas en la cabeza y estuvo internado en estado crítico durante una semana. El sufrimiento del joven de 17 años y su familia no terminó ahí: durante esos días y los días posteriores sufrieron todo tipo de amenazas y hostigamiento por parte de los compañeros de fuerza de Rodríguez, que sólo buscaban la impunidad del agresor imputado por tentativa de homicidio agravado.

Por estos actos de amedrentamiento, se inició una causa penal que tramita en la UFI 7 descentralizada de Zárate; en el marco de esa instrucción, ya el 7 de agosto pasado se había ordenado un patrullaje preventivo del domicilio de las víctimas por parte de Prefectura Naval Argentina.

En paralelo a ese trámite, ante la gravedad de la situación, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus preventivo para que se dispongan medidas de resguardos y se ordene a la Policía de la Provincia de Buenos Aires —fuerza que integra el imputado por el ataque a Alan— hacer cesar en forma urgente la turbación y amenaza arbitraria de la libertad, así como el hostigamiento policial.

La acción fue rechazada en primera instancia por la jueza Graciela Cione sin convocar a audiencia y considerando que no existía restricción ni amenaza a la libertad de las personas porque, según le informó la misma fuerza denunciada, no pesaba sobre Alan ni sus familiares ninguna orden coercitiva de la libertad.

Hace diez días, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate revocó esa resolución, ordenó a la jueza realizar la audiencia para escuchar a las víctimas y, tal como había explicado la CPM en la apelación, consideró la procedencia del habeas cuando la libertad se encuentra “perturbada ilegítimamente” como sucede en este caso “mediante amenazas u hostigamientos, vigilancias o seguimientos acosantes o abusivos por parte de autoridades”.

Tras la decisión de la Cámara, la titular del Juzgado de Garantías N 1 de Zárate mantuvo audiencia telefónica con Alan y su mamá, dispuso mantener la custodia de Prefectura Naval otorgada por la UFI 7 y ordenó a las autoridades policiales de la región tomar “todas las medidas necesarias tendientes a evitar que personal de la Policía provincial mantenga cualquier tipo de contacto con Alan y su núcleo familiar conviviente”.

El calvario de Alan comenzó el 18 de julio pasado; él y otro adolescente de 16 años esperaban a un amigo en la puerta de su casa; en ese momento, llegaba a su propia vivienda, ubicada en frente de donde esperaban los jóvenes, el integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local de Zárate Jorge Carlos Rodríguez.

Rodríguez bajó de su moto, tomó la linga y, sin mediar palabra, se avalanzó contra ellos. La golpiza duró varios minutos, y a Alan lo sostuvo contra el suelo, junto a una zanja, mientras lo golpeaba brutalmente a la vista de todos y disparaba al aire con su arma reglamentaria. Sonia, la mamá del joven, fue a la comisaría local pero no le quisieron tomar la denuncia; el propio Rodríguez ya había denunciado un intento de robo por parte de los jóvenes para justificar el ataque brutal.

El mismo sábado por la noche el estado de Alan empeoró por lo que sus padres lo llevaron al hospital y quedó en observación por las lesiones en la cabeza. El joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un derrame cerebral, fracturas de cráneo y coágulos que implicaban un riesgo inminente. Estuvo internado en estado crítico durante una semana.

Cuatro días después del ataque, la fiscal Andrea Palacios ordenó la detención del policía Jorge Carlos Rodríguez, que había sido imputado por el delito de homicidio agravado por tratarse de un efectivo de fuerza de seguridad en grado de tentativa. A partir de entonces, comenzarían las amenazas e intimidaciones a Alan y su familia.

Cuando el joven todavía estaba hospitalizado, un persona que se hizo pasar por personal médico lo amedrentó: “Si mi amigo no zafa (por el policía Rodríguez) podes darte por desaparecido”, le dijo. Algunos días después, momentos antes de que le dieran el alta, su mamá Sonia advirtió la presencia de una oficial de policía acercándose sigilosamente a la habitación del joven.

Hasta el 7 de agosto pasado, cuando Prefectura Naval comenzó la custodia de la casa familiar, las  amenazas y hostigamiento se siguieron sucediendo: patrulleros policiales merodeaban constantemente la causa en actitud intimidatoria y compañeros de fuerza de Rodríguez amenazaron también a la madre del amigo de Alan, una de las testigos de la brutal golpiza.

El padre de Alan también denunció que el 30 de julio, cuando fue a realizar una diligencia en zona céntrica de la ciudad, fue perseguido por un patrullero. La misma situación sufrió en más de una oportunidad cuando salía a cartonear, actividad que realiza para el sustento diario de la familia.