El martes 14 la policía provincial de Chaco desplegó una inusitada cantidad de efectivos para reprimir una manifestación de comunidades Qom de la localidad de Villa Río Bermejito que reclamaban al gobierno nacional por la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y otros programas de la seguridad social que en los últimos dos años fueron eliminados. En un intento de simular el llamado protocolo anti piquetes que regula el accionar de las fuerzas federales en manifestaciones públicas, el gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, ordenó liberar por la fuerza la ruta donde se manifestaban las comunidades. En diálogo con ANDAR, el presidente del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT) de Chaco, Darío Edgardo Gómez, afirmó que “por el poco tiempo que tardaron en llegar los refuerzos, fue evidente que el operativo estaba planificado”.

ANDAR en Chaco

(Agencia) “De acuerdo a lo que pudimos reconstruir, inicialmente se habían desplegado 70 agentes de la policía provincial –que, por supuesto, no pertenecen al destacamento de Villa Río Bermejito, donde viven alrededor de 8 mil personas- y luego llegaron, en un tiempo extremadamente corto para la distancia que separa a la localidad con la capital de Chaco, otros 350 efectivos. Se utilizaron gases inhabilitantes, disparos con postas de goma a zonas vitales del cuerpo y fueron detenidas durante varias horas al menos cinco personas”, enumeró el presidente del MLPT de Chaco, Darío Edgardo Gómez.

El desproporcionado y brutal operativo dejó a más de 80 personas heridas, y circularon videos de los manifestantes en los que se observa a varios agentes policiales arrojando piedras a quienes se movilizaban. Asimismo, se registró la violencia desplegada por las fuerzas sobre mujeres y niños, y varias de las personas heridas recibieron impactos de bala de goma en la espalda mientras intentaban alejarse del lugar de la represión.

Frente a este escenario, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos locales emitieron un comunicado en rechazo a los hechos de represión y violencia institucional sufrida por integrantes de pueblos indígenas en manos de la policía de la Provincia de Chaco, en el marco de una manifestación en la que reclamaban por la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad.

“Durante el despeje forzoso (de la ruta) por parte de las fuerzas de seguridad locales, se registraron disparos con postas de goma con impactos a la altura del tórax y el rostro, así como el uso de gases de dispersión manual de forma antirreglamentaria, vulnerando los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir en cualquier intervención que implique el uso de la fuerza pública”, señalaron.

También destacaron que el fuerte operativo se realizó sin contemplar que los pueblos originarios son un grupo especialmente vulnerable que el Estado debe resguardar y proteger. Sumado a ello, la presencia de mujeres y niñas y niños entre las personas manifestantes agrava el accionar de las fuerzas estatales.

Tal como explicó a ANDAR Darío Edgardo Gómez, el accionar policial contra las comunidades Qom se enmarca en los discursos oficiales que deslegitiman y desprotegen a quienes se manifiestan, entre ellos las alusiones del Ministerio de Seguridad provincial que intentó vincular la manifestación por las pensiones de discapacidad con fines partidarios.

“El escenario social es muy delicado en Villa Río Bermejito. La gran mayoría de los habitantes pertenecen a la etnia Qom, y los ingresos de esas familias casi en todos los casos dependen de la ayuda del estado a través de sus distintos programas. Sin embargo, no solo se han dado de baja arbitraria y masivamente las pensiones por discapacidad sino también se ha cortado la provisión de alimentos a organizaciones comunitarias por parte del Ministerio de Capital Humano y se han eliminado otras líneas de asistencia a estos sectores vulnerables”, amplió el presidente del MLPT de Chaco.

Y concluyó: “Es un escenario complicado y bastante inusual pero peligroso el que se abrió con la represión del martes. Entendemos que podría formar parte de una iniciativa del gobierno provincial por adaptar e implementar aquí el protocolo conocido como anti piquetes. Por eso manifestamos nuestra preocupación y rechazo a este operativo policial, al considerar que el papel de las fuerzas es el de encauzar y resolver –sin recurrir a la violencia- los problemas y tensiones en el espacio público”.