En agosto del año pasado en la comisaría 3ª de Pergamino hubo una pelea entre detenidos en los calabozos, donde había 17 personas alojadas. El personal policial de la comisaría y el que fue convocado como apoyo para intervenir aplicó, de acuerdo al fiscal de juicio Francisco Furnari, “un maltrato riguroso y excesivo al marco de la situación que pretendían controlar” cometiendo diversos delitos de gravedad institucional. Ahora los y las imputadas fueron llamados prestar declaración indagatoria en la causa y se ampliaron las acusaciones. La Comisión Provincial por la Memoria interviene en la causa como particular damnificado institucional, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, y entiende que los delitos que se cometieron fueron torturas, y se incluye el pase de corriente eléctrica.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) Ante las primeras denuncias de lo que había sucedido en la dependencia la Comisión por la Memoria realizó una inspección en la comisaría y relevó lo que define como torturas: amenazas, humillaciones, golpes, lesiones leves y graves y pase de corriente eléctrica. Ahora desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Pergamino citaron a declarar a los 18 policías imputados por esos hechos y ampliaron acusaciones.

Los hechos fueron hace un año, a fines de agosto de 2023 cuando ante peleas en los calabozos de la comisaría 3ª el personal solicitó apoyo a efectivos de otras dependencias, entre las que asistieron el Comando de Patrulla Pergamino y Grupo Departamental Motorizado. Con ellos ingresaron para realizar requisas de urgencia y secuestraron hierros tipo faca, pero después del protocolo fueron más allá. Obligaron a los presos a salir de los calabozos hacia el patio interno, desnudarse y arrodillarse en fila contra la pared. En ese estado de indefensión les propinaron todo tipo de golpes de puño, patadas, pisotones usando también palos, varas y tonfas mientras los insultaban y amenazaban, de acuerdo al relato de lo que pudo reconstruir el Fiscal.

En su instrucción el Fiscal reconoce en esta secuencia de hechos. En primer lugar se endilga al personal policial no haber controlado debidamente el ingreso de psicofármacos y estupefacientes disimulados en alimentos ni la presencia de facas, incumpliendo sus deberes como funcionarios. En segundo lugar constata lesiones leves en todos los detenidos por lo que el fiscal entiende “que todas las conductas convergen en una misma conducta delictiva de comisión” de los agentes que intervinieron en la contención de la pelea y suma para una de las acusadas, la oficial Andreína Belén Quiroga por lesiones graves, actos vejatorios, severidades y apremios ilegales. Finalmente agrega el delito de encubrimiento para los comisarios presentes en el lugar.

Respecto de la oficial Quiroga la instrucción describe cómo en el patio y durante la golpiza utilizó contra varios detenidos un artefacto “del tipo picana en forma de linterna de color negro que provoca descarga de arco eléctrico en uno de sus extremos y agredió a las víctimas reducidas en el piso”. Además mediante patadas y pisotones causó lesiones graves y le fracturó la mano a otro detenido.

Los comisarios Mario Demaestri, jefe Departamental Pergamino, Carlos Santana, coordinador de Zona Interior Norte II de la Policía de la Provincia, y Marcela Mercado, jefa a cargo de Seccional estuvieron presentes durante estos actos: ninguno denunció la perpetración de los delitos cometidos ni individualizó a sus autores y/o partícipes por lo que se los acusa de encubrimiento, aunque desde la CPM entienden que el delito que les corresponde es el de omisión de evitar torturas.

El resto de los imputados son: el personal de la dependencia, Romina Delvito, Bruno Escalante, Cintia Bissone y Gustavo Sosa; Verónica Gómez y Jesús Andrade; convocado en apoyo, el encargado del Grupo Técnico Operativo de comisaría tercera Carlos Gómez Arístides, los numerarios del Grupo Departamental Motorizado Santiago Rodríguez, Martín Aguilar, Ezequiel Chape Caubet, los mellizos Lautaro Damián y Gustavo Nicolás Sayal; entre los numerarios de la DDI local, Alberto Toral, Guillermo Martín Tulli y Georgina Peralta. Todos están llamados a declaración indagatoria conforme el artículo 308 del CPP, entre el 3 y el 20 de septiembre de este año.