El titular del Juzgado Federal de Dolores, Martín Bava, resolvió este miércoles 2 de noviembre dictar el procesamiento del ex magistrado Carlos Facio en el marco de una causa que investiga el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas 14 personas y cuyos cuerpos fueron hallados por pescadores en distintos puntos de la costa atlántica bonaerense en diciembre de 1978. Incluso habiéndose reunido horas antes de la navidad de aquel año con Nora Cortinas y otras madres –que le pidieron que investigue la identidad y causales de muerte de los cuerpos hallados-, Facio continúa afirmando que en aquellos años “no se tenía conocimiento o presunción de que estuvieran ocurriendo los aberrantes hechos que salieron a la luz después con investigación”.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Los cuerpos fueron hallados en localidades de la costa entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 y luego enterrados como NN en el Cementerio de General Lavalle, Madariaga y Villa Gesell. Los cadáveres se hallaban desnudos, con las manos atadas, algunos tenían heridas de bala y todos tenían huellas de las torturas y lesiones compatibles con los que se constataban, en aquella época, sobre los cuerpos de víctimas de los vuelos de la muerte.

Sin embargo, el por entonces juez a cargo del Juzgado Penal 2 de Dolores, Carlos Facio, “no llevó adelante ninguna acción para comprobar las circunstancias en que se cometieron los catorce asesinatos que tenía acreditado”, señaló en el auto de procesamiento difundido este miércoles 2 de noviembre el juez penal federal de Dolores, Martín Bava.

Además de Facio también fueron procesados el ex médico policial Miguel Cabral, el por entonces jefe de Catastro de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, y siete ex agentes de la Policía bonaerense -Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Mario Castronuovo y Francisco Enrique Aristegui- de diferentes localidades de la Costa Atlántica.

Para Bava, Facio simuló que llevaba adelante una investigación, inició los expedientes por separado como si hubieran sido hechos aislados los que debía investigar y terminó cerrando las actuaciones en plazos inferiores a los 6 meses en todos los casos.

“Sabía de la existencia de catorce cuerpos arrojados por el mar en idénticas condiciones; sabía que presentaban lesiones que se correspondían con los vuelos de la muerte; había sido puesto en advertencia por Madres de Plaza de Mayo que entre esos cuerpos podían estar sus hijos, víctimas de la dictadura militar; un juez que lo suplió durante un mes advirtió todo esto y dio lugar al Habeas Corpus y al reconocimiento de los cadáveres; y, en todo ese contexto, el imputado hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir ese reconocimiento y para cerrar las investigaciones a fin de que no se investiguen los asesinatos ni sus autores”, agregó el juez federal en su resolución.

Con respecto a los ex policías, consideró que “llevaron adelante una instrucción precaria en la que se buscó ocultar los delitos cometidos por la dictadura y fueron funcionales a que las victimas continuaran siendo desaparecidas”.

Al ex médico Cabral lo procesó por su intervención sobre 4 de los cuerpos hallados, de los que elaboró dictámenes falsos con el objeto de evitar que  fueran investigados como homicidios.

Y en cuanto al ex funcionario municipal Montenegro, responsable de Catastro de General Lavalle y del cementerio local, Bava evaluó que con su accionar no sólo convalidó que se inhumaran envueltos en algunas bolsas de nylon sin identificación sino que además, junto al intendente de facto Marcos Quiroga y a un agente de inteligencia de la DIPPBA, trató de esconder los registros sobre esas personas.

El rol y el registro de la DIPPBA

Esta trama de ocultamiento y complicidad quedó retratada, en gran medida, en informes policiales hallados en el vasto archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que, a instancias de la Cámara Federal de La Plata, preserva, gestiona y administra la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En efecto, desde la regional DIPPBA con asiento en Chascomús se le remitió, en noviembre de 1982, un informe al jefe de dicho organismo en torno a una publicación periodística del diario Pionero, que anunciaba una “potencial investigación que se realizaría en el Cementerio de General Lavalle, donde hace pocos años recibió sepultura un número indeterminado de cadáveres que, dado su avanzado estado de descomposición y la falta de miembros, no pudieron ser identificados”.

Al analizar e intentar determinar “la veracidad del artículo”, la DIPPBA estableció en el cementerio de Lavalle habían sido inhumados, entre febrero de 1977 y diciembre del año siguiente, cuerpos sin identificar como consecuencia del avanzado estado de descomposición, hallados en los balnearios de Mar de Ajó, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas, Mar del Tuyú, La Lucila y San Clemente .

“En todos los casos actuó la policía de la jurisdicción, habiéndose dado intervención a los jueces de turno correspondiente al departamento judicial de Dolores”, describe el informe de la DIPPBA, y enumera el orden cronológico en que aparecieron los cuerpos así como los juzgados intervinientes en cada caso: la mayor parte de las veces el juez a cargo de investigar fue Carlos Facio.

También en noviembre de 1982 la DIPPBA tomó conocimiento de una inminente visita de representantes de derechos humanos al cementerio de General Lavalle. Una comisión de la Liga por los Derechos Humanos procedente de Francia y con el asesoramiento del presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Emilio Fermín Mignone, llegaría al cementerio el 20 de aquel mes a fin de constatar la existencia de tumbas NN.

Tal posibilidad fue la que ocasionó un operativo articulado entre la policía bonaerense y el municipio de Lavalle, principalmente con el objeto de ocultar la verdadera causal de muerte de las víctimas cuyos cuerpos habían sido hallados en las costas de la zona y luego enterrados en varios cementerios. Esto quedó registrado en otro informe.

“Se entrevistó al intendente de General Lavalle, Sr. Marcos Quiroga, quien prestó la colaboración más absoluta, secundado por el jefe de Catastro, Sr. Domingo Montenegro. Los tres nos trasladamos al cementerio donde se efectuó una compulsa del libro de inhumaciones (…) 11 cadáveres fueron enterrados en fosa común” debido a una solicitud de Policía y posiblemente con intervención judicial.

“Respecto a los 18 restantes, se logró ubicar seis licencias de inhumación en las que figura la causal del deceso. Con toda discreción, el intendente habló con el encargado del Registro Provincial de las Personas a fin de establecer si existen los certificados de defunción, y la respuesta fue afirmativa”, destaca el registro de la DIPPBA.

Y agrega: “Si los certificados de defunción están simplemente archivados y si contamos con la colaboración del Registro de las Personas, se pueden rehacer todos, haciendo constar que se ignora la causa de la muerte (…). En cuanto a las licencias de inhumación, el intendente no tiene problemas, según expresó, en hacerlas desaparecer ya que, de todos modos, están registrados en el libro (del cementerio) y así se eliminaría la muerte violenta y pasarían a ser simplemente cadáveres que aparecieron en la playa”.

Toda esta red de responsabilidades y encubrimientos es lo que el por entonces juez Facio ayudó a ocultar y a dejar impune hasta hoy. Las recurrentes licencias de inhumación en las que se consignaba como causal de muerte las fracturas de cráneo y en los cuatro miembros y politraumatismos fueron ocultadas, así como las decenas de cuerpos enterrados sin identificar y en fosas comunes en el cementerio de Lavalle y otros de la costa atlántica.