En la Plata y gran La Plata existen 10 centros de acceso a la justicia (CAJ) creados en 2009 por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Justicia de la Nación. Desde diciembre de 2015, sin mediar explicación o plan de reestructuración, se ha determinado el cierre de 7 de estos centros, y se ha despedido a 35 trabajadores y trabajadoras que prestaban servicios en los CAJ de distintos barrios. Los trabajadores vienen denunciando el vaciamiento de una política pública cuyo objetivo es fortalecer y ampliar las políticas de acceso a la justicia destinadas a los sectores más vulnerables de la población.

ANDAR en La Plata

(Agencia) El Ministerio de Justicia de la Nación viene impulsando el cierre sistemático de los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia) en todo el país. La decisión generó una ola de despidos de los y las trabajadoras de la entidad pero además clausuraron espacios necesarios en los barrios de muchas ciudades donde la Justicia se hallaba más cercana a los vecinos. En La Plata se pretende cerrar 7 de los 10 CAJ que funcionan en los barrios y esta semana se cerró el espacio que funcionaba en Ringuelet dejando a 3 trabajadores más en la calle. Esto generó que los vecinos se auto convocaran en defensa del espacio y de sus trabajadores (abogados, asistentes sociales, acompañantes terapéuticos).

Micaela Gonella es abogada y fue despedida del CAJ de Tolosa en diciembre del año pasado. Hoy acompaña a sus compañeros y vecinos en el reclamo e impulsa junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el pedido de reincorporación de los 35 despedidos de La Plata y gran La Plata. El Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) Ringuelet, un barrio popular de la ciudad, “comenzó a ser desmantelado” tras una serie de despidos anunciados recientemente. ANDAR conversó con Gonella: “Los CAJ son organismos dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación que permiten la articulación de políticas estatales de la mano de organizaciones comunitarias, con el fin de abordar profundas problemáticas sociales”. Ante la situación del cierre inminente y los despidos dijo: “Nos llamaron para comunicarnos que estábamos despedidos y a dos de las compañeras del CAJ de Ringuelet les dijeron que las van a reubicar mientras tanto en otra sede. Ya somos 35 trabajadores y trabajadoras despedidos y planean cerrar otras dependencias. Exigimos una explicación del Estado y la reincorporación ya de los despedidos”.

Desde su creación los CAJ facilitaron a los ciudadanos el tratamiento de sus demandas mediante acciones judiciales de resolución rápida y eficaz y a su vez, eran espacios desde donde se impulsan actividades relacionadas con los programas jurídicos y sociales de atención comunitaria.

“Es urgente y necesario que el gobierno de la provincia no deje caer una institución como el CAJ de Ringuelet y los de toda la región. Si eso sucede es una clara señal de abandono ante los problemas más acuciantes de nuestra ciudad y nuestra provincia”, señaló Gonella.

Fotografía: Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Justicia de la Nación.