A pesar de que en 2012 fue señalizada como sitio de la memoria, en los últimos días la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un convenio firmado con el Estado nacional por el cual se habilita la demolición de la cárcel y la posterior venta del predio de más de 50 mil metros cuadrados. En diálogo con ANDAR, la abogada y escritora Claudia Cesaroni, querellante en la causa conocida como Pabellón Séptimo, anunció que presentarán un amparo para “frenar este segundo intento de invisibilización de aquella masacre y de otros crímenes de lesa humanidad cometidos allí”.

ANDAR en CABA

(Agencia) El convenio, hasta ahora, fue ratificado por la Legislatura porteña, luego de haber sido suscripto por tres partes: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, en el documento ni siquiera se menciona que la cárcel de Villa Devoto, donde aún funciona una unidad penal federal con personas detenidas, está protegida por ley nacional en función de su carácter de sitio de la memoria.

Según Claudia Cesaroni, de avanzar el proceso de venta se perderían valiosas pruebas que aún resta obtener del predio de la cárcel, así como la realización de distintas excavaciones pendientes y documentación de la época: “Y otro plano importante es la situación de las personas actualmente detenidas allí. Van a ser trasladadas a otras unidades penales, o se construirá otra en un sitio alejado, lo que impactará en el derecho a la vinculación familiar. Con este proyecto, además de un formidable negocio inmobiliario, buscan esconder la realidad carcelaria”.

En cuanto a los motivos esgrimidos para la firma del convenio, Cesaroni manifiesta que, más allá de las excusas formales, “lo que buscan es asumir el pedido de determinados sectores sociales de ese barrio que quieren sacarse la cárcel de encima, les molesta la presencia de los familiares de los detenidos y pretenden quitar la unidad penal del espacio urbano”.

“Por eso rechazamos directamente esta iniciativa y desde la querella de la Masacre del Pabellón Séptimo, junto a querellas de otras causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en Villa Devoto además de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, vamos a presentar una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo federal para que evitar un segundo proceso de invisibilización”, agregó.

Cabe destacar que la Comisión Provincial por la Memoria presentó una nota ante el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y el gobierno de la CABA, manifestando su preocupación y rechazo por la decisión de llevar adelante “la rezonificación urbanística y la venta del edificio perteneciente a la Unidad Penal Nº 2 de Villa Devoto, que fuera señalizado como Sitio de Memoria en el marco de la ley 26.691 de Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del Terrorismo de Estado, el 5 de octubre de 2012 por haberse cometido allí delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983”.

“El penal de Villa Devoto fue una de las cárceles que utilizó la última dictadura cívico –militar para alojar presos y presa políticas, siendo sometidos en muchos casos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno de los hechos más paradigmáticos se produjo el 14 de marzo de 1978 conocido como la Masacre del Pabellón Séptimo, cuando fueron asesinadas 64 personas que se encontraban en custodia del Estado”, destaca el escrito.

“Durante la represión de una protesta los detenidos murieron quemados, asfixiados o por balas de plomo, sin que los agentes del Servicio Penitenciario Federal abrieran las puertas. En agosto de 2014 la Sala I de la Cámara Federal de la Capital Federal declaró a la Masacre del Pabellón Séptimo delito de lesa humanidad y ordenó que se investigara como tal. La causa tiene medidas de prueba pendientes y depende del Juzgado Federal Criminal y Correccional 3 a cargo del juez Daniel Rafecas”, agrega la CPM.