El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le otorgó la domiciliaria monitoreada con pulsera a  Jorge Héctor Vidal, médico de la Policía bonaerense procesado por 72 casos de secuestros y torturas, y señalado como uno de los represores que actuaba en los CCD de la Brigada de Investigaciones de San Justo. Vidal había estado prófugo más de 5 años y había sido hallado en un entrepiso de la misma casa de Robertson 1077 (Bajo Flores) a la que ahora vuelve. Se suma a la lista de más de 533 represores detenidos en causas de lesa humanidad en todo el país que gozan de este privilegio.

ANDAR en la justicia

(HIJOS La Plata) El pasado 18 de diciembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata decidió otorgar la prisión domiciliaria al genocida Jorge Héctor Vidal en su casa de Robertson Nº 1077 en el Bajo Flores en CABA. Con voto de mayoría de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, y disidencia de Pablo Vega, el represor consiguió el beneficio en la causa Nº373 por los crímenes cometidos en el CCD de la Brigada de San Justo.

La defensa del represor había pedido el beneficio de la prisión domiciliaria arguyendo que el represor tiene 73 años de edad y padecimientos en su salud de índole oncológicos, cardíacos y neurológicos, los cuales desde su detención no fueron atendidos.

La decisión fue tomada ignorando el informe psico-físico del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que afirmó claramente que si bien es un paciente de cuadro compatible con deterioro senil de grado leve, “sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad jurídica y sus afecciones no corresponden a las causales del art. 33 de la ley 24.660”. Además, los especialistas agregaron que “presenta cardiopatía esclero-hipertensivo, con factores de riesgo coronario y patologías crónicas evolutivas que determinan la necesidad de seguimiento evolutivo en sistema ambulatorio y programado”, que “pueden quedar a cargo de los especialistas de la Unidad de Alojamiento o en su defecto en establecimiento hospitalario extramuro”.

A su vez, la defensa del represor, representada por el Dr. Olmedo Barrios, presentó un perito de parte que concluyó que Vidal es un paciente de alto riego y por lo que ningún servicio médico penitenciario podía asegurarle la atención médica adecuada. A su vez los fiscales Rodolfo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron que se rechace el pedido de arresto domiciliario, porque la Unidad Penal de Campo de Mayo (Unidad 34) donde se encontraba alojado cuenta con servicio médico y de enfermería con guardia activa las 24 horas y ambulancia para el caso de traslado de urgencia.

Jorge Héctor Vidal, legajo policial Nº 12.920, fue asignado a la Brigada de Investigaciones de San Justo entre el 28 de septiembre de 1976 y el 3 de abril de 1979. Fue reconocido como uno de los torturadores del campo por los sobrevivientes Rodolfo Atilio Barberán, Norberto Ignacio Liwski y María Amalia Marrón, entre otros.

Vidal fue señalado por colaborar con el represor Rubén Lavallén en la apropiación de la hija de Monica Grinspon y Claudio Logares, secuestrados el 18 de mayo de 1978, a quien el genocida anotó como hija propia. Paula recupero su identidad en 1988 y es la nieta de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Elsa Pavón.

Tras la anulación de las leyes de impunidad, Vidal fue procesado por el juez Arnaldo Corazza y se le dictó captura el 6 de diciembre de 2005. Estuvo prófugo hasta el 17 de marzo de 2011, cuando fue detenido en su propia casa en un entrepiso especialmente construido para ocultarse. El dato no es menor, arroja una idea de la celeridad y pericia con que la justicia federal encara investigaciones complejas como son ubicar a los genocidas prófugos. En su procesamiento, se lo acusa de haber “fiscalizado, supervisado y aplicado severidades y tormentos a las personas detenidas en la Brigada de Investigaciones de San Justo, mediante los conocimientos técnicos de su profesión de médico, verificando si los individuos privadas de su libertad se encontraban en condiciones de resistir y sobrevivir a aquellas acciones”.

En agosto de 2015 el juez federal Ernesto Kreplak elevó a juicio la causa por los crímenes de la “Brigada de San Justo”, donde Vidal comparte imputación con otros 22 represores. En su caso particular se lo acusa por los secuestros y torturas de 72 personas perpetrados en la Brigada de Investigaciones de San Justo, dentro del período comprendido entre el 9 de diciembre de 1977 y el 1° de marzo de 1980.

En septiembre pasado, y a poco de vencer la prisión preventiva dictada sobre Vidal, el TOF1 de La Pata corrió vista a las partes. Tanto los fiscales como las querellas particulares contestaron pidiendo la prórroga de la medida y argumentaron la factibilidad de entorpecimiento de la justicia de parte de Vidal, la gravedad de los ilícitos que se le enrostran, la complejidad del expediente y la gran cantidad de hechos que se investigan. Además pidieron que se evalúe la posibilidad de fijar fecha para la pronta realización del debate oral por el CCD Brigada de San Justo. En aquella oportunidad, hace 3 meses, el TOF1 (Jueces Esmoris-Jarazo-Vega) decidió no otorgar la libertad a Vidal y prorrogarle la preventiva por 6 meses.

Ahora el juez Esmoris, que lideró el voto, opinó que la edad del genocida es un requisito suficiente y autónomo para otorgarle el beneficio y que no es necesaria “la realización de exámenes médicos que acrediten que el sujeto sometido a proceso no vería menoscabada su integridad psicofísica de continuar su detención en el ámbito carcelario”.

Un dato importante fue aportado por la defensa de Vidal: su esposa intercedió ante la Dirección Nacional de Readaptación Social y el Servicio Penitenciario, que le informaron que cuentan con la viabilidad de colocarle al reo una pulsera electrónica.

Se confirma con ello la investigación difundida por el portal La Retaguardia, de un listado de 110 genocidas mayores de 70 años (Vidal figura como Nº106 en esa lista) que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas, con la excusa del agravamiento de las condiciones de detención que, para ser justos, existen pero los genocidas son los que nunca las sufren.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal de octubre pasado, de 1064 genocidas detenidos en todo el país, 533 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir más del 50%.