El 19 de mayo pasado, en un operativo cerrojo frente a la comisaría 5ª de Eufrasio Álvarez, Tres de Febrero, la Policía Bonaerense disparó 14 veces contra camioneta donde viajaban ocho jóvenes. Diego Cagliero murió en el lugar, tenía 30 años. La versión policial quiso instalar que se trataba de un grupo de delincuentes que había realizado un golpe comando en un supermercado de la zona; en el vehículo no encontraron nada que acredite el supuesto robo. Un mes después no hay ningún policía imputado, y la familia de Diego denuncia que hay una clara intención de encubrir lo que pasó. Este sábado, frente a la estación de Martín Coronado, realizan una jornada cultural para seguir reclamando justicia.

ANDAR en Tres de Febrero

(Agencia Andar) “Desde el principio se divulgaron mentiras para encubrir el crimen y no sentimos que la fiscal ni el juez quieran avanzar con la causa”, dice Adriana García, la mamá de Diego Cagliero. “La confianza está en nuestra lucha, tenemos que llevar su voz. Ojalá que Diego encuentre la justicia, tiene que haber responsables de lo que pasó”, agrega.

Diego Cagliero tenía 30 años, era músico, escritor, murguero, reconocido en el circuito artístico de Tres de Febrero y la zona. En septiembre iba a ser padre por primera vez. “Nunca jamás nos imaginamos que íbamos a encontramos con tanta gente que lo conocía y quería”, confiesa su mamá. “Era el cantante de Agrupación Payaso Ortopedia, seguidores de la banda más chicos que él me vienen a ver y me dicen que Diego ponía en música lo que pasaba en los barrios”.

Para la familia, la vida de Diego era a través del arte y, desde su muerte, en cada actividad de memoria y justicia así lo recuerdan. Este sábado 22 de junio, a pocos días de cumplirse el primer mes del asesinato, familiares, amigos y amigas organizan una nueva jornada cultural. Frente a la estación de Martín Coronado, a partir de las 14 horas, se realizará un festival con la participación de bandas musicales y la murga —que él integraba— La Chilinga. Además se terminará con la pintura del mural sobre un espacio cedido por la sociedad de fomento.

“Sigo hablando de él en presente, me cuesta todavía procesar su ausencia”, cuenta Adriana. Ella es docente, nunca se imaginó que iba a pasar por esta situación: “Siempre miraba a por televisión a otras mamás y pensaba de dónde sacarán la fuerza para salir, para marchar o hacer un mural, y lo entendí cuando me pasó a mí. Siento que Diego me empuja a tener la fuerza para contar quién era y hacer justicia”.

El jueves pasado, Adriana participó de la movilización en San Miguel del Monte al cumplirse un mes de la masacre; había hablado antes por teléfono con Yanina Zarzoso, mamá de Camila, una de las cuatro víctimas fatales. “Nos abrazamos y fue muy conmovedor. La pérdida es irreparable, pero aliviamos un poco el dolor acompañando el dolor de otra familia”, dice. Y vuelve al acto de este sábado: “Que sirva para crear memoria y el compromiso de la sociedad para saber lo que estamos viviendo y lo que nos toca transitar, para que otras familias no tengan que pasar con otro”.

La causa sin imputados

El 19 de mayo, alrededor de las 13 horas, los jóvenes ingresaron a un supermercado de la zona de Martín Coronado; Diego estaba en la línea de caja cuando ve que en otra caja se produce un altercado entre algunos de sus amigos y un personal de seguridad del local. Según los testimonios de los mismos chicos, habían querido llevarse algunos productos sin pagar. Los dejaron y agarraron la mercadería que pudieron pagar y se fueron.

Según la versión policial, en ese momento desde el supermercado realizan un llamado al 911; cuando el patrullero llega, el guardia de seguridad declara que ingresó un grupo de jóvenes portando armas. En la investigación judicial, y a partir del registro de las cámaras de seguridad del local, ese relato nunca se comprueba.

Entre el episodio del supermercado y la emboscada mortal de la policía, pasan por lo menos 30 minutos. La camioneta iba por la avenida Márquez, a la altura de la comisaría 5ª de Eufrasio Álvarez, la Policía Bonaerense realiza un operativo cerrojo y comienza a disparar contra el vehículo de los jóvenes; en total, fueron 14 disparos. Uno de ellos entró por la axila de Diego y llegó hasta el cuello. Murió en el acto. Otro amigo, con una herida en el abdomen, estuvo internado en grave estado varios días.

“Salieron a decir que era un comando armado, que habían hecho un golpe planificado y que para eso habían ploteado una camioneta con el logo de AySA. El intendente Valenzuela salió a destacar en las redes el operativo policial, que habían desbaratado una banda de delincuente”, relata Adriana, sobre esa versión que quisieron imponer desde el primer momento.

En la camioneta no se encontró dinero ni mercadería robado. Se secuestró una sola arma, que era propiedad del conductor del vehículo, que no había sido disparada y que, además, tenía permiso de portación. Por otra parte, la camioneta sí tenía un ploteo de AySA porque, efectivamente, era de AySA.

La fiscal Gabriela Disnan llegó a la escena del crimen una hora después, la Gendarmería tres horas después. La familia dice que en ese tiempo se realizaron maniobras de encubrimiento. Un dato parece darles la razón: el registro de las cámaras de seguridad del Municipio que captan la emboscada policial se corta, sospechosamente, después del hecho. “Sabemos que movieron la camioneta, que quisieron plantar un arma cerca del cuerpo de Diego y que, incluso, difundieron fotos de él muerto”, detalla Adriana.

La instrucción fiscal se centra en el robo: cuatro amigos quedan detenidos; uno de ellos es el que terminó internado con una herida en el abdomen, y durante su internación permaneció esposado y con custodia. Recién diez días después del hecho, la fiscal decide separar la causa en dos: una que sigue investigando el robo, otro sobre el ataque policial. Todo ese tiempo que se perdió en la recolección de pruebas y testimonios favorece a la impunidad policial.

Según las actas de procedimiento elaboradas en el marco de la intervención por el robo, hay cuatro policías que reconocen ser los que dispararon contra la camioneta. De ese operativo, participaban, por lo menos, diez agentes. Sin embargo, Disnan sólo ordena peritar las armas de esos cuatro efectivos. A ninguno se le realizó el dermotest el día del hecho para saber si había restos de pólvora en las manos.

Las pericias sobre las armas todavía no están; la familia no pudo participar porque no fue notificada a tiempo. Mientras se esperan los resultados, los cuatro policías que supuestamente dispararon fueron apartados provisoriamiente.

“Siempre tuve una idea de la justicia que actuaba con equilibrio, pero creo que la justicia está hecha por los hombres y los hombre se equivocan. Y ahora vemos que la balanza se inclina para un solo lado: Diego es un granito de arena de este lado, y el sistema judicial, la policía, los funcionarios municipales y provinciales están del otro lado”, se lamenta Adriana.