El sábado en Montevideo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la primera consulta pública para evaluar el estado actual de las políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó de esta jornada y valoró la decisión de la CIDH de crear esta unidad de trabajo, a partir de un escenario regional de regresividad en estas políticas. Durante el encuentro, la CPM rechazó la presencia de abogados de genocidas y requirió que fueran apartados de la consulta para seguir trabajando: los defensores del genocidio, que debieron retirarse del encuentro por el voto de todos los presentes, nada tienen que ver con las políticas de memoria que el pueblo argentino ha construido en estos años de democracia.

ANDAR en Uruguay

(CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) participó, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región, de la consulta pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la unidad temática “Memoria, verdad y justicia”. Esta jornada es el primer encuentro de un espacio de trabajo que la CIDH decidió crear a partir de un escenario de regresividad en materia de derechos humanos y políticas de memoria que viene plasmándose en los últimos años en América Latina.

Juicios por delitos de lesa humanidad, políticas de memoria y reparación, gestión de archivos, educación y la denuncia de las violaciones a los derechos humanos hoy desde la vinculación entre el pasado y el presente fueron los puntos de una agenda que permitirán trazar las principales líneas de trabajo del próximo año.

La CPM valoró este nuevo espacio temático de la CIDH que se espera, desde la construcción colectiva y la confluencia de las distintas experiencias en la región, pueda fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia como parte de los consensos sociales que, tras las dictaduras militares, se estructuraron como principios irrenunciables de la democracia.

En ese sentido, durante la consulta pública realizada en Montevideo, la CPM rechazó la presencia de organizaciones y abogados defensores de genocidas. Como expresó la sociedad argentina desde el juicio a las juntas militares al poco tiempo de la recuperación democrática hasta la última movilización rechazando la aplicación del 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad, las políticas de memoria, verdad y justicia se fundan en el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a los responsables.

Los organismos de derechos humanos de Argentina y delegaciones latinoamericanas acompañaron el rechazo de la CPM y solicitaron conjuntamente que los defensores de represores sean separados de la audiencia para continuar con de la jornada de trabajo, lo que así se resolvió a partir del voto unánime de todos los presentes.

La agenda en memoria, verdad, justicia y reparación

La primera audiencia pública tras la creación de la unidad temática “Memoria, verdad y justicia” de la CIDH tuvo como objetivo realizar un balance de la situación actual y, a partir de las definiciones de las distintas delegaciones, establecer las líneas de acción con miras a elaborar el plan de trabajo de la unidad temática para el periodo 2018-2019.

Además de la CPM, en representación de Argentina, estuvieron presentes Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Procuraduría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público Fiscal, Memoria abierta y Territorios clínicos de la memoria. También participaron delegaciones de Honduras, Guatemala, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Al momento del balance, las organizaciones que participaron del encuentro coincidieron en señalar su preocupación por la regresividad en materia de derechos humanos que viene observándose en la región. Regresividad que no sólo tiene que ver con las dificultades para continuar con los juicios por los delitos de lesa humanidad y con la falta de políticas públicas de memoria sino también por las graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad.

Como parte del esquema de trabajo, se realizaron seis talleres temáticos: reparación a las víctimas, desaparición forzada, políticas de memoria, justicia por crímenes de lesa humanidad, archivos y reformas del Estado.

La CPM participó de las mesas sobre políticas de memoria y justicia dando cuenta de la experiencia que se viene desarrollando desde la gestión del archivo de la DIPPBA, los aportes a los juicios por crímenes de lesa humanidad y el trabajo en educación e investigación para la construcción de una memoria democrática.

En estos espacios de trabajo se sostuvieron la necesidad de implementar políticas públicas de memoria con la participación de la sociedad e instar a los Estados a garantizar el financiamiento de estas políticas. En cuanto al funcionamiento de los sitios de memoria, se expresó el interés por construir protocolos para la preservación de estos espacios y la promoción de modalidades de gestión que garanticen la autonomía y la participación de las víctimas y sobrevivientes. Por último también se decidió trabajar en el diseño de una estrategia integral de abordaje del tema de la educación en derechos humanos que permita generar el conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado y el presente.

En materia de justicia, se propuso la creación de una instancia de monitoreo del proceso de justicia por delitos de lesa humanidad a nivel del sistema interamericano, que inste a los estados miembro a acelerar los procesos penales y establecer mecanismos eficientes de protección de víctimas y activistas sociales. Al mismo tiempo, se reclamó avanzar en la generación de protocolos de acción de las fuerzas armadas y de seguridad que permitan la democratización de estas fuerzas.

Como surgió de este encuentro, y en línea con las advertencias que la CPM viene realizando, frente a un escenario de regresividad en materia de derechos humanos es indispensable fortalecer la organización e intervención de las organizaciones sociales y organismos nacionales internacionales en la lucha contra el olvido y la impunidad.