En los últimos días, y como lo hace trimestralmente, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundió la actualización de estadísticas relacionadas a las causas y juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en el país desde 2006. Hay 20 juicios en curso y 64 causas a la espera del inicio del debate oral y público. El 2015 fue el último año de la serie histórica en la que hubo más genocidas cumpliendo sus condenas en cárceles federales que bajo la modalidad de arresto domiciliario. Estos números llegan en medio de tres resoluciones de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal que otorgó la prisión domiciliaria a dos condenados en el juicio Contraofensiva Montonera y Miguel Etchecolatz en una de sus 10 condenas a prisión perpetua.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La creciente preocupación en organismos de derechos humanos, víctimas sobrevivientes y distintas expresiones políticas en torno al otorgamiento de la modalidad de arresto domiciliario para genocidas condenados tiene como trasfondo una realidad indiscutible: las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad muestran que de 750 personas detenidas, 565 lo hacen bajo la modalidad de arresto domiciliario, una ecuación que se consolida y amplía en favor de los genocidas desde 2015.

Cabe recordar que a mediados de la semana pasada se dieron a conocer tres resoluciones de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal -integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma- quienes decidieron, en todos los casos de forma unánime, la concesión de la prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Dos de las resoluciones beneficiaron al militar retirado Mario Ocampo, de 74 años, y al exjefe de Contrainteligencia del Batallón 601 durante la dictadura cívico militar, Luis Ángel Firpo, de 90 años, a quien en el pasado debieron revocarle la prisión domiciliaria tras corroborar que la había violado. Ahora, en base a la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín –que fue quien los condenó- deberá hacer efectivo el beneficio.

En el caso de Etchecolatz, no accederá a la modalidad domiciliaria en función de sus múltiples condenas a prisión perpetua que ha recibido y que, hasta el momento, no han sido modificadas en cuanto a la modalidad de cumplimiento. No obstante, los argumentos utilizados por los jueces de la Sala 2 de Casación –la avanzada edad del genocida, de 93 años, y sus problemas de salud- generan preocupación ya que podrían ser replicados para el resto de sus condenas.

Estas tres resoluciones son las que generaron, en pocos días, las respuestas de distintos espacios, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuyo titular se reunió, este martes 14 de junio, con Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa, del Tribunal de Casación Penal, para evaluar mecanismos que agilicen el curso de los juicios y al mismo tiempo se evalúen correctamente los casos de otorgamiento de la prisión domiciliaria.

Es que el contexto general es de franco retroceso en materia de justicia: mientras que en 2015 había 439 personas condenadas por delitos de lesa humanidad con arresto domiciliario y 603 en cárceles federales, este 2022 quedan sólo 118 en unidades penales y 565 que cumplen sus condenas desde sus casas.

El mismo deterioro muestran las estadísticas que comparan a las personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas o libres: mientras que en 2015 había 1070 personas detenidas y 791 en libertad, hoy esa relación está invertida: 750 personas detenidas y 1492 en libertad.

Por otra parte, actualmente se están llevando adelante 20 juicios orales y públicos en todo el país (que representan el 3 por ciento del total de causas de lesa humanidad); otros 64 expedientes se encuentran con elevación a juicio; 278 causas ya tuvieron sentencia (el 44 por ciento del total); y aún resta terminar la instrucción de 272 causas penales (un 43 por ciento).