Seis funcionarios de la Secretaría de Niñez que trabajan en el Instituto Agote fueron citados a prestar declaración indagatoria por la muerte de un adolescente. En 2014, el joven murió por un incendio en su celda y los encargados del lugar están imputados por serias irregularidades.

ANDAR en la justicia

(PPN) El juez Alberto Baños, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 27, convocó a prestar declaración indagatoria a seis funcionarios del centro socio-educativo de régimen cerrado Dr. Luis Agote. Están imputados por el fallecimiento de Diego Iván Borjas a raíz del incendio producido en su celda el 26 de noviembre de 2014. Los citados son la ex directora del centro, Lidia González, la ex vice-directora, Luciana Páez, el inspector de turno, Luis Troche, el encargado de guardia Héctor Ruiz, y los empleados de seguridad Marcelo Humberto Fernández y Eduardo Morales.

El modo en que se desarrolló el incendio -según las pericias y los testimonios prestados por los testigos del hecho- dejó al descubierto numerosas y graves irregularidades en la actuación de los funcionarios a cargo del cuidado de los menores alojados en el Instituto. Entre otras: el hecho de que el menor fallecido estuviera sancionado en una celda de aislamiento, lo cual se encuentra prohibido por las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, receptadas en la propia normativa de la SENNAF a través de su resolución 991/09, la falta de notificación de dicha sanción al tribunal a cargo del menor, las condiciones inhumanas de detención, el acceso a elementos para generar fuego por parte de Borjas, la falta de condición ignífuga de los colchones, y la ausencia total de personal de seguridad en el lugar del incendio.

Todo esto se suma a que en ese momento la SENNAF les vedaba la entrada a organismos de control a los establecimientos de detención de niños, niñas y adolescentes bajo su dependencia, lo que termina de configurar un conjunto de irregularidades que desencadenaron en el resultado fatal y exigen el esclarecimiento de los hechos. Por eso se debe determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que se encontraban en posición de garantes respecto a los menores allí detenidos.

La Procuración Penitenciaria, querellante en la causa, había solicitado la citación a indagatoria de los funcionarios imputados, acompañando de este modo, el pedido que previamente formulara la fiscalía interviniente, así como también la querella encabezada por la Defensoría General de la Nación como patrocinante de la madre de Borjas.