El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 59 víctimas del noroeste de la provincia de Buenos Aires estaba pautado para comenzar en San Nicolás este jueves 22 al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario. Finalmente, por decisión del tribunal, se pospuso el inicio para el 14 de marzo. Hay 11 imputados entre los que figura personal de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El debate también se desarrollará en Pergamino y San Pedro. La Comisión por la Memoria integra la querella y aportó a la causa documentación del archivo de la DIPPBA que implica a los agentes de la delegación San Nicolás en tareas de inteligencia y en los grupos de tareas.
ANDAR en San Nicolás
(Agencia Andar) Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, darán inicio a este debate con la lectura de la acusación y las indagatorias a los imputados. Será el 14 de marzo en el auditorio Macacha Güemes del Instituto Tecnológico Rafael de Aguiar de la Unión Obrera Metalúrgica.
El juicio comienza en San Nicolás y se desarrollará en distintas sedes, incluyendo San Pedro y Pergamino, y tratará los delitos cometidos contra 59 víctimas durante el terrorismo de estado en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Intervienen el fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray y las querellas están constituidas por la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
La causa reviste un particular interés por la participación de ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en los delitos que se investigan. La CPM además aportó documentación del archivo de la DIPPBA que pone en evidencia el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que las secuestraron.
En el banquillo de los acusados están los ex integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás Antonio Federico Bossie (ex capitán, prestó funciones de oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (ex capitán, cumplió funciones de oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (ex teniente primero, se desempeñó como oficial de Logística); el ex integrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (ex teniente coronel, fue jefe del organismo); los ex cabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los ex oficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.
En el material aportado por la CPM consta que en noviembre de 1976 fuerzas conjuntas bajo el comando operacional del Área Militar 132 detuvieron ilegalmente a Carlos Santillán e Irene Ballester y los trasladaron a un centro clandestino de detención. Allí fueron torturados hasta obtener información sobre otros miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo de la regional norte que terminaron en la privación ilegal de libertad, entre otros, de María Cristina Lanzilloto, mujer de Santillán, que fue secuestrada de su casa junto a su hijo de 1 año y su hija de 2. Todas las víctimas de ese operativo, entre ellos los dos pequeños, permanecieron en cautiverio en la comisaría 1ª de Pergamino, el mismo lugar donde hace un año murieron siete jóvenes masacrados bajo responsabilidad del Estado.
Se escucharán en el debate más de 150 testigos (entre vecinos, víctimas y familiares) en relación a los 59 casos de víctimas oriundas de las localidades de San Nicolás, Pergamino, Colón, Baradero, San Pedro y Ramallo. Se estima que el debate durará más de un año.
