La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires participó de un plenario con organizaciones sociales e instituciones que integran el órgano de revisión de la ley de salud mental para evaluar políticas de intervención que respalden y promuevan los derechos de quienes padecen trastornos mentales. Durante la reunión, realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, la CPM señaló la necesidad de instalar un mecanismo de control de las instituciones sanitarias de encierro.

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(CPM – Agencia) “Consideramos que es sumamente positivo el encuentro con organizaciones que también trabajan sobre salud mental para realizar un diagnóstico conjunto”, sostuvo Natalia Rochetti, integrante del equipo del Comité Contra la Tortura, quien participó de la reunión en donde expusieron las diferentes comisiones de trabajo que integran el órgano regulador. “Desde la CPM mostramos nuestra experiencia en el campo y señalamos la necesidad de instalar un dispositivo de monitoreo de estos lugares de encierro”, indicó.

En septiembre de 2014, la CPM presentó un hábeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación a favor de todas las personas privadas de su libertad en los hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, en virtud de las graves condiciones de encierro que padecen en dichos hospitales monovalentes.

[pullquote]La creación del órgano de revisión amplía las posibilidades de trabajar sobre una redefinición de las políticas públicas provinciales [/pullquote]

“La creación del órgano de revisión amplía las posibilidades de trabajar sobre una redefinición de las políticas públicas provinciales y cumplir con la legislación vigente, para lograr el respeto efectivo de los derechos humanos. Con este objetivo, la Comisión por la Memoria ha decidido participar de este ámbito institucional”, señaló Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.
En el marco de las inspecciones, la CPM evalúa las condiciones en que se realizan los tratamientos, registra si las internaciones involuntarias se encuentran debidamente justificadas y certifica que no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario.

“La Comisión, a través de las inspecciones periódicas llevadas a cabo desde su Comité contra la Tortura, viene controlando desde hace mas de 3 años los establecimientos públicos provinciales que alojan personas con padecimientos de salud mental”, explicó Cipriano García. Durante ese tiempo, la CPM ha realizado inspecciones con equipos interdisciplinarios en hospitales Alejandro Korn, Open Door, Estévez, San Lucas, Dr. Dardo Rocha y otras clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires.

“Se han constatado graves violaciones a los derechos humanos: malos tratos y torturas, condiciones de detención inhumanas, falta de tratamientos adecuados, así como un incumplimiento constante de la ley nacional de salud mental vigente en nuestro país”, sostuvo Cipriano García.

[pullquote]Se han constatado graves violaciones a los derechos humanos: malos tratos y torturas, condiciones de detención inhumanas, falta de tratamientos adecuados[/pullquote]

La CPM se entrevista con personas privadas de su libertad, con directivos y personal de salud y requiere información de estas instituciones. Asimismo, la CPM diseñó y puso en práctica distintas bases de datos para la sistematización de la información obtenida.

“Además de controlar las condiciones de internación, el órgano de revisión debería también producir información, estadísticas, números que ahora no abundan sobre la salud mental en la Provincia. Las expectativas son muchas y tienen que ver con incidir en la política pública en salud mental, no solamente denunciando sino también a partir de la promoción de derechos, la construcción y sistematización de datos y la investigación”, indicó Natalia Rochetti.

El órgano de revisión es un espacio intersectorial conformado por representantes estatales y de la sociedad civil: la Defensoría del Pueblo, los colegios de Trabajo Social, psicólogos, la comisión de derechos humanos de las cámaras de Senadores y Diputados, la Secretaría de Derechos Humanos, el Observatorio Legislativo, las comisiones de salud de ambas cámaras legislativas, el Foro de Niñez, la Procuración, Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, Defensoría del Pueblo de Morón, el sindicato de salud pública y, a partir de ahora, por la CPM.